La Contraloría del estado, a cargo de Rodolfo Sánchez Corro, sólo ha emitido una sanción contra funcionarios públicos durante el primer semestre de este año, cifra que está muy por debajo de los que se registraron en todo el 2017 que fueron 43.
Esto de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que enlaza la página web del gobierno del estado, donde se detalla que el sancionado corresponde al departamento del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) y de Desarrollo Social (Sedeso).
En dicho expediente, establecido como SC.OICSC/10.C.10,11/06/2017, se informa que el funcionario cometió conductas imputadas contrarias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pero no especifica cuáles.
Por lo anterior, se aprobó el pasado 27 de abril la sanción de suspensión temporal por 12 meses a Jonathan Manuel Espino Moreno, para desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.
Aunque el corte que se indica en el informe de la Contraloría es del 30 de junio, esta tiene un mes para subir su actualización, fecha que venció en julio, además, aunque este medio pidió a personal de la dependencia la actualización de las sanciones, hasta el momento no se ha tenido respuesta.
En 2017 fueron 43 sancionados
Y es que, en febrero pasado, durante su comparecencia ante el Congreso local, Sánchez Corro informó que durante 2017 su dependencia a cargo impuso 43 sanciones a funcionarios acusados de corrupción o algún otro ilícito.
De esta última cifra solo en cinco casos los responsables fueron denunciados ante la fiscalía General del Estado (FGE), detenidos y procesados, mientras que el resto culminó en penas menores, como amonestados públicamente o de forma privada.
En tanto, hasta septiembre del año pasado, en una revisión que se realizó por parte de Ángulo 7 se observó que la Contraloría enlistó a 46 servidores públicos sancionados por diversas faltas administrativas, pero desde 2013 y de los que 16 corresponden a 2017, siendo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la dependencia con más casos.