De 43 sanciones que impuso en 2017 la Contraloría del estado a funcionarios acusados de corrupción o algún otro ilícito, solo en cinco casos los responsables fueron denunciados ante la FGE, detenidos y procesados; el resto culminó en penas menores.
Así lo reconoció Rodolfo Sánchez Corro, encargado de la dependencia estatal en su comparecencia de este jueves ante el Congreso local, donde reveló que también fueron vinculados a proceso dos particulares, aunque evitó revelar el delito que se les imputó.
Es así que en total hubo siete detenidos, sin embargo, se reservó dar a conocer la situación jurídica de cada uno, si es que ya concluyó su proceso judicial, si fueron sentenciados o exonerados.
De las 43 sanciones, precisó que 12 se ocasionaron por “deficiencias” en la prestación de trámites o servicios; 11 por abuso o ejercicio indebido del puesto; nueve por negligencia; cuatro por extorsión; una por malos tratos a los ciudadanos y en las seis restantes no precisó.
De igual forma, no reveló qué sanciones se impusieron en cada caso, aunque admitió que solo hubo tres inhabilitaciones temporales, es decir, el resto, aunque se les encontró responsables solo fueron amonestados públicamente o de forma privada.
Esto derivado de las 2 mil 600 quejas que se registraron contra funcionarios en todo el año, de las cuales, el 72.5 por ciento (mil 886) se recibieron vía telefónica a través de la línea “honesto”.
De 2,600 quejas, solo abren 15 expedientes
A pesar del número de quejas, Sánchez Corro admitió que solo se iniciaron 15 expedientes (0.5 por ciento), ya que en el resto los denunciantes no presentaron alguna prueba o decidieron abandonar el proceso.
Por otro lado, señaló que la Contraloría supervisó la entrega de 4 mil 778 tarjetas con dinero a afectados por el sismo del 19 de septiembre y no encontró irregularidades.
Asimismo, durante el año inspeccionó 2 mil 907 obras realizadas por el gobierno del estado y tampoco encontró anomalías en el proceso de construcción o retrasos en su entrega.
En este tenor, informó que verificó 9 mil 330 declaraciones patrimoniales de servidores públicos de todos los niveles, lo cual representa una cobertura del 98 por ciento.
En todo el año, practicó 133 auditorías, donde se involucraron 11 mil millones 40 mil pesos, pero sostuvo que en ninguna encontró irregularidades.
Finalmente, dio a conocer que vigiló 63 contratos de adjudicaciones directas, en los que participaron 543 empresarios, de los cuales, el 74 por ciento (401) era de Puebla y ganaron 51 contratos, es decir el 80.9 por ciento del total.
