Entre acusaciones de privatización, Agua de Puebla inició a operar el servicio como una solución para que la deuda de más de 3 mil millones de pesos dejara de ser responsabilidad de Soapap, no obstante, suman 163 amparos por su mala atención; esta es la segunda parte del reportaje.
En la nota anterior, Ángulo 7 presentó dos casos de escuelas que reclaman irregularidades en el cobro del agua, en esta ocasión, el representante legal, Omar Jiménez Castro, quien se ha encargado de llevar varios de estos asuntos jurídicos comentó que de 2016 a la fecha se interpusieron 163 amparos por suspensión del servicio derivado de que la empresa argumenta falta de pago, pero ello ha sido porque han sido cobros excesivos sin justificación.
De esta cifra, en 2016 se tramitaron 45 amparos y todos se ganaron, mientras que el año pasado se interpusieron 95 que también resultaron favorables para los quejosos, en tanto, en lo que va de este 2018 se han registrado 23, de lo que 21 ya fueron resueltos de manera positiva para los afectados.
En entrevista, el litigante refirió que en los amparos se manifiesta que la empresa no ha podido acreditar que el quejoso tenga el adeudo que menciona, por lo cual el mismo juez manifiesta que en actos consecuentes por ningún motivo se podrá suspender el servicio de agua potable y drenaje.
Agregó que lo anterior también se ha dado porque la Ley de Agua para el estado de Puebla no tiene establecido el capítulo del juicio previo, el cual debe ser para oír y platicar con el usuario del servicio.
Esto quiere decir que la firma debe mandar a traer al usuario, mediante una autoridad administrativa, notificarle cuánto debe, pero acreditarlo en base al consumo, los servicios y el periodo, y ya después de que el propietario del inmueble no pueda justificar el no adeudo se proceda al corte, para en base a eso pueda obtener una orden judicial para proceder al corte, lo cual hasta la fecha no se hace.
“La justicia federal ha señalado que la ley de ellos es inconstitucional, porque no prevé ese juicio, por lo tanto es ilegal e ilegitimo llegar a suspender el servicio de agua potable, por eso con los amparos te protegen para que no puedan cortártelo”, expresó.
Lagunas en la ley
Detalló que esto representa que la ley tiene lagunas legislativas serias y severas, pues en lugar de beneficiar a los ciudadanos, favorece a la empresa, por lo que tendría que reformarse, ya que solo evidencia que no tuvo el análisis correcto, es decir, no tomaron en cuenta las consecuencias que traería la concesión, o si con la se beneficiaba a los ciudadanos o a la empresa
Refirió que esto generaría que la concesionaria tome la opción de reducir los supuestos adeudos que atribuye a los usuarios, lo cual representará una pérdida considerable a la misma, pero tendría que hacerlo porque no puede cortar el servicio.
Sostuvo que los jueces saben que hay “tanta anomalía” y en base de los amparos que se han ganado se podría formar una jurisprudencia, en la cual –dijo—se determinaría que la concesión del agua potable es anticonstitucional y que se debe remunicipalizar.
En este caso, especifico, esta pudiera llegar a darse porque, de acuerdo con la ley, se constituye jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustente de manera reiterada o seriada en cinco sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto.
Por disposición de la ley, están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria, el pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf); los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
Jiménez Castro consideró que hubo “mucha oscuridad” en la entrega de la concesión, pues no se sabe bajo qué términos se entregó ni cuáles son las condiciones que debe cumplir la empresa, además de que todo apunta a que se hizo para favorecer a la firma hidráulica.
Y es que en la ley se estableció que los adeudos de los usuarios se considerarán como “créditos fiscales”, sin embargo, los juzgados de distrito que han resuelto los amparos han manifestado que no puede establecerse así, ya que esta el acceso al agua está considerado como un derecho humano en la constitución.
RMV impulsó iniciativa de concesión
Esto viene a referencia porque, en 2013, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas determinó enviar una iniciativa al Congreso local argumentando que en ese año el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) tenía una deuda acumulada de 3 mil 667 millones de pesos.
También justificó un déficit operativo de 22 millones mensuales y requerimientos en infraestructura superiores a 3 mil millones, por lo que solo se tenían dos opciones: “endeudarnos o concesionar el servicio”.
El 5 de septiembre de ese año, el Ejecutivo poblano mandó la iniciativa al Congreso local para autorizar la concesión de 25 Sistemas Operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) en los municipios, incluido el de la capital.
En la reforma, la fracción IV del artículo 31 se planteó la celebración de concesiones para la prestación del servicio de agua potable, en las que se establecerán los derechos y obligaciones de los interesados, las sanciones por el incumplimiento del contrato, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de las autorizaciones.
Mientras que en la adición al apartado 118 Bis, se señaló que los prestadores de servicios que tengan a su cargo dos o más municipios, la prestación parcial o integral de los servicios públicos, tendrán la facultad de determinar y actualizar la estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones, lo cual no requeriría la aprobación del Legislativo local.
Además de que se advirtió que los adeudos de los usuarios se considerarán como créditos fiscales para los efectos establecidos en la ley, aunque en el artículo 2 transitorio del documento se especificó que en el caso de la capital, se ratificarían las tarifas que se encontraran vigentes al momento de que se publique el decreto.
Asimismo, se estipuló que se retiraban las facultades que tenía la Comuna poblana al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), pues “las atribuciones conferidas al ayuntamiento de Puebla se entenderán conferidas al órgano de administración del organismo operador, mientras que las atribuciones del presidente municipal, síndico, regidores, tesorería municipal, secretaría del ayuntamiento, se entenderán conferidas al director general del organismo operador”.
¿Cuántos años estará Concesiones Integrales?
Antes de continuar con la iniciativa es necesario mencionar que el Soapap, considerado como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 28 de diciembre de 1984.
Sin embargo, fue hasta finales de 2013 cuando dejó de encargarse del servicio para dar paso a la empresa que gano la concesión, misma que pagó el adeudo de Soapap de más de 3 mil millones de pesos con tal de quedarse con el servicio.
La iniciativa fue aprobada una semana después, es decir el 12 de septiembre, en una sesión extraordinaria del Legislativo, la cual 28 votos a favor y nueve en contra, todos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ese mismo día, pero en el sesión extraordinaria del Cabildo de Puebla, encabezado entonces por el alcalde panista, Eduardo Rivera Pérez, la iniciativa fue aprobada por mayoría, ya que fueron 17 votos a favor correspondientes a 15 regidores, el síndico y el edil, mientras que hubo siete en contra del mismo número de regidores.
Seis días después, el 18 de septiembre, el Ejecutivo estatal, entonces encabezado por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, lanzó una convocatoria internacional para concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
A finales de ese año se adjudicó a la empresa Concesiones Integrales el contrato, que no se sabe por cuantos años fueron, para suministrar agua y administrar el servicio en la ciudad de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc y San Miguel Xoxtla.
De acuerdo con el Registro Federal de Contribuyentes en ese entonces, la firma se constituyó para el RFC (CIN13122313B) el 23 de diciembre de 2013, mientras que el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre de ese año y el título de concesión se entregó a la empresa ganadora el día 26, es decir, tres días después de que la firma se dio de alta.
Concesiones Integrales se formó por las firmas Agua de México y Epcor, esta última es filial de la desarrolladora Gutsa de Juan Diego Gutiérrez Cortina); Ticsa y un fideicomiso bancario de Grupo Hermes, que dirige Carlos Hank González.
En ese entonces a esta firma se le planteó que el Soapap tenía una necesidad de inversión para mejorar el servicio, principalmente en la capital, así como eliminar las fugas que hacían perder 30 por ciento del agua potable y expandir la red de distribución.
Este consorcio privado obtuvo la licitación para hacer todas estas modernizaciones que se necesitaban estipulando que destinaría una inversión de más de 3 mil 800 millones de pesos y, a cambio, tendría el cobro del servicio por los próximos 30 años, lo que representa que será hasta 2043 cuando concluya.
