A cuatro días de los comicios, la PGR informó al Congreso de la Unión que van 348 cuentas bancarias aseguradas y 15 imputados por el presunto lavado de dinero a través de la venta de una nave industrial del presidenciable panista, Ricardo Anaya Cortés.
Lo anterior, en respuesta la solicitud que esta soberanía le hizo el pasado 13 de junio, cuando un grupo de legisladores, encabezados por las bancadas del PRI y el PVEM, requirieron a la Procuraduría General de la República (PGR) mostrar avances sobre la investigación de un presunto esquema de lavado de dinero, a través empresas fantasma, que habría beneficiado a Anaya Cortés.
De acuerdo con el reporte, recibido este martes por la Comisión Permanente del Legislativo federal, la Procuraduría, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ha realizado 13 inspecciones ministeriales que derivaron en la identificación de 15 involucrados, cuatro obtuvieron amparos contra cualquier acción penal.
Se reservó dar los nombres de los investigados, entre los que podría estar involucrado Anaya Cortés, alegando que hacerlo podría violar el derecho de presunción de inocencia e, incluso, “llegar a tener influencia en el actual proceso electoral, en contravención a los principios de equidad en la contienda”.
Identifica a autor de videos contra Anaya
No obstante, la PGR sí se refirió al video donde José Barreiro Castañeda señala a Anaya Cortés como beneficiario de lavado de dinero, por 80 millones de pesos, e identificó como responsable de publicarlo a Francisco Patricio Kegel Jacob, abogado de Luis Alberto López, quien fungió como prestanombres de la empresa que compró la nave industrial al panista.
Respecto a Luis Alberto López, recordó que este sujeto aceptó haber sido prestanombres del empresario Manuel Barreiro Castañeda, para el cual trabajó como chofer, a fin de concretar la compra de la nave industrial por 54 millones de pesos mediante la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development.
Asimismo, refirió que ha realizado 33 acuerdos ministeriales, 83 entrevistas y tiene seis testigos, además de haber expedido 91 oficios de petición girados a diversas instancias, emitido siete actas de inspección, 81 citatorios y 14 constancias ministeriales.
Editado por Luis Alberto Palacios
