A petición del PRI, PAN PRD y PVEM, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre la investigación sobre el esquema de lavado de dinero que implicaría a Ricardo Anaya Cortés.
Lo anterior, mediante un punto de acuerdo propuesto este miércoles por los legisladores del tricolor, donde se establece un plazo de 10 días –es decir, una semana antes de los comicios– para que el organismo dé cuenta sobre las pesquisas por dicho caso.
Esto –argumentaron– con el fin de deslindar responsabilidades por operaciones inmobiliarias al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero atribuidos a Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Todos por México.
Asimismo, demandaron dar celeridad a las investigaciones, que también involucran a los empresarios Juan y Manuel Barreiro como principales operadores del presidenciable.
Y es que, además de la reciente difusión de videos y audios donde Juan Barreiro señala al panista como beneficiario de dinero ilícito, a través de la venta de “unas bodegas”, se han acusado que los ingresos anuales declarados por este político –que, junto con los de su cónyuge, ascienden a 2 millones 662 mil 297 pesos– no corresponden con su “lujoso estilo de vida”.
Durante la discusión del acuerdo, los legisladores intercambiaron acusaciones relacionadas con la coyuntura electoral; no obstante, la propuesta fue avala por mayoría, con el voto en contra de la bancada de Morena –que consideró “artificial” la solicitud— y de algunos perredistas y panistas.
Editado por Luis Alberto Palacios