En su presupuesto del próximo año, el gobierno de Dinamarca contempla la adaptación de la isla de Lindholm, donde se pretende albergar a toda persona extranjera responsable de haber cometido un delito o quien ostente una orden de deportación.
De acuerdo con la reciente emisión del presupuesto, el país europeo espera que la isla esté totalmente habilitada para el año 2021, momento en el que comenzarán a confinar a personas que hayan cometido un delito y cuenten con el estatus de refugio, sumado a quienes estén solicitando ese reconocimiento, además de aquellas que Dinamarca no pueda deportar a su país.
Por si el proyecto no fuera lo suficientemente violento para las personas no danesas con problemas ante la ley, algunos burócratas les han llamado “no deseados”, acusándoles de traicionar a la comunidad local, mientras que otros dijeron que esta instalación tendrá que ser “tan molesta como se pueda”.
La isla será vigilada por los mismos elementos que están presentes en las prisiones del país; además, contará con un ferry que sólo movilice a las personas durante el día, obligándoles a regresar por la noche.
Lo más impactante es que el espacio que conforma a esta demarcación se encuentra contaminado, pues ahí se llevaban a cabo observaciones de algunas enfermedades en animales.
Lo mismo pasó en Australia
Esta noticia no ha sido bien recibida en el plano internacional, ni tampoco por las defensorías de derechos humanos, las cuales, junto con la prensa , le han comparado con el proyecto de Australia en el que se confina a personas migrantes y refugiados en la isla Nauru.
Ángulo 7 tuvo la oportunidad de entrevistar a Abbas AlAboudi, un refugiado iraquí encerrado en la isla australiana, de 21 kilómetros cuadrados de extensión, confirmó que las condiciones ahí son deplorables.
Incluso Amnistía Internacional se ha expresado al respecto y afirmó que en Nauru hay serias violaciones a los derechos humanos, por lo que el movimiento danés preocupa mucho.
Cabe señalar que el gobierno no sólo se ha emprendido este plan, sino que también incluyó mayores limitaciones al acceso de reconocimientos de refugio, así como las residencias y el recorte de apoyos económicos dados a las personas refugiadas.
