En enero de 2016, tres bomberos españoles fueron detenidos por la Guardia Costera de Grecia y se les imputaron los cargos de tráfico de personas en grado de tentativa así como portación de armas; su juicio ha provocado inconformidad.
Los tres voluntarios fueron detenidos el 14 de enero de 2016 luego de recibir el anuncio de una nave que necesitaba ayuda y la cual no pudieron encontrar. De regreso al puerto, la Guardia Costera los detuvo y llevó a declarar.
Ahí se les acusó de portación de armas (debido a unas fundas con las que sus uniformes de rescate cuentan) y tráfico de personas en grado de tentativa, aunque días después fueron liberados bajo fianza. Su juicio se llevará a cabo el 7 de mayo.
En caso que pierdan el caso, los españoles podrían ser encarcelarlos hasta por diez años. Los trabajadores humanitarios pertenecientes a la Organización No Gubernamental (ONG), Proemaid, llevaban a cabo acciones de rescate en la isla griega, Lesbos, lugar al que miles de personas llegan luego de cruzar el Mediterráneo.
Otros casos
Enrique Rodríguez, Manuel Blanco y Julio Latorre son sus nombres, sin embargo, no son los únicos que se enfrentan a un juicio por cargos similares: también, compañeros de otra organización que les acompañaban esa ocasión en la barca, han sido puestos en manos de la justicia griega.
Dicha situación ha provocado que las organizaciones que prestan ayuda humanitaria en el Mediterráneo alcen la voz y exijan a sus legisladores una revisión y omisión de vacíos legales. A este llamado se han unido desde eurodiputados, hasta instituciones gubernamentales.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mediante un comunicado, ha dado a conocer que: “el derecho del mar, ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento y en especial el Convenio sobre Seguridad de la Vida en el Mar (Solas) y sobre Búsqueda y Rescate (SAR) impone obligaciones irrenunciables sobre salvamento de náufragos sin perjuicio del estatuto jurídico del náufrago e impone sin ningún género de dudas al socorrista la obligación de su traslado a un puerto seguro”.
Mientras que los tres bomberos afirman a medios españoles que hoy en día de vive una “criminalización de la acción humanitaria”, Proemaid ha continuado presionando a la Unión Europea a evitar futuros casos similares.
Existe un consenso de todos quienes tienen presencia en ese mar que es una de las puertas al continente europeo, se piensa que los gobiernos europeos sobrepongan el salvamento antes que la detención.
