La cuarta transformación no es de su agrado y se oponen a ella con la parte de poder político que tienen en sus manos. Sin embargo, por conveniencia, se transforman también. Quienes hasta hace poco eran ministros de la Suprema Corte, han formado una pequeña corte de ministros que decidió mostrarle al pueblo de México que aunque el artículo 39 de la Constitución de la República diga <<La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste>>, ellos no se sujetan ni obedecen tales disposiciones porque no fueron electos el pasado uno de julio; y, por tanto, su función jurídica la seguirán desempeñando bajo ese viejo aforismo que recitaba un antecesor suyo, en tiempos del gobierno foxista –Mariano Azuela: La Constitución dice, lo que la Suprema Corte dice que dice.
No van a privilegiar lo que establezca el orden constitucional ni se someterán a sus mandatos, pues, por encima han puesto el poder político que les da su ubicación institucional como tribunal de última instancia contra cuyas determinaciones no queda herramienta de defensa alguna. Así, están haciendo prevalecer sus intereses y los de otros que mediante ese mecanismo protegen, intentando dejarlos a buen resguardo con la porción de fuerza del Estado que tienen asignada por ese ordenamiento que desprecian. Quizá confundan el principio de división de poderes y creen que se trata de tres repúblicas distintas, una de las cuales, la república judicial, está enteramente bajo su mando. En ella, según su propia teoría y creencia, el jefe de Estado no interviene o no existe.
Para dar muestra de su poder recurren a una autoexhibición, enseñando que la justicia, estando legalmente obligados a custodiarla, humanamente no se les da. Falsifican, y distorsionan sin pudor, el discurso juarista “nada por la fuerza, todo por la razón y la ley”, como ha dicho el señor Luis María Aguilar Morales en su informe de labores, para mimetizar las conveniencias políticas del momento y la confrontación con los poderes Legislativo y Ejecutivo recién llegados. Es muy cierto, dentro del poder judicial federal se reúne una amplia gama de personalidades que van desde los más probos funcionarios hasta una modalidad de ellos que, encubriéndose en el discurso del respeto, cumplimiento y aplicación de la ley, son una casta especial de auténticos delincuentes de la interpretación jurídica con la que de manera general y sistemática, mediante sus sentencias, han ayudado a configurar la sociedad llena de injusticias que padece hasta el horror el pueblo mexicano. Algunos tribunales son recreaciones dignas de las historias de Alí Babá y su corte de seguidores.
El problema de la confrontación con el nuevo gobierno ofrece la cara al público de un conflicto por los sueldos de los ministros, que una ley emitida por el Congreso de la Unión pretende ajustar para que ningún funcionario público pueda ganar más sueldo que el Presidente de la República. Sin embargo, el aval judicial dado al fraude electoral en Puebla confirma que la dimensión de dicho conflicto no es por pesos más o pesos menos de sueldo, sino abiertamente político frente a un gobierno que, electoralmente, desplazó a las fuerzas partidistas a las que por vía de designación presidencial los señores ministros deben su cargo; y, mediante estos artilugios buscan reagruparse como oposición.
Justifican la defensa de sus elevados salarios en que, su disfrute, es la garantía de su imparcialidad como jueces. Esta afirmación los pinta de cuerpo entero, no solo como funcionarios judiciales sino como seres humanos. Nadie en su sano juicio asignaría valor de virtud a depositar el sentido de responsabilidad y honorabilidad profesional en el dinero, por más que se reciba bajo el concepto de sueldo o salario. Aceptar la validez de esa afirmación y anteponerla públicamente como argumento idóneo para defender la cantidad de dinero que reciben por sus servicios, calificándola de justa; en vez de enaltecerlos, los degrada como personas que encuentran en el dinero el soporte de sus virtudes personales, exhibiéndolos como simples ambiciosos con poder.
Reclaman ser jueces independientes. ¿De quién? Frente a quienes los pusieron en el cargo, a lo sumo llegaban a pronunciar el concepto de autonomía; hoy, cuando el pueblo ha decidido echar del poder a sus benefactores y tomado la decisión de cambiar su forma de gobierno optando por el proyecto de Nación enarbolado por el Presidente de la República, se envalentonan y entonces hablan de independencia. Quieren ser independientes y ponen un alto precio, en forma de sueldo, en pago por ello. Debe reconocerse que los ministros se han independizado del pueblo mexicano que, si bien nunca los eligió para desempeñar el cargo que ostentan, es el que con sus impuestos paga rigurosamente los enormes sueldos con los que viven en la opulencia contrastante con la extrema pobreza que aqueja a ese mismo pueblo.
En la corrupción han sido muy independientes, nadie los ha sancionado por ello. El Consejo de la Judicatura Federal ha sido un celoso guardián en esos menesteres cuando ministros, magistrados y jueces han sido pillados en conductas indeseables; salvo los casos de excepción que confirman la regla. Se han envuelto en la bandera de la justicia que dicen impartir, para negar al pueblo la defensa de sus derechos humanos frente a las acciones represivas del poder público y los atropellos del poder económico que le humillan, despojan y agravian. Por contrapartida, han estado dispuestos y prestos a defender y amparar a los corruptos. Peña Nieto encontró en el ministro Medina Mora –designado por él- el refugio indispensable para librar la investigación y orden de aprehensión promovidas por el gobierno de Chihuahua por el presunto desvío de doscientos cincuenta millones de pesos.
Han sido señalados públicamente los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelasio Pérez Dayán, de haber sido redactores del escrito de acción de inconstitucionalidad con que los senadores de la fracción parlamentaria del PAN se inconformaron contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; de haber conocido de ella para su trámite; y, de otorgar la suspensión en su contra, a pesar de que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones II y III del artículo 105 lo prohíbe expresamente; con la finalidad de que en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación no se les redujeran sus sueldos y prestaciones, a cambio de ordenar la ratificación de validez de la elección en Puebla. ¿Qué puede decirse de los ministros de la Corte que, abjurando de su protesta constitucional de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, defienden por encima de ellas sus intereses políticos y personales recurriendo a estas formas?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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