¿Y si revive Texcoco?
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que el 19 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador fue tajante ante la pregunta de Joaquín López-Dóriga en el programa Tercer Grado. ¿Está muerto el aeropuerto en Texcoco?, inquirió el periodista. Sí, contestó sin cortapisas. Ayer jueves, a una pregunta sobre el estatus de la obra y las negociaciones con tenedores de bonos que financiaron parte de la construcción, el presidente dijo algo que nunca había señalado: que la Secretaría de Hacienda se maneja con autonomía para tomar decisiones que considere convenientes. Si se lee a López Obrador al pie de la letra, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, estaría en condiciones de tomar una decisión tan importante como ¿continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco?
Políticamente, la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar “faraónica”, ¿dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.
El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el gobierno entre 10 mil y 12 mil millones de dólares –muy superior a lo que saldría terminarla–, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspié cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.
Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su Presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modifica los parámetros macroeconómicos, la pérdida nominal de 16 mil millones de pesos en las Afore, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.
Los dos intentos del gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco, han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la segunda oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución. Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron a resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada uno de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.
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¿Sirve la polarización para gobernar un país?
Leo Zuckermann publicada en Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que siempre han existido, hasta en los regímenes más totalitarios de la historia, divisiones políticas. Sin embargo, el signo de nuestros días es una exacerbación de la discordia. “Polarización” de la política y la sociedad, le decimos. Muchos países, de larga tradición democrática, no están sabiendo cómo responder a este fenómeno.
Ahí está, por ejemplo, el caso del Reino Unido. El otro día escuchaba un podcast acerca de la crisis política permanente que había generado el Brexit. Recordemos que, en 2016, Gran Bretaña votó, en un referéndum, a favor de salirse de la Unión Europea. Desde entonces, no han encontrado la cuadratura al círculo. Muy atinadamente, alguien decía en el podcast que el problema en el Reino Unido es que en realidad era un Reino Dividido.
Efectivamente, este país está fraccionado prácticamente en dos mitades. Los que quieren permanecer en la Unión Europea. La mayoría de este grupo son jóvenes que viven en las grandes ciudades. Luego están los que quieren divorciarse de Europa. Ahí la mayoría es gente adulta y de la tercera edad que habita en pequeños pueblos y comunidades rurales. Dentro de estos grupos hay también diferencias. Por ejemplo, entre los que están a favor del Brexit, hay quienes prefieren una separación “suave”, que no afecte mucho los lazos con los países continentales, y los que demandan un divorcio total con el objetivo de recuperar una completa soberanía nacional.
Todos tienen una opinión, todos quieren prevalecer y nadie está dispuesto a llegar a un compromiso. Esta polarización ha paralizado a la política británica. Nada se mueve en el Parlamento. El gobierno conservador ni gobierna ni cae. No quieren correr el riesgo de llamar a elecciones que puedan perder frente a un Partido Laborista controlado por su ala más radical. Tampoco se atreven a organizar un nuevo referéndum para reafirmar o revertir la decisión de abandonar la Unión Europea. En suma: un desastre.
Triste ver a un país con larga tradición democrática-liberal atorado en un callejón sin salida. Esto podría terminar muy mal, incluso con la separación de Escocia e Irlanda del Reino Unido.
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El NAIM en manos de una ‘minoría rapaz’
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que este torrente me abruma gozosamente. Florestán
La cancelación del aeropuerto en Texcoco puede ser una enseñanza para Andrés Manuel López Obrador de que el hágase presidencial tiene límites, como se confirma en la lucha que está dando el Poder Judicial vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última contención, el último contrapeso.
Desde sus días de Presidente electo, canceló el proyecto denunciando corrupción, especulación, derroche y falta de transparencia en la obra.
En Tercer grado confirmó: el aeropuerto de Texcoco está muerto y destacó las bondades de Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca, a pesar de no contar con proyectos ejecutivos, planes de impacto ambiental y menos estudio de precios y presupuesto.
Pero él lo dio por muerto.
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La pifia en la autonomía universitaria
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que conmoción, en lugar de enojo, generó al interior de la Secretaría de Educación Pública el error de mecanografía en la contrarreforma educativa que estuvo a punto de generar la desaparición de la autonomía en las universidades del país. Nos explican que por su importancia las iniciativas de ley son textos que requieren una alta calidad tipográfica, que no se alcanza en un procesador para textos de cualquier computadora. Se utiliza, nos dicen, software especializado, que permite ordenarle al sistema que haga algo, por ejemplo, poner negritas, itálicas o crear una fórmula matemática. Lo complicado del software más la falta de experiencia técnica de quien lo utilizó, generaron el error y el dolor de cabeza que sufrieron la SEP, que comanda Esteban Moctezuma y la Consejería Jurídica, bajo el mando de Julio Scherer, con el asunto de la autonomía universitaria. La pregunta es ¿nadie leyó la versión final del texto antes de entregarlo a la Cámara de Diputados? ¿Nadie se dio cuenta de que a la iniciativa le faltaba un ‘detallito’ llamado “autonomía de las universidades”? Alguien no hizo su tarea, nos comentan.
La llave que le abre la puerta al Fiscal General
Nos hacen ver que Morena tiene al alcance de la mano la posibilidad de aprobar en la Cámara de Diputados al Fiscal General. Nos explican que lo único que tendría que hacer es buscar un acuerdo con el otro partido de izquierda, el PRD, que con sus 20 diputados le completaría las dos terceras partes que los morenistas requieren. Y usted se peguntará: ¿Por qué si esa es la llave que abre la Fiscalía no la usan? Nos comentan que eso que parece fácil no lo es, pues personajes relevantes en la bancada de Morena se han negado a hacer acuerdos con los perredistas, que coordina el diputado Ricardo Gallardo, debido a antiguos pleitos familiares. Una buena parte de los legisladores de peso y con decisión en Morena aún tienen cuitas personales con el PRD que no han permitido acuerdos en temas torales para el nuevo gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Así que, la llave ahí está, sólo falta que la bancada que coordina el diputado Mario Delgado quiera utilizarla para abrir la puerta de la Fiscalía General.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que los senadores de Morena no solo buscan terminar con los privilegios de los miembros del Poder Judicial, sino que ahora apuntan sus baterías hacia los miembros del Ejército, a juzgar por el dicho de Maribel Villegas, quien reconoció que el tema de reducir el sueldo a los altos mandos de las fuerzas armadas ya se analiza.
QUE Andrés Manuel López Obrador ya tiene candidato presidencial… pero a la dirigencia del PRI, de acuerdo con un ala inconforme del tricolor.
Se trata del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien alista sus maletas para despachar en Insurgentes y dicen que su compadre y ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco es quien hace las gestiones en la 4T para que esto suceda.
En ese sentido, los priistas ortodoxos reprochan que uno de los artífices del “error de Campeche”, donde se abrieron los estatutos del tricolor para candidatos externos en agosto de 2017, ose tomar las riendas del partido luego de ser promotor de la debacle.
QUE la senadora Nestora Salgado entregará hoy a la Secretaría de Gobernación la lista de 199 presos en todo el país que tendrán que ser liberados a través de diferentes figuras legales, porque “por dignidad” varios no quieren ser amnistiados, como propuso el Presidente.
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