El magistrado Gerardo Saravia Rivera asumió por dos años la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) tras la salida de Fernando Chevalier Ruanova, pero de entrada anunció que defenderá su sueldo de 133 mil pesos al mes.
Sin descartar la posibilidad de ampararse como ya lo han hecho los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros funcionarios, argumentó que su salario obedece al principio de “independencia” que debe tener el tribunal.
Mientras que sus dos compañeros percibirán 83 mil pesos al mes por menor nivel jerárquico, justificó que su percepción es proporcional a su trabajo y por lo tanto debe mantenerse.
Refirió en rueda de prensa este martes que la propia Constitución de México establece que los salarios deben ser acordes a las funciones de cada servidor público, por lo que vio justo continuar percibiendo el monto señalado.
Esto a pesar de que hace unas semanas la Cámara de Diputados reformó los artículos 75 y 127 para que ningún funcionario gane más que el presidente del país, que recibe alrededor de 108 mil pesos mensuales.
Promete autonomía
Tras la cascada de amparos contra la modificación a la Carta Magna, hace unos días la SCJN ordenó suspender la aplicación de la también llamada Ley de Remuneraciones, por lo que ahora se encuentra “congelada” hasta que se resuelvan los recursos de impugnación.
Al asumir la presidencia del TEEP, Saravia Rivera admitió que el organismo perdió credibilidad con el reciente proceso electoral, donde la elección de la gubernatura fue impugnada y estuvo a punto de ser anulada, sin embargo, se comprometió a recuperar la confianza de la gente con un tribunal “autónomo, abierto y transparente”.
En la rueda de prensa en el TEEP también se anunció formalmente la incorporación de la nueva magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, designada por el Senado de la República en sustitución de Chevalier Ruanova.
Tras haber fungido como secretaria Instructora en la ponencia del ahora presidente del tribunal, este negó que vaya a influir en las decisiones de ella.
Sandoval Sánchez se comprometió por su parte a ejercer su función con “independencia y autonomía”, además de con estricto apego a la ley.
