El activista José Galindo Trinidad fue hostigado por tres policías municipales en San Felipe Tepatlán por oponerse al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa británica Comexhidro-Deselec 1, el cual afecta al río Ajajalpan en la Sierra Norte.
Así lo denunciaron los Comités de Defensa del Río Ajajalpan y la Organización Tutunaku Nahua en Defensa del Territorio y de sus Pueblos durante la presentación del “Informe sobre violaciones a los derechos al territorio y el agua en Puebla” elaborado por la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla.
Detallaron que, el 1 de diciembre, alrededor de las 22:00 horas, los efectivos Fausto Santiago Vázquez, Antonio González Cortez y Abel Pérez Castillo siguieron al defensor a los terrenos de cultivo de su familia sin dar razones, lo catearon y lo acusaron de haber realizado disparos “sin ningún fundamento”.
Cabe señalar que Galindo Trinidad es el representante común de la demanda de amparo 598/2016, que se encuentra en trámite en el juzgado primero de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, y de juicios federales con sede en Puebla.
Piden protección a CEDH
Las asociaciones recalcaron que lo anterior violó sus derechos humanos, por lo que el 6 de diciembre se presentó la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solicitándole la protección del defensor, “ya que no es la primera ocasión en que se le ha intentado amedrentar por su labor en defensa de la tierra”.
Reiteraron que ya han denunciado la criminalización contra los pobladores de San Felipe Tepatlán y San Mateo Tlacotepec, así como los activistas que los acompañan, desde que el gobierno federal autorizó en julio, sin el consentimiento de los habitantes, la instalación de una hidroeléctrica que busca generar energía para Walmart, pero las amenazas no se han detenido.
Subrayaron que responsabilizan a las autoridades municipales, estatales y federales de este “constante hostigamiento”, pues sus acciones u omisión de estas crearon “un clima de tensión al criminalizarnos por ejercer nuestro legítimo derecho a defender nuestras fuentes de agua, territorio y un medio ambiente sano”.
Desapariciones y asesinatos
Respecto al informe, Eduardo Morales Sierra, especialista de la Desca, destacó que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle los defensores de las sierras Norte, Nororiental y Negra sufrieron desde intimidación, desaparición forzada y asesinatos por oponerse a la privatización del agua y al despojo de sus tierras por proyectos extractivos.
Comentó que el documento describe casos de violaciones al derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tetela de Ocampo, Atlixco y Ocotepec por la construcción de mineras, hidroeléctricas, vialidades e incluso la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.
Asimismo, subrayó que el terrorismo de Estado como política de gobierno fue la expresión “más descarnada” de la violencia que se impuso durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.