Integrantes del Miocup refutaron la conclusión de la FGE sobre que el homicidio del activista Manuel Gaspar Rodríguez, en Cuetzalan, haya sido por un tema personal y que hayan dejado a un lado las amenazas que había recibido con anterioridad.
Esto luego de que Jaime Huerta Ramos, fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer la detención de Isau “N”, como posible responsable del asesinato ocurrido el pasado 14 de mayo en un motel de dicho municipio.
En rueda de prensa, Amanda Rivero Espinosa, representante legal de la organización, exigió a la dependencia conducirse con objetividad y que no se descarte que el asesinato pueda estar relacionado con su labor de defensor de derechos humanos.
Sostuvo que como órgano de procuración de justicia está obligada a agotar todas las líneas de investigación en pro a los derechos de las víctimas, que son conocer la verdad, reparación del daño y castigo a los responsables.
Por su parte, Alfredo Guerrero Santos, integrante del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), manifestó que la conclusión que dio la FGE es precipitada y poco objetiva, ya que el presunto responsable, en primer término, no ha sido vinculado a proceso ni tampoco se ha cerrado el periodo de la investigación.
Lo anterior, dijo, significa que el fiscal encargado del caso no ha formulado acusación y no se ha llegado a la etapa de juicio oral en el que se deben desahogar las pruebas que pueden corroborar la hipótesis que se está planteando.
Integrantes del @MIOCUPCNPAMN critican que la @FiscaliaPuebla diga que el homicidio de Manuel Gaspar Rodríguez fue por un conflicto personal, pero no tomé en cuenta las amenazas recibidas anteriormente por ser activista y estar contra los proyectos de muerte @angulosiete pic.twitter.com/4iHT17qtXj
— €ddii¥ (@Edd_Eddiiy) December 6, 2018
FGE debe garantizar justicia a familiares
Sostuvo que la detención de Isau “N” no resuelve de fondo el móvil del delito, ni la autoría material e intelectual del mismo y tampoco cumple con la responsabilidad de la FGE de garantizar la justicia a sus familiares, las comunidades que acompañó y la organización que representaba.
“Se debe retomar la línea de investigación, porque el activismo y labor de defensa de los derechos humanos a favor de pueblos y comunidades indígenas en defensa de territorio no tiene nada que ver con el móvil del crimen que pretenden hacer creer las autoridades”.
Es necesario mencionar que antes de su asesinato, el activista había sido citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una subestación eléctrica, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable del proyecto había presentado una denuncia penal contra los defensores.
En su intervención, Violeta Valdés Alcántara, miembros del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz, mencionó que estos hechos se han dado porque en los últimos 4 años no ha mejorado la situación para las personas que ejercen la defensa de las comunidades indígenas.
Esto porque, precisó, en 2014 se dio el asesinato de Antonio Esteban Cruz, después el de Manuel Gaspar Rodríguez en mayo de este año; posteriormente el de Adrián Tilihuit, en junio pasado quien se oponía a la hidroeléctrica de la empresa Gaya, y la desaparición de Sergio Rivera Hernández, en septiembre.
