En Puebla, la situación por los megaproyectos de minerías e hidroeléctricas es “grave”, pues los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales no han actuado para evitar que pasen por encima del ecosistema, de la población e incluso de los gobiernos municipales.
Así lo señaló, en entrevista con ese medio, José Rosario Marroquín Ferrara, del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ (IIMA), quien advirtió que no hay región del estado “que se salve” de estos megaproyectos a pesar de la resistencia que han opuesto las poblaciones.
En el caso de las sierras Nororiental y Norte, existen las minerías, hidroeléctricas y fracturación hidráulica, mejor conocida como “fracking”, que es utilizada para la extracción de hidrocarburos, pero resulta “muy devastadora” para el ambiente.
En la Sierra Negra, se intenta ejecutar el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, así como otros por parte de la empresa Minera Autlán; en tanto, en la Mixteca, si bien –dijo– no hay megaproyectos, se encuentran las “pequeñas” obras mineras que están generando un “problema de devastación”.
En tanto, en la zona metropolitana del estado, que incluye a capital, el especialista manifestó que la expansión urbana puede ser considera como un proyecto de fuerte impacto en términos ambientales y sociales sobre esta región.
“Yo creo que sí es grave el tema de los proyectos de muerte en Puebla. Se le ha dado mucho realce porque lo merece y ha sido un proceso fuerte de resistencia, pero igual ha sido mucha la insistencia de las propias empresas para ejecutarlos”, pronunció.
El problema no es la empresa, es la legislación
Refirió que lo anterior, no es tanto problema de las empresas, ya que estas surgen para generar utilidades para sí mismas, sino que la legislación en México y las prácticas políticas hacen que este lucro sea mayor, y que además no cubran los costos por el impacto que están generando.
Y es que –dijo– esto provoca que estén actuando muchas veces de forma tramposa pasando por encima de la misma legislación o, en su caso, generando otro tipo de procedimientos que le da la vuelta a la misma legislación.
Ejemplificó que uno de estos casos es la consulta, la cual –afirmó– es un proceso que no se ha hecho o que cuando se hace no se entiende de forma adecuada, pues debe ser un procedimiento previo, libre e informado, mientras que las pocas que se han hecho no tienen esas características.
“No es propiamente que las empresas por ser voraces hagan esto, sino porque hay todo un entramado político y económico que les facilita la tarea y les deja grandes ganancias sin cubrir todos los costos”, expuso.
Si bien Marroquín Ferrara mencionó que los permisos para estos megaproyectos los otorgan las secretarías de Economía (SE) o la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el ámbito de los estados no hay algo que los faculte para oponerse a los mismos.
Sin embargo, las autoridades estatales sí pueden modificar sus leyes para que sean más estrictas en los controles ambientales y sociales.
Mientras que, en el caso de los municipios, tienen la facultad que les otorga la Constitución, ya que los ayuntamientos dan el permiso para cambio de uso de suelo, pero frente al poder de las empresas, muchas veces “quedan desprotegidos” y no ejercen esa función.
Municipios desvirtúan su función pública
Incluso, consideró que el marco legal, con los vacíos que tiene, abre la posibilidad de que se pudiera llegar a la colusión de los funcionarios, aunque también ocurre que los ediles desvirtúen la función pública al pensar que nada pueden hacer frente a una empresa con permiso federal.
“Creo que una empresa minera con gran poder económico no necesita llegar a niveles de corrupción altos. Con su sola presencia, es suficiente, pues en muchas ocasiones son los funcionarios los que no se atreven hacer algo contra ellas”, subrayó.
Ante esto, el especialista exhortó a realizar acciones concretas para evitar que esta problemática, como procurar que las áreas declaradas por los estados como zonas protegidas tengan peso real y no solo figuren como adorno.
Y es que –indicó– en Puebla se han declarado las áreas estatales, que supuestamente se conservan con utilidad ambiental, pero en la práctica no están protegidas ni financiadas para que puedan desarrollarse como tales.
Insistió que el gobierno del estado no tiene facultades para impedir los megaproyectos, pero lo que sí puede hacer es tener la participación de convocar a la población a mesas donde se resuelvan los conflictos.
En este sentido, concluyó que el Legislativo puede “exhortar a los gobiernos municipales y a los funcionarios estatales a cumplir con más dedicación sus funciones y no escudarse en que no está entre sus facultades” lidiar con los megaproyectos.
