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La Familia Michoacana en Taxco Guerrero y Yeidckol vigila austeridad

López Obrador contra Peña Nieto

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo, en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo: su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque, quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh –hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares–, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación, y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado –no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición– a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

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La capitulación de López Obrador

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que tiene razón el Presidente electo cuando dice que “la política es optar entre inconvenientes”. En esta ocasión, López Obrador tuvo que decidir qué hacer para resolver la terrible crisis de seguridad que vive el país. Peña le está entregando una bomba que tiene que desactivar a la brevedad. Pues bien, el gobierno entrante ha optado por entregarle el control de la seguridad pública a los militares. Lo que desde hace mucho tiempo se vio como un asunto temporal, que tuvo un fuerte impulso a partir del sexenio de Calderón —es decir, la intervención de soldados y marinos para combatir a la criminalidad—, hoy se convertirá en “solución” permanente que estará nada menos que en la Constitución. Se trata del doloroso reconocimiento del fracaso de las autoridades civiles en esta materia. De la claudicación de uno de los elementos civilizadores más importantes de toda democracia-liberal moderna: la prevalencia del poder civil sobre el militar.

Frente a una realidad tremenda, con una presión enorme por revertir la violencia rampante, AMLO claudicó. Le entregó la seguridad pública a los militares. Éstos la aceptaron pero, a diferencia del pasado, pusieron sus condiciones. Uno: el mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa Nacional a la que estará adscrita la nueva Guardia Nacional. Dos: se acabó el vacío legal de la intervención militar en labores de seguridad pública que, según la Constitución, tiene que ser provista por autoridades civiles; ahora se reformará la Carta Magna y, para que no haya dudas, los militares se quedarán con todo el poder en esta materia; ya nadie podrá declarar inconstitucional las leyes y reglamentos que regulen la participación de los militares en labores de seguridad pública. Se trata de una apuesta arriesgada de AMLO y, como todas las de este tipo, pueden acabar generando grandes ganancias o grandes pérdidas.

Negativo sería que esto no funcionara. Que la violencia siguiera en los mismos niveles actuales o incluso empeorara. Muchos expertos piensan, y así lo han demostrado empíricamente, que la presencia de soldados y marinos en las calles (por más que sean de cuerpos policiacos del Ejército y la Marina) genera más violencia. Y es que las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar a los enemigos. No entienden de labores policiacas para prevenir y procesar a los delincuentes. Imaginemos que, efectivamente, fracasa la Guardia Nacional como fracasó la idea de Peña de reintegrar a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación. La consecuencia sería terrible: perderíamos años valiosos en la formación de cuerpos policiacos civiles teniendo que comenzar desde cero, pero ahora con más violencia.

Positivo sería que funcionara este nuevo sistema de militarización de la seguridad pública. Que, tan pronto como el año que entra, bajaran considerablemente los índices de asesinatos, secuestros, extorsiones y robos. La ciudadanía estaría muy contenta. Los altos índices de popularidad de AMLO se mantendrían. Pero con un costo altísimo: el retroceso del proyecto civilizatorio de México. Ya ningún político se atrevería a regresar el control de la seguridad pública a los civiles. La militarización habría llegado para quedarse definitivamente.

¿Es el país que queremos?

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AMLO en “Tercer grado”

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que si te pones en el volante es para conducir. Florestán

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en una edición especial de Tercer grado de Televisa, que dirige y conduce Leopoldo Gómez.

Su preocupación era, y es, promover la próxima consulta, 24 y 25, sobre tres obras de infraestructura, los trenes Maya y Transístmico, la refinería de Tabasco, la siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas del sureste, y seis programas sociales. Ya le iré detallando, lector, aspectos de sus prioridades, ya aprobadas por él y consideradas en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, diciendo que la consulta era una ratificación.

En la mesa, con Leopoldo, estuvimos los habituales: Denise Maerker, Carlos Loret, Leo Zuckermann, René Delgado y Raymundo Riva Palacio.

Con esos temas, planteamos otros de los que destaco, a reserva de ampliar, las cinco siguientes ideas generales:

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¿Morena irá por el fin de “los moches”?

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que apenas regresen del puente, los diputados federales de Morena, que comanda Mario Delgado, tienen en su agenda de este martes reuniones con presidentes municipales del Estado de México, Yucatán y Puebla. ¿Cuál cree usted que es el tema más relevante a estas alturas del año? Claro, el presupuesto de 2019, que deberá aprobar la Cámara de Diputados. Nos explican que los alcaldes traen en sus manos proyectos locales de diversa naturaleza. Así, nos comentan, una vez aprobadas las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública se acelerarán los tiempos presupuestales y entonces habrá que ver si de verdad desaparecen los moches y los legisladores no coquetean con la idea de impulsar a sus estados y ayuntamientos a cambio de “incentivos” políticos o monetarios. Con este tema, la cuarta transformación estará a prueba en el Legislativo.

Yeidckol alinea a sus legisladores

Por cierto, nos dicen que la presidente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, mantiene reuniones privadas con los coordinadores de las bancadas de su partido en los Congresos estatales para informarles sobre las prioridades legislativas. Eso, nos explican, respecto a las iniciativas que ha impulsado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, principalmente las dedicadas a la austeridad. La idea de doña Yeidckol es que todas las bancadas en los estados estén alineadas y apoyen las iniciativas que se presentan en el Congreso de la Unión.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que los responsables del ataque en Taxco, Guerrero, que dejó tres policías estatales y un voluntario de la Cruz Roja muertos, pertenecen a La Familia Michoacana, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar, que ubican esa zona bajo el liderazgo de Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y como jefe de plaza a José Ranulfo Zavala Maldonado, El Rany.

Su jefe de sicarios, Carlos Zagal Jacobo, El Pelón, comandó el grupo que perpetró el ataque del domingo en San Juan Tenería y es el mismo que junto con José Luis Rodríguez Gama, El Fierro, ejecutó a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, el 5 de febrero pasado, cuando las víctimas habían asistido a un baile.

QUE las fracciones de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, encabezadas por Mario Delgado y Ricardo Monreal, iniciarán hoy una carrera contrarreloj para discutir, votar y aprobar en 10 días las reformas para el inicio de la cuarta transformación.

Entre las prioridades del Presidente electo, pendientes en una o en otra cámaras, o en ambas, destacan Fiscalía General, eliminación del fuero, revocación de mandato, consulta popular y legislación en austeridad republicana.

QUE ante la problemática de la caravana migrante que cada día escala en Tijuana, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se resignó a que tendrá que resolverla, por lo que el Presidente electo encargó a Marcelo Ebrard estar al pendiente del tema, quien este fin de semana envió en su representación a Javier López para reunirse con autoridades de Baja California, y el domingo comenzó con el alcalde Juan Manuel Gastélum.

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