El Congreso de Puebla aprobó transparentar las obras construidas bajo el formato de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) en el sexenio de Rafael Moreno Valle y quitar al gobernador en turno la facultad de contratarlos sin el aval de los diputados.
Con 22 votos a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, 14 en contra de Por Puebla al Frente y tres abstenciones del PRI, se avaló una serie de reformas para que se conozcan los contratos del Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas de Audi y el Centro Integral del Servicio (CIS).
Estimando que la “deuda oculta” asciende a los 69 mil millones de pesos, el bloque de Morena-PT-PES modificó la Ley de Deuda Pública, la de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y a la de Transparencia para conocer el “desfalco” que heredó el exmandatario panista.
Con esto se quitó al titular del Ejecutivo la facultad para contratar PPS, de Asociación Público Privadas (APP) o fideicomisos sin contar con el permiso de por lo menos dos terceras partes del Legislativo.
Una vez que entren en vigor las modificaciones, los contratos existentes deberán ser inscritos en el Registro Público Único, donde el estatus de los pagos y el adeudo podrán ser consultados.
También se reformó el artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para reconocer los PPS y APP como deuda pública y la fracción XXII del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que ahora se considere como información pública toda la referente a la deuda y fideicomisos.
Buscan destapar endeudamiento
Al defender las reformas, Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Tonantzin Fernández Díaz (de Morena) coincidieron en que se requiere conocer el endeudamiento “real” de la entidad porque actualmente la información se encuentra reservada por varios años.
En contraparte, Marcelo García Almaguer y María del Carmen González Saavedra (del PAN), así como Gerardo Islas Maldonado (de Nueva Alianza), señalaron que las reformas contravienen la Ley Federal de Disciplina Financiera y defendieron las obras morenovallistas con el argumento de que fomentan el turismo.
Por parte del PRI no intervino ningún diputado, pero sus integrantes se abstuvieron de votar, igual que en el dictamen para negar la enajenación del exhospicio ubicado en Reforma 710.
Con 24 votos a favor de Juntos Haremos Historia y el PRI, así como cuatro en contra de Por Puebla al Frente, el Congreso denegó al gobernador Antonio Gali Fayad la solicitud de enajenación del inmueble (que se pretende vender) y lo exhortó a que en lugar de ello lo donde a la BUAP.
En la tribuna, José Juan Espinosa Torres (del PT) reveló que en una reunión con el rector Alfonso Esparza Ortiz, este se dijo dispuesto a aceptar la donación y adelantó que ahí podría instalarse el Instituto de Restauración que proyecta la institución.