En la iniciativa de reforma de la administración pública que presentó Morena en la Cámara hay algunas claves para entender la profundidad del problema de la inseguridad y encontrar también algunos indicios de por qué podría fracasar.
El punto central radica en el uso de la categoría de seguridad interior que el gobierno de Peña Nieto elevó a prioridad con una ley reglamentaria de la fracción VI del 89 Constitucional que confiere al presidente de la república la facultad exclusiva de garantizar la seguridad nacional y la seguridad interior a través de las fuerzas armadas.
En la explicación de la reforma se establecen dos instituciones para la seguridad interior: Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana. A ello se debe agregar el compromiso del presidente de la república de reunirse todas las mañanas con ambas dependencias y además las Secretarias de Defensa y Marina y otras instituciones con funciones afines a la seguridad.
Todo este aparato de seguridad tendrá la función de relacionar seguridad con desarrollo, bajo la conducción del presidente. Sin embargo, haría falta un organismo más operativo: un Consejo de Seguridad Interior que pueda coordinar funciones y programas. En los EE. UU. funciona el Consejo de Seguridad Nacional porque la prioridad es la vigencia del imperio.
A todo el aparato del ejecutivo le faltarían dos representaciones: la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Asociación de Alcaldes, en cuyos territorios ocurren los eventos de inseguridad y cuyos miembros suelen endosarle al ejecutivo federal toda la responsabilidad de los sucesos de inseguridad, a pesar de que muchos de ellos tienen que ver con incompetencias estatales y municipales y más cuando el proyecto presidencial dividirá al país en 265 regiones de seguridad que invadirán funciones locales.
Un Consejo de Seguridad Interior impediría a los funcionarios depender de la presencia del presidente de la república, que suele ser inhibidora en lugar de potenciadora. Y ahí, y no en la Secretaría de Seguridad, debiera estar un organismo de inteligencia criminal que coordine la captación y procesamiento de la información referida a la seguridad interior.
De la estructura de seguridad dependerá si hay avances o retrocesos.
Barandilla
· Las tres dimensiones que tienen que ver con la seguridad siguen sin articularse: política, derechos humanos y fuerzas policiacas y militares.
· La reorganización de la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad de México, bajo la dirección de Raymundo Collins, debería ser analizada por el gobierno entrante de López Obrador. Comenzó con una limpia de mandos.
· Por la razón que sea, el gobierno de Peña Nieto aflojó la estrategia de seguridad y afectó a Acapulco
, Cancún y todo Guanajuato.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
[email protected]
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
