En lo que va del año, la STPS ha atendido 123 quejas contra empresas, principalmente por despidos injustificados, higiene y seguridad, pues a veces no facilitan equipo de protección personal; los reportes aumentaron alrededor de 40 por ciento respecto al 2017.
Así lo dio a conocer Salvador Rivas Espinosa, subdirector de supervisión y control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien detalló que 90 de las quejas han sido por Condiciones Generales de Trabajo (CGT) y que 68 han sido sancionadas con multas por un total de 23 millones 640 mil 573.25 pesos.
En entrevista, luego de dar a conocer el trabajo que se realizará en la “Jornada para el Fortalecimiento a la Empleabilidad de las y los Jóvenes Indígenas Universitarios”, Cecilia Doger Amador, delegada de la STPS, indicó que han realizado diez inspecciones por quejas del aguinaldo del año pasado, las cuales se han desahogado en los primeros meses del 2018.
Por otra parte, tienen 23 quejas por reparto de utilidades, con un aproximado de 2 mil trabajadores involucrados, las cuales están en proceso para realizar inspecciones extraordinarias y aún se analiza si esto derivará en una sanción; en tanto, por el tema de salarios mínimos, sólo han denunciado a una empresa.
Informó que, como parte del programa operativo anual, han realizado 3 mil inspecciones regulares, dentro de las cuales hubo 123 extraordinarias, que parecen pocas porque la dependencia sólo interviene cuando las condiciones laborales dentro de la empresa son graves, ya sea debido a que no reparten utilidades, no cuentan con condiciones óptimas, hay acoso o discriminación.
Al respecto, explicó que no intervienen en las demandas por despidos injustificados de manera individual entre empresa y trabajador, que diariamente se realizan en el edificio del Sector Laboral Federal (Selafe), además de que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la encargada de apoyar a los empleados para que recuperen su dinero.
Adelantó que en diciembre empieza el operativo de aguinaldo, el cual terminará en enero o febrero para vigilar que las empresas cumplan con este derecho del trabajador.
