Desde 2008 y luego de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se impulsó desde grupos conservadores reformas a las constituciones locales de 17 estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
De acuerdo con la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), estas reformas surgieron con la intención de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto.
Así lo dio a conocer en su investigación “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, en la que señaló que entre 10 años, los estados que han optado por limitar el acceso al aborto legal de sus ciudadanas fueron Morelos y Baja California, que lo hicieron desde 2008.
Puebla evita acceso a aborto legal
Mientras que en 2009, se unieron a dichas iniciativas las entidades de Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca y Querétaro.
Por su parte, en 2010 se unieron a estas medidas los estados de Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.
En tanto, Chihuahua reformó su constitución en octubre de 1994. Por lo que no se contabilizó en el conjunto de reformas realizadas entre 2008 y 2018.
Sanciones para el aborto en el país
En el país, las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad —que van desde 15 días hasta seis años—, multas —que pueden ir desde 20 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico.
En el caso de Aguascalientes, destaca la inclusión de una pena de reparación del daño, sanción cuestionable pues supone que un aborto provocado puede causar una afectación a personas más allá de la propia mujer.
Castigos también para tentativas de aborto
Aunque el delito de aborto en los códigos penales se refiere a la muerte del producto en cualquier momento del embarazo, en ciertos casos, sancionan no solo los abortos dolosos consumados, sino también su tentativa: en el caso de los códigos penales de Coahuila y Veracruz, mediante el delito de lesiones al concebido, y en el caso de Zacatecas, de manera expresa, mediante la penalización de la tentativa de aborto que produzca lesiones al feto.
La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad en relación con el delito de aborto. Tan solo tres no consideran este tipo de penas: Chiapas, Michoacán y Veracruz.
En el caso de Chiapas se establece la aplicación de una pena alternativa que consiste en atención integral educativa y de salud con perspectiva de género, si la mujer lo solicita.
