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En el imaginario colectivo, Barbosa comienza a perder la batalla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que el fin de las vacaciones de verano podría traer malas noticias al ex candidato a la gubernatura de Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, y su intención de que las autoridades jurisdiccionales electorales ordenen que el proceso se repita.

Tengo la impresión, a juzgar por los últimos acontecimientos, que la estrategia de Barbosa para anular la elección, apostándole al repudio popular en contra del ex gobernador Rafael Moreno Valle y a que el fallo definitivo sobre los comicios del 1 de julio tendría más componentes políticos que jurídicos, no ha prosperado como él esperaba.

En cambio, veo mejores resultados en la estrategia política y mediática de su contraparte, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo. Ambos han mantenido un bajo perfil, pero sin dejar de construir en el imaginario colectivo la percepción de que ella finalmente será la gobernadora, a pesar del recurso de inconformidad interpuesto por Morena para invalidar su triunfo.

En lugar de acercarse con actores y voces críticas del morenovallismo, para convencerlos de que en los comicios para gobernador hubo anomalías e inconsistencias respecto a las demás elecciones, el ex candidato de la coalición de izquierda ha venido descalificando a todos aquellos que le han regateado algún respaldo.

Y eso incluye a rectores de universidades, como el de la Iberoamericana Fernando Fernández Font, a dirigentes empresariales, dueños y directivos de medios comunicación, y hasta dirigentes y autoridades electas de los tres partidos que integraron la coalición que lo nominó: Morena, PT y PES.

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Carrancá y su manto protector

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en E-consulta, indica que desde el primer momento que tuve acceso a una pluma para escribir de política, no recuerdo un caso similar al del inefable Fiscal General Víctor Carrancá.

Seguramente pocos lo recuerdan, pero la figura del Fiscal Carnal nació de la mente de Rafael Moreno Valle, quien se adelantó a todos los demás gobernadores y también al presidente Peña, creando la figura de un Fiscal nombrado desde un Congreso a modo, por un periodo mucho mayor al término de su sexenio.

Hábilmente Moreno Valle ratificó en automático a través de sus levanta dedos a su “fiel” procurador de justicia, dándole vida y vigencia por un lapso de cuatro años después del término de su período de gobernador.

Fuera de tiempo, quisieron hacer lo mismo Javier Duarte, Roberto Borge. Ninguno lo logró y hoy ambos están tras las rejas.

No es un asunto menor que el peor calificado de los Fiscales de todo el país, con la desaprobación social de los poblanos, señalado de ineficiente, corrupto y cómplice de la creciente delincuencia en Puebla, sea el único funcionario morenovallista que se mantiene firme en el cargo.

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Caso Chalchihuapan frenó el arribo de Maldonado a la SEP federal

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que de concretarse el bloqueo que grupos de Morena han promovido ante Andrés Manuel López Obrador para evitar que Luis Maldonado Venegas sea nombrado subsecretario de la SEP, se estaría cortando de tajo una larga trayectoria de 26 años en la cual este personaje, con base en un abierto pragmatismo político y sobre todo a ser poco leal, ha logrado brincar por casi todas las fuerzas políticas del país, que van desde el PRI, el PAN, el PMC, el PRD y hasta el morenovallismo, en donde ha encontrado sus cargos de mayor importancia.

Maldonado se preparaba para regresar a la Secretaría de Educación Pública, de la mano de Esteban Moctezuma Barragán, uno de sus protectores políticos, pero esa posibilidad se ha visto frustrada porque se habría documentado en el primer círculo de confianza de López Obrador el papel que jugó en el morenovallismo, que pasa por haber sido el artífice de la represión –del 9 de julio de 2014– al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, que le costó la vida a un menor de 13 años.

El caso Chalchihuapan, de acuerdo a una definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es uno de los asuntos más emblemáticos de violaciones sistemáticas a las garantías individuales. Sobre todo por la actitud del gobierno morenovallista de inventar una investigación –en torno al asesinato del menor José Luis Tehuatlie Tamayo– para deslindarse del uso abusivo de las fuerzas de seguridad pública.

Y si hay un tema que pesa mucho en el círculo de confianza del presidente electo de México, es no dar paso a personajes que estén involucrados en actos de represión social y política.

Luis Maldonado en 2014 era el titular de la Secretaría General de Gobierno en la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas y en ese entonces, justificó la represión de la Policía Estatal –que utilizó balas de goma y proyectiles de gas que dejaron un saldo de un muerto y decenas de lisiados– al decir que los pobladores estaban lanzando “piedras de grueso calibre”, para defenderse de la incursión de las fuerzas de seguridad pública en una protesta pacífica que había contra el autoritario retiro del registro civil en las juntas auxiliares de la entidad.

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Detrás de impugnación electoral, control total de Morena, Barbosa

Alejandro Mondragón en su columna A Portador, publicada en Status Puebla, indica que el Plan B de Luis Miguel Barbosa ya está en marcha con o sin la anulación de la elección en Puebla.

Orquesta asumir el control absoluto de Morena en la entidad para desde ahí convertirse en el nuevo señor feudal de la izquierda poblana y combatir a la fuerza caciquil del morenovallismo.

Al final, los polos opuestos se unen. ¿Qué tan diferente es en realidad Barbosa de Moreno Valle?

A juzgar por los últimos hechos, usted dirá:

No es morenista de origen, su historia se remonta lejanamente al PRI y luego al PRD, donde amalgamó su suerte a la de Rafael Moreno Valle hasta la ruptura en 2016. Curiosamente a uno de los suyos, Erik Cotoñeto, impuesto en el sol azteca por años, ahora lo quiere para encabezar a Morena ante la virtual salida de Gabriel Biestro.

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El golpe de AMLO a la elección en Puebla que espera Barbosa

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que resolución a resolución, a Luis Miguel Barbosa se le han derrumbado por goteo los argumentos supuestamente jurídicos en los que anclaba la posibilidad de que el TEPJF anulara la elección en Puebla. Ahora, sin elementos de derecho, el ex candidato espera un golpe político de Andrés Manuel López Obrador: (la anulación) “depende de la voluntad política del próximo presidente de México y hasta ahorita es muy clara”, declaró el ex candidato de Morena a la gubernatura.

No sé si López Obrador, quien el próximo miércoles recibirá su constancia de presidente electo, comparta la idea de Barbosa de que anular las elecciones en Puebla forma parte de su “voluntad política”, y que ésta sea más poderosa que la de un millón 152 mil poblanos. La sugerencia del senador es poderosa, pues entre líneas quiere que AMLO le dé un golpe de Estado a las instituciones electorales, como si el México democrático del siglo XXI en verdad fuera Venezuela.

Jurídicamente, la impugnación de la elección se ha derrumbado. Hay poco por hacer, por más que Santiago Nieto y su despacho se hayan encargado de armar un mamotreto basado en publicaciones en Facebook y de medios de comunicación como elementos de prueba, de acuerdo con el excelente reportaje de Periódico Central la semana pasada y que puede ser consultado aquí.

Dos golpes fundamentales recibió la impugnación en la semana anterior.

Uno, el informe de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que queda claro que no se observó ningún rebase en los topes de campañas en las nueve elecciones de gobernador. Eso significa que Martha Erika Alonso no gastó de más, tal como se había argumentado en la impugnación. Probablemente esta era la causal más importante una vez que la diferencia entre primero y segundo lugar no alcanzó los cinco puntos.

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Quienes Operaron Contra Lydia Cacho hoy Están en MORENA

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que doce años después de que detonó el escándalo del caso Marín-Cacho, quienes generaron la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro han empezado a perder el sueño y el apetito.

Lo mismo les ocurrirá a quienes obstruyeron la justicia más elemental.

¿La razón?

Que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, declaró al Estado mexicano responsable de una violación de derechos humanos en el citado caso.

Y algo más: el cumplimiento de este dictamen es obligatorio en todos sus términos y no hay apelación posible.

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