Human Rights Watch (HRW) emitió un pronunciamiento respecto a la iniciativa nepalí de enmendar los mecanismos de justicia y advirtió que el país no se está apegando a los estándares internacionales, asimismo, hizo énfasis en la falta de consideración de las minorías.
El organismo internacional dio a conocer que el gobierno de ese país está llevando a cabo consultas para saber si emprender o no dos comisiones, tanto de personas desaparecidas como de reconciliación, lo anterior porque el país vivió una guerra civil que duró desde 1996 y hasta 2006.
La principal queja de HRW es que ningún esfuerzo de la administración ha beneficiado a la población que sufrió daños durante la guerra y mucho menos se ha considerado a estas personas en la creación de las comisiones o leyes.
La defensora de los derechos humanos calificó a las instituciones ya existentes como “faltas de transparencia y cumplimiento con el derecho internacional”; sin embargo, el problema antes mencionado no es el único que acontece en el país asiático, ya que ahí se enfrenta un escenario generalizado de discriminación, abuso de autoridad y una limitada ley que prevenga la tortura.
70% de afectados por terremoto, sin ayuda
Amnistía Internacional (AI) dijo que en 2017, el gobierno “le seguía fallando a miles de sobrevivientes marginados” ya que no había ayudado al 70 por ciento de todas las familias afectado por el terremoto de 2015.
Estas personas no son el único grupo de damnificados, ya que el país se ve frecuentemente afectado por monzones y, por otro lado, la organización señaló que durante las últimas elecciones, (las primeras en dos décadas) se cometieron violaciones a derechos humanos y que incluso las fuerzas armadas dispararon contra los manifestantes.
AI aseveró que la nueva constitución, adoptada en 2015, ejerce discriminación y exclusión de grupos indígenas, mujeres y los grupos con nivel socioeconómico bajo, así como calificó al sistema de investigación como “arcaico”.
Por todo lo anterior, se dijo preocupado porque en el nuevo Código Penal, la tortura es castigada con 5 años de prisión, además de que el parlamento emprendió, en el año pasado, un proyecto de ley contra esta práctica, el cual no estaba al nivel de las convenciones internacionales.
