El grupo parlamentario del PT en el Senado promovió un punto de acuerdo para que el Congreso condene los hechos de violencia que ocurrieron durante la jornada electoral en Puebla y el INE abra una investigación contra el gobernador Antonio Gali Fayad.
En la propuesta, los integrantes del Partido del Trabajo (PT) también solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral (IEE) que garanticen la “autenticidad de la voluntad ciudadana”.
Refirieron que la “intervención” del gobierno estatal para “favorecer a Martha Erika Alonso Hidalgo”, abanderada de la coalición por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI) y virtual gobernadora electa, fue “sistemática, ilegal y aviesa”, además de que el IEE fue omiso ante estos hechos.
Señalaron que el “operativo ilegal” desplegado por el gobierno estatal contó con la “confirmada” ausencia de las policías estatal y federal, así como del Ejército.
Gobernantes temen rendir cuentas
Declararon que quienes gobiernan en Puebla se han enriquecido con el poder y “han hecho negocios con la política”, por lo que “temen al llamado a la rendición de cuentas”.
Hicieron un llamado al INE para que sea el garante “de la legalidad y la equidad electoral” y asuma su función de “guardián democrático”, como lo establece la Constitución federal.
El grupo parlamentario del PT enumeró hasta 15 incidentes durante los pasados comicios, como el robo de casillas en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en las colonias Guadalupe Caleras, La Loma, San José Mayorazgo, Tres Cruces, de Puebla capital; así como violencia interior de la entidad como en Ocoyucan, Tepeojuma y Tochimilco.
Cabe mencionar que, el martes pasado, en el hotel MM Grand, el cual se ubica a unos metros del Instituto Electoral del Estado (IEE), integrantes de Morena exhibieron a un grupo de personas, a quienes señalaron como personal al servicio del PAN, con actas y documentación electoral de presunta procedencia ilícita.
Promueven investigación por desvío de recursos
Asimismo, David Monreal Ávila, senador del PT, promovió un punto de acuerdo en la Cámara Alta en donde exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciar o fortalecer las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos para la campaña de Alonso Hidalgo.
Aseguró que, de acuerdo a una investigación del portal Animal Político, la virtual gobernadora electa dio de alta a la compañía “Asesores Feng” como prestadora de servicios de logística y organización de eventos en el periodo electoral por un monto de 699 mil 907 pesos.
Detalló que dicha firma fue registrada con domicilio en la unidad habitacional Bosques de San Sebastián, en Puebla capital, la cual es una zona de extracto social bajo y tiene como socio fundador a una persona que tiene como profesión la hojalatería.
Por lo anterior, acusó que la firma sería parte de una red de 25 empresas fantasma, las cuales se constituyeron entre 2013 y 2016 “con el mismo notario, socios y administradores, facturando al gobierno de Puebla 69.9 millones de pesos”.
Aseveró que los resultados de la investigación demostrarían que desde el gobierno estatal se favoreció a Alonso Hidalgo.