La defensa de Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que su clienta, en proceso penal, es “presa política” del gobierno federal.
En la denuncia, presentada en Washington por el abogado de Gordillo Morales, Marco del Toro, se señala a cinco funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto e integrantes del Poder Judicial como autores de “persecución política y violación de derechos humanos” contra la maestra.
De acuerdo con información difundida por El Universal, los presuntamente implicados son Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Educación, Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, señala a Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico de la Presidencia de la República, así como al actual líder sindical del magisterio, Juan Díaz de la Torre.
El documento, dirigido a Paulo Abrão, secretario Ejecutivo de la CIDH, afirma los mencionados orquestaron la “persecución política” de Gordillo Morales en 2013 por oponerse a la Reforma Educativa y a las otras modificaciones constitucionales impulsadas por el gobierno actual.
Asimismo, se señala a una consejera de la Judicatura Federal, magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, encabezados por Silvia Carrasco Corona, y Bernal Reyes por vulnerar el derecho de la maestra a un debido proceso.
Gobierno usó a medios contra ella, acusan
Por otra parte, también se acusa “el uso desmedido de los medios de comunicación”, por parte del gobierno federal, para calificar a califican a Elba Esther como una “persona que podría desestabilizar el orden y la paz en México”.
Finalmente, se dijo obligado ante el CIDH por “la imposibilidad real de encontrar remedio a gravísimas violaciones a los derechos humanos de mi defendida, víctima de actos y omisiones de autoridades mexicanas”.
En 2013, la entonces líder vitalicia de uno de los sindicatos más grandes de América Latina, con millón y medio de afiliados, fue acusada por la PGR de haber desviado dos mil 600 millones de pesos de fondos del sindicato a sus cuentas personales.
En mayo del 2017, Gordillo Morales fue declarada inocente de dos delitos de defraudación fiscal por 4 millones 394 mil pesos, por lo, a la fecha, sólo tiene pendiente un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada ante el juez sexto de distrito.
Cabe recordar que, el 15 de diciembre del 2017, se le concedió prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad México, en atención a su edad y salud deteriorada.
Editado por Luis Alberto Palacios
