Amnistía Internacional (AI) exigió a la FGE una investigación imparcial del asesinato del activista ambiental de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, además de que alertó que sus demás compañeros defensores estarían en peligro.
A ocho días de que el integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban fue hallado con profundas heridas de arma blanca en un motel a las afueras de Cuetzalan, la organización internacional recordó que el activista formaba parte de una coalición de movimientos sociales que se opone a concesiones mineras y la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en la región montañosa del norte de Puebla.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación penal contra él y otros siete activistas y defensores del Miocup y de la Unión de Cooperativas Tosepan por su participación en una sentada pacífica cerca del lugar propuesto para la conducción eléctrica a las afueras de Cuetzalan a finales de 2016 y en 2017.
Indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de la conducción eléctrica, presentó una denuncia penal contra los defensores y defensoras en enero de 2017. Los acusaba de obstaculizar una obra pública, acto punible con hasta un año de prisión.
Hemorragia, causa de muerte
Relató que, unos colegas de otra coalición de la que formaba parte Manuel Rodríguez, el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), informaron de que lo habían visto por última vez el 13 de mayo.
Dos miembros dijeron a AI que estuvieron con él en las oficinas de la coalición hasta bien entrada la noche y que, hacia las 12:30, uno de ellos lo vio lavando platos, antes de que se fueran a la cama en los dormitorios de la oficina.
La autopsia sitúa la muerte de Manuel Rodríguez entre la 1 y 2 de la madrugada del 14 de mayo, y establece como causa del fallecimiento una hemorragia masiva por tres profundas heridas de arma blanca.
Además, Manuel Rodríguez tenía heridas causadas por un objeto punzante y caliente en el hombro izquierdo, así como señales en la cara, que sugerían otras formas posibles de violencia. Sigue sin saberse quiénes fueron los autores.
Indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una investigación sobre su muerte, pero ha impedido irregularmente a sus abogados el acceso al expediente y aún no está claro si las líneas de investigación incluyen el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos.
Que el alcalde se pronuncie
Por ello, pidió al fiscal Víctor Carrancá Bourget que garantice una investigación imparcial y exhaustiva sobre la muerte de Manuel Rodríguez, que se asegure de que el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos forma parte de las líneas de investigación y que permita a sus abogados pleno acceso al expediente.
Que las autoridades garanticen la seguridad de los miembros de Miocup y del colectivo Tosepan e investiguen los ataques contra ellos.
Así como al alcalde de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, que reconozca de la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos medioambientales en la región y que se abstengan de socavar su trabajo ni en público ni en privado.
En tanto, la senadora Martha Tagle Martínez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGE para que intensifique las investigaciones por dicho homicidio.
Expresó su preocupación por el incremento de asesinatos contra activistas defensores de derechos ambientales, así como externó que hay “impunidad”.
