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La joya olvidada del amparo indirecto

En México tenemos un gravísimo problema de gestión hídrica y una debilidad aterradora con respecto a la rectoría del estado mexicano en materia de agua en los tres niveles de gobierno. Como país no estamos logrando dar una solución integral al problema de abasto de agua con accesibilidad universal para todos los mexicanos, ni tampoco estamos solucionando el serio problema de contaminación del agua de ríos, lagos, mares y pozos que contaminamos con aguas residuales de ciudades, comunidades e industrias. Sin el acuerdo de los tres niveles de gobierno es imposible lograr una buena administración del agua, ya que las atribuciones para regularla están desperdigadas generosamente entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios. La fracturación de estas atribuciones ha complicado en exceso la posibilidad de una solución. No solo no se destinan suficientes recursos desde el congreso de la unión para la gestión hídrica, sino que en los estados, los recursos destinados al tema desde los congresos locales son bajísimos o casi nulos. Ni que decir de la debilidad administrativa y financiera de los ayuntamientos, que muchas veces se dan el lujo de cobrar el agua y el saneamiento sin siquiera tener el abasto garantizado, la infraestructura o un departamento de agua dentro de sus administraciones.

Nuevo León, el único estado que hoy tiene un cien por ciento de cobertura y un cien por ciento de saneamiento de sus aguas residuales lo logró mediante una empresa pública estatal sin fines lucrativos que desde hace más de 23 años se puso de acuerdo con las autoridades federales y municipales para actuar de manera coordinada y con un proyecto a largo plazo. Seguramente su modelo aún será perfectible, pero la clave fue que el gobierno estatal a lo largo de varias administraciones ha entendido la importancia de su rol como articulador de soluciones construidas desde un presupuesto bien pensado, bien gestionado con la federación y bien complementado desde los presupuestos locales. Eso se llama armonización presupuestal para apoyar buenas políticas públicas y una eficacia administrativa que involucra a la ciudadananía, o sea, el derecho al agua ligado a responsabilidades hacia su uso y consumo. Lograr eso en otros estados, como el de Puebla o el de Oaxaca, ha sido materialmente imposible porque el rol articulador de los gobiernos estatales ha sido reducido a su mínima expresión.

¿Cómo obligar a los diferentes actores gubernamentales a ponerse de acuerdo para trabajar en un plan maestro a largo plazo que logre el objetivo de limpiar, por ejemplo una cuenca o un río? La solución nos la sugirió a un grupo de ciudadanos hace ya más de un año un inteligente abogado que propuso presentar ante un juez el caso específico de las omisiones de las autoridades en la cuenca del Atoyac Xochiac en el estado de Puebla. Nos planteó la posibilidad de una demanda colectiva, cuya acción jurídica es un amparo indirecto que presentan 30 ciudadanos en lo personal. Así las cosas, se presentó la demanda y va caminando con las complicaciones propias de un caso tan complejo y con el normal desencanto y desaliento que la lentitud con que se desarrollan las querellas jurídicas en nuestro país provoca en quienes buscan justicia por la vía de los tribunales.

Sin embargo hoy me entero de una fantástica noticia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado a diferentes autoridades locales de Oaxaca, así como a las autoridades de Conagua y Profepa a realizar las acciones necesarias para limpiar un río oaxaqueño también llamado, casualmente, Atoyac. Hace meses, quizás años,antes que nosotros en Puebla, un grupo de ciudadanos interpuso también un amparo indirecto cuyo fallo ha sido positivo para los demandantes, ordenando lo siguiente a diferentes instituciones de gobierno: se obliga a las autoridades de Oaxaca y de la federación a garantizar un medio ambiente sano para los habitantes de la entidad al señalar la obligación de ponerse de acuerdo para sanear las cuencas de los ríos Salado y Atoyac.

Los señalados por la Corte:

1.Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de Conagua
2.Delegado de Profepa en Oaxaca
3.Director General de Conauga
4.Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5.Nueve presidentes municipales, el presidente de la capital y otros ocho municipios de Oaxaca.

El cumplimiento en los términos que el fallo indique es obligatorio para todos los señalados.Es vinculante con las siguientes administraciones. Las consecuencias para los señalados van desde multas hasta destitución. El fallo compromete a las instituciones más que a las personas. Podrán cambiar los partidos que gobiernan, pero las instituciones están en jaque y eso es bueno. Este fallo obligará necesariamente a todas ellas a ponerse de acuerdo y a etiquetar los recursos necesarios para el cumplimiento del fallo, así como a aplicar las leyes y reglamentos a los actores que en dicha cuenca estén incumpliendo con las normas de descarga: gobiernos municipales, estatales, industrias, fraccionamientos, centros de servicios, rastros, centrales de abasto, etc. Las instancias señaladas se verán obligados a llevar a cabo las acciones necesarias y a crear un cuerpo de inspección y vigilancia fuerte y eficaz para cumplir con los términos del fallo.

Nos dijeron muchos que el amparo indirecto sería inútil, que perderíamos. Que había mil formas de darle la vuelta. Un grupo de ciudadanos y su abogado ya pudieron. La SCJN ha creado un valioso precedente para casos similares.

Ha sido una buenísima noticia para los oaxaqueños y es una excelente noticia para los promoventes de la acción jurídica para limpiar la cuenca del Atoyac en Puebla. Es una buena noticia para todos los que quieren encontrar una manera pacífica y civilizada de que las autoridades se coordinen para lograr que los ríos, mares y lagos se limpien en otros lugares del país. Hemos encontrado una acción jurídica que es una joya.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Verónica Mastretta

Verónica Mastretta
Licenciada en Relaciones Internacionales (UDLAP), ha sido Consejera Nacional de la Comisión para el Desarrollo Sustentable, Regidora presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, integrante de la Unión de Grupos Ambientalistas así como de la asociación Participación Ciudadana.
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