El encargado de despacho del Comité Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), Gustavo Guzmán Fernández, habría condicionado, a través de su hermano, una parte de un pago a un contratista a cambio de un “moche” de 592 mil pesos.
Fue en la actual administración de Antonio Gali Fayad cuando la dependencia tuvo que haber liquidado el servicio de suministro de material educativo para tres escuelas al interior del estado a dicho contratista: para el bachillerato de nueva creación 21EBH0950Y, ubicado en el municipio de Ajalpan; para la secundaria Melchor Ocampo, en Atlixco, además de la telesecundaria Lauro Aguirre de San Gabriel Chilac que fue reinaugurada el 13 de noviembre de 2017 por el actual ejecutivo del estado.
De acuerdo con fuentes, el costo del mobiliario destinado a los centros educativos asciende a un millón 589 mil 799 pesos los cuales, además del “moche” solicitado, adeudan 202 mil pesos.
El modus operandi
Una vez que el contratista entregó el equipo y mobiliario contratado en cada una de las escuelas, así como habiendo dado todos los trámites administrativos para la gestión de su pago ante dicha dependencia, fue citado en las Instalaciones del Capcee, transfiriéndolo a la oficina del hermano del encargado de despacho, Edgar Guzmán Fernández, quien cuenta con una oficina y usurpa funciones al interior de dicho comité, pues no aparece como empleado en los registros de transparencia del gobierno del estado.
Ahí, le fueron entregados dos cheques por distintos montos, con la condición de que uno de los títulos de crédito- el de mayor cantidad correspondiente a 592 mil 296 pesos- le fuera endosado en blanco.
Ante la negativa del apoderado legal del contratista, surgieron amenazas por parte de Edgar Guzmán, quien al ser cuestionado sobre su proceder dijo: “porque puedo”.
En un diálogo de más de 20 minutos cuyo audio se encuentra en poder de este medio, se escucha que el hermano del funcionario condiciona en que si no se le endosa en blanco el cheque intercederá para la no entrega de los demás pagos.
Una vez agotado el diálogo –señalaron las denuncias– entre ambos, él mismo da a conocer la situación a su hermano, Guzmán Sánchez, mediante llamada telefónica, quien le da su anuencia para no pagar hasta que se cumplan sus exigencias del moche.
La denuncia penal
Ante los hechos, fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de extorsión, donde ya se integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
Cabe señalar que obra en poder de la dependencia las actas de entrega recepción del contrato celebrado, material fotográfico y documentos que prueban la entrega del mobiliario y equipo didáctico a los planteles.
