En el Día Mundial del Agua, organizaciones civiles demandaron al Congreso de Puebla revocar la concesión del líquido, dar la administración a los municipios y exentar el servicio del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En un foro realizado en el Centro Histórico, reprobaron la intención de la empresa Concesiones Integrales de gravar el recurso hídrico con el IVA.
La Asamblea Social del Agua (ASA) condenó que la concesionaria actúe sin ninguna regulación por parte del gobierno del estado o del municipio de Puebla, lo cual le permite “adueñarse” del agua y lucrar con ella como cualquier mercancía a pesar de que el acceso es un derecho humano.
Acompañada de organizaciones defensoras del territorio y los recursos naturales, condenó que las autoridades permitan la venta del agua, aun cuando se han demostrado decenas de irregularidades con las que opera la firma Agua de Puebla, propiedad de Concesiones Integrales.
Refirió, por ejemplo, que el peor efecto que tuvo la privatización avalada en 2014 fue el incremento hasta en 500 por ciento en el costo del servicio, además que no mejoró como prometió la administración del entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle.
Además, denunció que desde 2016 la empresa emprendió una campaña de “hostigamiento” contra los usuarios, que fue desde el hecho de alterar los medidores, cerrar tomas sin previo aviso e incluso allanar las viviendas con el pretexto de detectan presuntas tomas clandestinas.
Van 140 amparos en dos años
Ante el cúmulo de anomalías y descontento social, en 2016, la ASA inició la defensa por la vía legal, que hasta el día de hoy ha resultado en la promoción de 140 amparos ganados, de los cuales, 95 han derivado en reconexiones y el resto, en condonación o disminución de adeudos por ser considerados excesivos por la justicia federal.
Aunado a ello, hace poco se anunció que se cobraría IVA al servicio del agua, lo cual generó el rechazo social, provocando que la empresa desistiera y Soapap encargara al Servicio de Administración Tributaria (SAT) analizar si el líquido se grava o no.
María Eugenia Ulloa García, integrante de la ASA, reprobó el hecho porque advirtió que agregar el impuesto sería inconstitucional, además de que violaría el derecho humano al acceso al agua.
Por todo esto, Jorge Romero Hernández, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla, resaltó la necesidad de impulsar una ley ciudadana, que sustituya a la Ley Estatal de Aguas creada por el Legislativo por órdenes de Moreno Valle con la intención de beneficiar a Concesiones Integrales.
La propuesta busca sentar las bases para garantizar el acceso equitativo y uso sustentable del agua, con interacción de los municipios, el estado y la Federación.
Equidad y sustentabilidad
Algunas de esas bases son la sustentabilidad, encaminada a limitar los volúmenes para usos no prioritarios; la plantación, destinada a generar acciones para cumplir con el derecho al agua; equidad y no discriminación, consistente en que toda persona tenga acceso y el acceso a la información, para concientizar y difundir sobre el uso adecuado del vital líquido.
Como objetivos, tendrá distribuir agua de calidad, transparencia en la administración, el correcto saneamiento y la soberanía alimentaria, mediante el uso de la infraestructura hidro-agrícola.
De acuerdo con la ASA, la iniciativa de ley se entregará al Congreso y se buscará que sea impulsada por los diputados, para lo cual se requieren 130 mil firmas que han estado recolectando en los últimos meses.
Se espera llegar a la meta en junio, por lo que durante las campañas electorales las organizaciones se reunirán con los candidatos a diputaciones locales para promover la propuesta a cambio de apoyo.
