El 8 de marzo se conmemorará por 107 ocasión el Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha de este género por una sociedad más justa y equitativa, que aún no se logra, pues la violencia hacia este sector continúa; esta es una parte del caso de Puebla.
En 2015, el Congreso local aprobó aumentar de 40 a 60 años la pena contra alguien que cometa feminicidio; en ese año, datos del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportaron 50 asesinatos de ese tipo, 16.6 por ciento menos que en 2014 con 60, cifra que a su vez creció 20 por ciento respecto a 2013.
Hace casi dos años, la asociación Todos para Todos solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, que emitiera la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM).
Seis meses después, la Federación dio 11 recomendaciones al gobierno de Puebla, las cuales tenía que cumplirlas en medio año y luego, determinar si era necesaria la alerta; sin embargo, en ese 2016, el número de asesinatos llegó a 82, con un preocupante 64 por ciento más que en 2015.
En julio de 2017, la Conavim emitió ocho nuevas recomendaciones a la administración entonces ya encabezada por Antonio Gali Fayad; el límite para cumplirlas también fue de seis meses que se cumplieron sin que aún haya un resolutivo.
Mientras, 2017 cerró con 101 muertes violentas documentadas en medios de comunicación, es decir, la cifra más alarmante y este año suman 20. Esto sólo hablando del nivel más alto de violencia contra las mujeres: el feminicidio.
También está la violencia feminicida, que es por lo que se tramita la alerta de violencia de género y tiene que ver con el conjunto de delitos contra las mujeres (humillar, amenazar, abusar sexualmente, etcétera) en un territorio donde impera la impunidad y la inacción del gobierno estatal, indicó Cynthia Galicia Mendoza, maestra en estudios de género del Colegio de México (Colmex).
“Hay misoginia estatal y de la sociedad civil que se niega a ver el fenómeno como problema que está culturalmente”, aseveró en entrevista con Ángulo 7.
¿Razones de género limitativas?
¿Por qué no hay “hombricidio”? Porque ellas no son asesinadas por las mismas razones. En el feminicidio, el responsable considera que el cuerpo de la mujer es un objeto y hasta “una basura”, ahí están las razones de género; es la gran diferencia, agrega.
El feminicidio es el tipo penal que necesita cumplir con requisitos concretos; el código de Puebla es el que más causales contempla en el país con nueve que son: que el sujeto activo lo cometa por odio a las mujeres, que se realice por celos extremos o cuando existan datos que establezcan lesiones previo o posterior a la privación de la vida.
También, en caso de antecedentes de violencia en los diferentes ámbitos, que haya entre el activo (señalado) y la víctima una relación de confianza, cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas, que la afectada haya sido incomunicada previo a ser matada, que el cuerpo sea expuesto en un lugar público y que la mujer asesinada tenga parentesco con el victimario.
En general, el feminicidio, en todos los tipos penales, será por razones de género, las cuales son mucho más amplias que los artículos que vienen en códigos porque no es limitativo y permiten al Ministerio Público (MP) ampliar lo que entiende como feminicidio por el hecho de ser mujer, comenta la especialista.
Ello –acentúa– implica reconocer el contexto en el que están insertas las mujeres, que su vez tiene que ver con las relaciones sociales y los perfiles de la mujer y el hombre poblanos que reproducen violencia.
La “importancia” del rol social
Hay algo particular en caso de Puebla: las mujeres asesinadas estando embarazadas es una característica territorial que se relaciona con la formación cultural-mágico-religiosa porque es muy importante el matrimonio como institución.
Lo anterior, pese a que se trata de un estado cercano a la Ciudad de México, una metrópoli que desde su Constitución plantea un modelo cultural vanguardista.
Entonces, hay que cuestionarse cuáles son los perfiles de la mujer y del hombre en Puebla que permean y reproducen violencia, porque el mensaje para ellos en el estado es que pueden asesinarlas sin que haya consecuencia legal; “Mira, la maté, yo soy el varón”.
En Puebla se puede observar que hay odio basado en que la mujer no cumple con el rol social establecido y la situación va a ser diferente de Quintana Roo, Querétaro u otra entidad.
Eso, señala Galicia Mendoza, es lo que tiene que cambiar: el concepto en el que pareciera que los feminicidios en Puebla son inevitables, como si no pudiera hacer nada la autoridad, que es lo que a veces argumenta cuando se individualiza los casos.
Por ejemplo, indica, el hecho de que el asesino de Mara Castilla Miranda está en la cárcel no significa que no haya otro feminicidio porque este es un problema estructural que tiene que ver con la inacción del Estado.
Este último, comenta, no manda el mensaje claro de que la violencia feminicida no está permitida ni tolerada por las autoridades y el problema, en parte, es porque no le quedan claras las razones a los operadores de justicia, lo cual también afirmó Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), en su vista a Puebla hace casi cuatro meses.
“A ver, ya tipificaste, órale, ahora dime cuándo vas a capacitar a todo tu personal para que conozca la reforma”, inquirió Galicia Mendoza.
Trata de personas y el otro mensaje
Luego –continúo– está la trata de personas dado que Puebla, de acuerdo con la CNDH, en 2014 ocupó el primer lugar con más averiguaciones previas por este delito y, a que tiene como vecino a Tlaxcala, conocida como “la cuna” del tráfico de personas.
Incluso es conocido como el corredor Puebla-Tlaxcala, al que la CNDH-ONU Mujeres señaló como la zona sumergida durante 20 años con este problema que representa el segundo “negocio” ilícito más redituable en el mundo, después del narcotráfico.
Galicia Mendoza enfatiza que ese delito implica un nivel de inseguridad que manda otro mensaje a todos los que hacen violencia: “acá en Puebla no pasa nada, hay impunidad”.
Y es que la especialista hace hincapié en el hecho de que, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno del estado (que está en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género) de 2009 a 2016, hubo 474 casos de muertes de mujeres, de los que 84 corresponden a feminicidios, 371 a homicidios dolosos y en 19 no se especifica si son feminicidio o asesinato.
Otra cosa que el documento recalca es que, entre 2001 y 2010, en Puebla se registraron 570 homicidios de mujeres, de los que 171 se localizaron en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, además de que el feminicidio está ligado a la desaparición.
No sólo eso, sino que los territorios sin ley se han constituido en extremo violentos para las mujeres. Entre ellos se encuentra Villa Lázaro Cárdenas, localidad del municipio de Venustiano Carranza, que colinda con Veracruz.
Misoginia de la sociedad civil
Galicia Mendoza subraya que el informe también indica que la Fiscalía General Regional registró (de 2007 a septiembre de 2015) 284 averiguaciones previas por homicidios dolosos contra mujeres, de los que 82 fueron consignados y, adicionalmente, hubo 81 casos de suicidio, un número “impresionante” como si se tratara de un fenómeno masivo, ironiza a la vez que resalta “algo anda mal”.
Recalca que los casos de transgénero, transexuales o travestis también deben de ser considerados como feminicidios —10 de 284 homicidios dolosos en dicho periodo– ya que son cuerpos que son feminizados.
La criminalización no resuelve el problema, sino una política integral de violencia, indica la también investigadora de la UNAM, quien también que asevera que “a simple vista” se nota que no hay una coordinación entre autoridades que resuelven casos de feminicidios.
Lo anterior es importante porque, si una mujer llega a recibir apoyo porque sufrió violencia es responsabilidad de las primeras instancias a las que llega a reportar. El informe registra 277 órdenes de protección reportadas por la Agencia de Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, de 2013 a 2015.
El problema es estructural y tiene que ver con la moral como eje central, insiste Galicia Mendoza, quien considera que no se resolverá con el aporte por el derecho penal, pues el sistema es misógino y ello no se traduce en justicia.
Prohibido asesinar mujeres dolosamente
Entonces, acentúa, la pelea debe ser por los deberes del Estado y que el gobierno local mande el mensaje de que “está prohibido asesinar a mujeres dolosamente con o sin feminicidio en Puebla”, empezando por el hecho de que las instituciones tengan una política de víctimas y evitar que la Fiscalía General del Estado (FGE) deje de mandar boletines en los que resalten que una mujer no estaba desaparecida, sino “con el novio”.
Al hacerlo, afirmó, el mensaje para las demás mujeres es: mira, si tu novio te secuestra, esto es lo que van a decir las instituciones. “No salgas a la calle porque te van a matar”, mientras que para los hombres es un: puedes asesinar.
Se cultiva un terrorismo de Estado, porque este alienta a no salir a la calle a través de la inacción; más bien –indica—mientras este no tenga claro que todos estos asesinatos son su responsabilidad y los puede evitar, van a seguir apareciendo muertas, aún con los perpetradores en la cárcel y con una “súper tipificación”.
¿Cómo evitarlos? con una política integral que tiene muchas aristas, entre éstas las órdenes de protección y promover la no violencia para que no haya declaraciones como las de la iniciativa privada, como cuando la Coparmex señaló que activar la alerta de género frenará el turismo.
“Hay que recordarles a las autoridades que las mujeres no estamos dispuesta a abandonar el espacio público y, en ese sentido, o nos protege o nos protegemos”, concluyó.
