La (nueva) caída de Videgaray
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la política exterior es demasiada importante para dejársela a Luis Videgaray. El funcionario mexicano que más acceso ha tenido a la Casa Blanca en la historia, está siendo arrollado por el desmoronamiento, en cámara lenta, del entorno más íntimo del presidente Donald Trump, encabezado por su yerno Jared Kushner, con quien el secretario de Relaciones Exteriores había desarrollado un vínculo tan estrecho que hubo ocasiones, cuando visitaba la mansión presidencial, que lo metió sin protocolo de por medio a ver a su suegro en la Oficina Oval. Atado a Kushner desde agosto de 2016, Videgaray tuvo un renacimiento cuando Trump ganó la presidencia, y de la mano del yerno se metió, literalmente, hasta la cocina. No fue todo caminar sobre algodones. Su gran problema fue siempre Trump, con su torpeza y soberbia, que como hoy día no le importa atropellar a quién tanto ha hecho por su presidencia. Para él, Videgaray luce más que desechable.
La primera gran caída de Videgaray se dio en el verano de 2016, cuando en plena campaña presidencial arregló con Kushner y su esposa, Ivanka Trump, la hija del entonces candidato republicano, un viaje relámpago a la Ciudad de México para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto. Fue una debacle política y de opinión pública, donde los decrecientes positivos del mandatario cayeron todavía ocho puntos más, no disminuyó la antipatía de Trump por todo lo que oliera a mexicano, y provocó la renuncia de Videgaray como secretario de Hacienda. Al ganar Trump, Peña Nieto volvió a recurrir a él para enviarlo a un viaje secreto a Nueva York, a mediados de noviembre, para hablar una vez más con Kushner y allanar el camino para una relación bilateral institucional.
En enero de 2017, triunfante, una vez que desplazó a Claudia Ruiz Massieu como canciller, quien se había opuesto al viaje de Trump, Videgaray se reunión en la Casa Blanca con Kushner y el equipo del presidente entrante, para organizar una visita de Peña Nieto. Fue un desastre ese encuentro, por la actitud de Trump y su entonces consejero Stephen Bannon. Uno de los presentes diría tiempo después que nunca se había sentido tan agredido y humillado como ese día infame en la Casa Blanca. Empero, Videgaray y Kushner colocaron sobre ruedas la relación bilateral, aceitada por el mexicano durante sus frecuentes visitas a Washington, donde gozaba de un inédito acceso a la Oficina Oval.
Nada era gratis. En septiembre del año pasado se publicó en este espacio la columna ‘El amigo de Videgaray’, donde se apuntó: “Eso de andar de ‘queda bien’ con el presidente de Estados Unidos, le debían haber dicho al diplomático bisoño Luis Videgaray, nunca ha sido una buena idea. Con el gobierno de Estados Unidos hay que seguir la máxima atribuida a John Foster Dulles, secretario de Estado en la administración de Dwight D. Eisenhower: ‘Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses’”. Plegar la política exterior mexicana a la agenda de Donald Trump sólo ha recibido desprecio como pago.
Desde que llegó Videgaray cambió la orientación de la política exterior con Venezuela y tomó partido por la oposición al presidente Nicolás Maduro. Fue el primer país que acató el llamado del vicepresidente Mike Pence para endurecer su relación con el régimen de Kim Jong-un y declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, sin razón alguna. Rompió también una larga posición en el conflicto israelí-palestino y cuando Trump anunció que cambiaría su embajada a Jerusalén, violando resoluciones de Naciones Unidas, México se abstuvo de censurar a ese gobierno y rechazar la medida, como sistemáticamente había hecho en el pasado y como el mundo se unió contra el presidente estadounidense. En aquél texto de septiembre, se llamó a Videgaray “el canciller más pronorteamericano que se recuerde en mucho tiempo”.
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Sobre los malos gobiernos y los sismos
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Milenio, señala que para que sea exitoso el proceso de limpieza y reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre vamos a necesitar consenso político, gobiernos eficaces y participación ciudadana. Ayer hablé de los problemas del primer factor: con la elección del 2018 tan cercana, los partidos siguen más en una lógica de competencia y división que de cooperación y unión. Hoy analizo el problema de contar con gobiernos ineficaces y, por tanto, incapaces de llevar a cabo el complejo proceso que viene.
¿Qué es un buen gobierno? Existe un montón de trabajos filosóficos y empíricos que presentan múltiples y divergentes teorías. Pero, con la que quiera usarse, la triste realidad es que México tiene gobiernos (federal, estatales y municipales) ineficaces. Con toda razón, Luis Rubio ha dicho que el gran problema de México es su mala gobernanza.
Los datos así lo comprueban. El reporte anual sobre competitividad del Foro Económico Mundial incluye múltiples variables que miden la eficacia gubernamental. México está por los suelos en muchas de ellas. Ocupamos el lugar 125, de 138 países que aparecen en el estudio, en “desvío de fondos públicos”, el 103 en “sobornos y pagos irregulares [hacia el gobierno]”, el 124 en “favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales”, el 94 en “despilfarro de gasto del gobierno” y el 118 en “cargas regulatorias gubernamentales”. La realidad es apabullante. Los gobiernos en México son corruptos, gastan mal y regulan deficientemente.
No por nada, la gente no confía en las instituciones gubernamentales, salvo en las Fuerzas Armadas. Lo estamos viendo en la delicada situación por los sismos. El terremoto del 7 de septiembre afectó a los dos estados más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. La ayuda del gobierno federal y la sociedad civil comenzó a fluir, pero rápidamente aparecieron historias de extraños desvíos. Ante esto, y para evitar un escándalo mayor, el gobierno federal insistió que los apoyos se estaban canalizando únicamente a través del Ejército y la Marina. Ninguna institución gubernamental más estaba involucrada. En cuanto al temblor del 19 de septiembre, también ya empezaron a surgir historias de la presunta utilización de los bienes con propósitos políticos, sobre todo en Morelos.
Y esto apenas está comenzando. Lo que viene –limpieza y reconstrucción– es todavía más delicado. Todos coinciden, hasta los neoliberales más granados, que en este proceso se va a necesitar mucha planeación, intervención y regulación gubernamental. En este tipo de emergencias es cuando más se requiere al gobierno. ¿Están listas y capacitadas las autoridades para esta labor? No lo creo.
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La explicación pendiente de Anaya
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que son de bisutería. Florestán
Desde que se comenzó a publicar que la fortuna familiar de Ricardo Anaya superaba los 300 millones de pesos, el entonces presidente del PAN preparó una defensa que traía en su computadora para demostrar, decía, la falsedad de la información.
El power point se lo enseñaba a todos. Dedicaba horas del día a reuniones con medios, dueños y periodistas en las que mostraba, paso a paso, lámina a lámina, movimiento a movimiento, el origen de ese señalado enriquecimiento que era, básicamente, decía, a partir de la fortuna de su familia política.
Y la verdad es que sus datos parecían irrefutables: copias, contratos, recibos, escrituras, antecedentes, gráficas, documentos, corridas financieras, fechas, lugares, nombres, no había un punto que pareciera dejar en la oscuridad de la duda.
De ese modo el caso, jurídico, periodístico y hasta político, parecía una prueba superada por su explicación contundente más el tiempo, empeño y determinación en demostrar la falsedad de la acusación.
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¿Y por qué Anaya no declara?
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que tienen razón escritores y periodistas preocupados por la investigación que lleva a cabo la PGR contra Ricardo Anaya.
Es correcta la llamada de atención, a la autoridad respectiva, respecto a la urgencia que tiene el caso, en especial ante los tiempos fatales del proceso electoral presidencial de julio próximo.
Es decir, la autoridad debe acelerar las indagatorias que vinculan a Ricardo Anaya con un presunto lavado de dinero, a fin de esclarecer la presumible comisión de un delito en el caso del aún candidato presidencial de la coalición PAN, PRD y MC.
Sin embargo, resulta simpático —si no es que ridículo— que tanto los escritores, periodistas y activistas de la llamada “sociedad civil organizada” que urgen en la aclaración del caso no sean capaces de entender que los relojes de la justicia, de la política y de los procesos electorales no están sincronizados a partir del interés de un solo “huso horario”.
Dicho de otro modo, que los tiempos de la política, de un proceso penal y de una elección presidencial tienen distintos plazos, diversos intereses, diferentes motivaciones y objetivos dispares.
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¿Ahora sí sacarán la guadaña en el PRI?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que la cúpula del PRI prepara un evento para mañana con el que busca dar una señal de que va contra los corruptos: el dirigente Enrique Ochoa Reza instalará la Comisión de Ética para revisar el comportamiento de sus militantes y proponer castigos a los malos elementos. Nos hacen ver que una de las primeras tareas de la Comisión podría apuntar a quitar los derechos partidistas a dos ex gobernadores en la mira, César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Sandoval, de Nayarit. Nos detallan que el candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, acudirá al evento y emitirá un mensaje para mandar la señal de que no habrá más permisividad con actos de corrupción. Por cierto, el presidente de la Comisión es un ex presidente del partido, José Antonio González Fernández, quien estuvo al mando en la etapa de Ernesto Zedillo. ¿Ahora sí sacarán la guadaña?
La PGR y el caso Anaya
El tema de la investigación que la Procuraduría General de la República realiza sobre una presunta red de lavado de dinero en la que ha sido mencionado el candidato presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, y que ha generado señalamientos contra el gobierno federal por un presunto uso político de las instituciones, podría tener una salida. Expertos en leyes nos dicen que la PGR debe decir a la brevedad si existen o no pruebas contundentes contra el abanderado panista, al tiempo de que don Ricardo puede presentarse voluntariamente a la procuraduría para ofrecer su declaración sobre lo que sabe del caso. De lo contrario la liga se seguirá estirando y acabará por golpear a alguna de las dos partes.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que la ceremonia de inauguración del Programa Conmemorativo por los 50 Años del Movimiento Estudiantil de 1968, hoy en el Centro Cultural Tlaltelolco, reunirá a personajes relevantes de los ámbitos político y cultural con el rector de la UNAM, Enrique Graue, como anfitrión.
Participarán el presidente del INE, Lorenzo Córdova; el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín; la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, y el escritor Jorge Volpi.
Llama la atención que no figure ningún protagonista de aquel episodio en la lista prevista para este primer anuncio.
Que por unos segundos coincidieron Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador durante la Expo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
El panista se tardó en abandonar el salón donde se desarrollaron las ponencias por atender las selfies y fue cuando llegó el tabasqueño, aunque la fotografía que muchos esperaban no se dio. Eso sí, afuera del salón, el queretano continuó su recorrido de fotos por casi 30 minutos.
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