Por contradicción jurídica, las víctimas de violación en Puebla no pueden abortar si no es en un hospital privado y tras ganar un juicio, por eso en el Congreso local se exigió atraer una ley federal que lo permita sin orden judicial y en centros de salud.
La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es donde está reconocido el derecho a interrumpir el embarazo, sin embargo, en el artículo 284 Ter del Código Penal, tal medida está catalogada como un delito, es decir, una ley se contrapone a otra.
Además, la intervención médica solo está permitida para el público en general en establecimientos privados, mientras que en los públicos sólo se puede practicar en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para lo cual es obligatorio ser derechohabiente.
Por tal motivo, las personas de escasos recursos y que no están afiliadas al IMSS no tienen la posibilidad de acceder a un aborto seguro y legal.
Para evitar el trámite, discusión y el proceso que tardaría hacer una reforma propia para el estado, se propuso mejor atraer una norma constitucional que está vigente desde el 2005, para que el código local se homologue con el federal.
La NOM-046-SSA2-2005 establece que las víctimas de violación tienen derecho a recibir en los centros de salud más cercanos atención médica gratuita, métodos anticonceptivos de emergencia, profilaxis para VIH y, si ya hubo fecundación, la interrupción del embarazo de manera gratuita.
Atención psicológica gratuita
Esta norma está reconocida en la Constitución federal, en la Ley de Protección de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de la Salud, en la que se establece que las víctimas –sin importar la edad que tengan– también deben recibir atención psicológica gratuita, incluso sin que la soliciten.
Asimismo, señala que la prestación de estos servicios no debe estar condicionada a la presentación de denuncia o querella, es decir, que la solicitante no necesita haber denunciado al responsable para acceder a ellos.
Para recibir los servicios –excepto el aborto– las mujeres abusadas sexualmente pueden solicitarlos en persona en cualquier momento, mientras que si requieren interrumpir el embarazo, requerirán la “autorización de la autoridad competente”, firma de consentimiento y, en caso de ser menor de edad, el permiso de los padres, o a falta de éstos, de un tutor
La iniciativa de atraer la norma fue presentada este miércoles en la sesión ordinaria del Legislativo local por los diputados del partido Compromiso por Puebla (CPP), Carlos Daniel Gutiérrez Olivares y Germán Jiménez García.
Sin embargo, el oficio no se votó durante la sesión, sino que se mandó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos e Igualdad de Género para que ahí la “analicen” y, en su caso, la aprueben.
Ayuntamientos contra “Ciudad Modelo”
Por otro lado, en puntos generales, los ayuntamientos de Mazapiltepec y Soltepec remitieron a los diputados un oficio para exigir que se deje sin efectos los convenios de colaboración que firmaron entre sí en 2015, en referencia a donde aceptaron la conformación del Organismo Público Descentralizado (OPD) “Ciudad Modelo”, argumentando que en ese momento estuvieron de acuerdo con los alcances que se proyectaban, sin embargo, al ver los resultados, cambiaron de opinión.
Esto debido a que han acusado –incluso por la vía legal, mediante una controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- que el organismo ubicado junto a la planta Audi, ha violentado su autonomía como municipios al administrar la prestación, distribución y cobro de servicios, excluyendo a los ayuntamientos de los beneficios.
También en la sesión se presentó y aprobó la renuncia de Catalina Daza Hernández a la titularidad de la Contraloría Interna del Congreso, mientras que se propuso (y también se avaló) remplazarla por Clara Leyva Márquez.
De acuerdo con el presidente del Legislativo, Carlos Martínez Amador, la ahora excontralora renunció porque tiene “una invitación de tipo profesional”, pero se negó a dar mayores detalles.
