La liberación de Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, el pasado 27 de enero, por sentencia absolutoria en el proceso 195/2015 del juzgado octavo penal; y la conclusión del procesamiento penal de Sergio León López y Silverio Montes Silva por sentencia absolutoria en el proceso 452/2015 del juzgado tercero penal notificada el 7 de febrero; marcan, para la 28 de Octubre, el cierre de la defensa de sus presos y procesados políticos. Simitrio, sus hijos Xihuel y Rubén, esposa Rita Amador y la nuera Luz Gálvez han quedado, como los previamente mencionados, libres en absoluto de toda culpa. Todos han demostrado, dolorosa pero fehacientemente, la verdad irrebatible de su denuncia pública: estar siendo objeto de la más feroz persecución política por un gobierno que ha hecho de la exclusión, la violación de los derechos humanos, y de toda ética en el ejercicio del poder; el cimiento de su permanencia al frente de las instituciones públicas.
El fenómeno de los presos, procesados y perseguidos políticos en el estado de Puebla está mostrando claramente una forma de hacer gobierno en la que, bajo el argumento de la inversión de capital y la creación de empleo “como motores del desarrollo”, se han legalizado la violencia y el despojo como fórmula y triada básica para hacer negocios. El poder estatal ha sido puesto al servicio del capital –sea cual fuere su origen- en detrimento y agravio del grueso de la población. El mecanismo burdo ha sido la conversión irracional de la prisión preventiva en trampa predilecta del poder ejecutivo para segregar a los adversarios políticos y a los opositores insumisos frente a la obra pública que hace del erario fuente de negocio para particulares favorecidos. Su expresión más absurda es el denodado empeño por meter a la cárcel a inocentes dotados de alguna conciencia política, con la laxitud institucional que se advierte frente a la delincuencia en general.
En este contexto el ataque desmedido y la rudeza utilizada contra esta organización de ambulantes constituye el botón de muestra más visible del quehacer político de un gobierno de derecha para deshacerse de una organización popular que enarbola un proyecto diferente de organización social, de tareas del Estado, de distribución de la riqueza producida socialmente, de modo de vida de la población; es decir, un distinto proyecto de sociedad basado, preferentemente, en la virtud de las personas y no en el valor económico de sus posesiones materiales. En democracia, las diferencias políticas deben discutirse. Reprimirlas, degenera en antidemocracia y exclusión social.
Recurrir, en anómalo ejercicio de gobierno, al uso abusivo de la institucionalidad del Estado y la corrupción del estado de derecho, acredita no solo la ausencia de ética, sino una inclinación perversa que busca conservar el poder público para beneficio exclusivo de élites apoderadas del mando institucional. El propósito es seguir ejerciendo el poder de la misma manera en que lo han hecho hasta ahora. La dantesca realidad social que observamos cotidianamente, tan descompuesta política, económica, social y moralmente, representa su proyecto político de organización de la sociedad puesto en práctica.
Junto al surgimiento de cada preso, procesado o perseguido político existió, de manera previa, un conflicto derivado de la imposición de una inversión de capital en obras, públicas o privadas, que afectaron derechos de propiedad, culturales, laborales o humanos de los habitantes cercanos a las mismas; cuya actividad política y legal en defensa de esos derechos vulnerados, tuvo como respuesta oficial una acusación falsa de delito que los puso tras las rejas o los amarró a un proceso penal. Es decir, la autoridad ha venido actuando, no con la ley en la mano, sino con el argumento de la fuerza frente a los ciudadanos.
En estas circunstancias el conflicto que enfrenta la 28 de Octubre se ha vuelto referente imprescindible para valorar la acción de gobierno y la problemática que representa la persecución política en Puebla. Con todo el peso del Estado volcado en su contra, únicamente su valerosa resistencia civil pacífica y el invaluable apoyo organizativo y moral de los poblanos han hecho posible demostrar lo absurdo y enfermizo del ataque político en su contra. No se trató de un yerro puesto que el gobierno jamás lo reconoció como tal, ni tuvo actitud de rectificación. Se evidenciaron inmorales. Un gobierno que no justifica la legalidad de sus actos se convierte en el principal violador de ella y su acción se torna ilegítima y autoritaria.
Aun cuando a primera vista pudiese parecerlo, tampoco es un problema atribuible a la incompetencia profesional de algunos funcionarios del Estado. No. Por el número tan grande de casos registrados se trata del modus operandi; es decir, es su modo de ver el mundo; de concebir un tipo de organización de la sociedad; del papel del Estado; del ejercicio del poder político y de un modo de gobernar que, sin reparar en su pérdida de ética y humanismo, vilipendia la dignidad de las personas gobernadas. Es aquí donde los poblanos necesitamos poner ojo y crear conciencia para examinar si éste es el tipo de sociedad que deseamos conservar. Para la 28 de Octubre el asunto está claro: Puebla y el país no merecen un destino político que les agravia, humilla y desangra. En cambiarlo pondrá su modesto esfuerzo.
En este conflicto quedan agravios pendientes que ya no formarán parte de esta serie: un asesinato político sin esclarecer; puestos de trabajo por recuperar y una reparación político social del daño causado, entre otros. El acompañamiento solidario político, social y moral de los poblanos seguirá siendo, como siempre, el punto de apoyo imprescindible.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de febrero de 2018.
José Samuel Porras Rugerio
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