El ayuntamiento de Puebla negó al líder estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, datos de las “ayudas sociales” que dio el panista Eduardo Rivera Pérez en 2013, debido a que la cuenta pública es investigada; luego, liberó la información por orden del Itaip.
Cinco meses pasaron para que se concluyera la solicitud de información que el líder tricolor hizo ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (Itaip), ya que fue hecha el 14 de agosto del 2017 y se cerró el pasado 19 de enero.
Esto debido a que la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Puebla no otorgó la información completa, reservó alguna y, cuando por fin dio toda la que se solicitó, omitió acompañarla de documentación que la sustentara.
De acuerdo con el expediente número 234/CGT-PUEBLA-02/2017, publicado en los estrados del Itaip, Estefan Chidiac pidió al gobierno municipal que entregara los montos ejercidos en el concepto de “ayudas sociales” de los años 2011 al 2017, así como la información de a qué personas físicas o morales fue destinado dicho recurso.
También pidió una lista en la que se señalara una descripción breve de los proyectos en los que se aterrizó la inversión y ubicación de los lugares en donde se realizaron dichos proyectos y alcances de los mismos.
Omiten datos por juicio sobre cuenta pública
Adicionalmente, solicitó dar a conocer cuáles fueron los criterios de la asignación de los recursos, así como los resultados esperados o la forma de evaluar los proyectos realizados, además de señalar a los funcionarios encargados de la revisión del proceso durante los años referidos.
El 11 de septiembre, el gobierno municipal emitió su respuesta a través de Mónica Sánchez Kobashi, titular de la unidad de Transparencia, quien informó que durante 2011 se ejercieron 571 millones 279 mil 523 pesos; en 2012, 680 millones 177 mil 36 pesos y, en 2013, señaló que “se encuentra en Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades”.
Esto en referencia a que el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE) presuntamente encontraron que Rivera Pérez cometió un daño patrimonial por 2 mil millones de pesos, motivo por el cual inhabilitaron 12 años al panista y le impusieron una multa de 25 millones de pesos, sanciones que el acusado impugnó en tribunales y el proceso legal se mantiene abierto.
Con respecto a los años de 2014 al 2017, que corresponden a la administración de Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, en el expediente del Itaip se indica que se envió a Estefan Chidiac un documento de excel anexo con la información, así que se desconocen los montos.
Información fue incompleta
El resto de la información (la descripción de los programas y los alcances) también fueron respondidos en un documento anexo, mientras que lo concerniente a las personas a las que fueron dedicadas, así como los lugares en que se ejercieron los apoyos, se indicó que aún estaban en “proceso de evaluación de impacto” de datos personales, así que no se proporcionaron.
Por tal motivo, el líder estatal del PRI –que hizo su solicitud en este papel y no como ciudadano o diputado federal (que también lo es)– interpuso un recurso de revisión el 28 de septiembre, señalando que la información estaba incompleta.
Además indicó que la respuesta del ayuntamiento era “violatoria de los principios de legalidad, certeza, congruencia y seguridad jurídica, debido a que dicha respuesta adolece de la debida fundamentación y motivación ya que la misma se aparta de preceptos normativos”.
El gobierno municipal respondió hasta el 10 de noviembre, justificando su respuesta, pero fue hasta el 9 de enero de este año que el Itaip informó de la réplica a Estefan Chidiac y le requirió más datos al ayuntamiento, que el 15 de enero remitió un disco compacto con la información que faltaba.
Como el líder priista ya no alegó de la información, se entendió como dado por satisfecho y, el 19 de enero, el instituto cerró el caso.
