El Alto Comisionado de Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos (ONU-DH) acusó probables violaciones a los derechos humanos, por fuerzas de seguridad, tras el operativo para desamar a policías comunitarios en La Concepción, Guerrero.
Después del enfrentamiento entre elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y civiles armados, ocurrido el pasado domingo en dicha comunidad guerrerense, cercana a Acapulco, con un saldo de ocho muertos, policías y militares fueron desplegados “para restablecer el orden”, lo sumó los decesos de tres comunitarios.
A través de un comunicado, la ONU-DH reportó que, durante esta acción de las fuerzas del orden, recibió informes sobre “ tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
En este contexto, advirtió que el gobierno estatal de Guerrero presenta una “narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas” y “no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo”.
Acusa agresiones a periodistas
Asimismo, condenó las agresiones de fuerzas de seguridad a periodistas, en particular al fotoperiodistas Bernardino Hernández, quien tuvo que ser hospitalizado, y del robo de material gráfico sobre la cobertura de los hechos, lo que podría “representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.
Por lo anterior, urgió al gobierno de Héctor Astudillo Flores a garantizar condiciones de seguridad adecuadas para las personas de la comunidad, incluidos los detenidos y sus familiares, así como para los abogados, periodistas y activistas que trabajan actualmente en el caso.
Cabe recordar que fue el 7 de enero cuando se reportó que el enfrentamiento entre comunitarios y civiles en La Concepción dejó 8 muertos el sábado; un día después, la balacera entre comunitarios y policías estatales que intentaron desarmarlos sumó tres decesos.
Editado por Luis Alberto Palacios
