Un día antes de terminar el plazo para armonizar la ley general del Sistema Anticorrupción en los estados, el Congreso de Puebla avalará la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que podría instalarse hasta dentro de seis meses.
Lo anterior, luego de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales avaló sin modificación la iniciativa —recibida hace cinco días— del gobernador Antonio Gali Fayad para la creación de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Anticorrupción de Puebla.
Al respecto, el diputado del PRI, Sergio Céspedes Peregrina, quien es integrante de dicha comisión, aseguró que la propuesta del Ejecutivo fue avalada por unanimidad, pues argumentó que se trata de una homologación a la ley federal por lo que no ameritó modificaciones.
Añadió que los legisladores que estén inconformes con la iniciativa de ley podrán apelar en tribuna durante la sesión ordinaria de este martes, pues aseguró que hay apertura para hacer algunos cambios si se requiere.
Este mismo lunes, se realizó la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde los coordinadores de bancada avalaron que el dictamen se presente al pleno legislativo para su aprobación final este 18 de abril, un día antes de vencer el plazo para la armonización de la ley federal con la local.
En entrevista, el presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, precisó que los tres magistrados que estarán al frente del nuevo tribunal durante 15 años improrrogables serán propuestos por Gali Fayad y serán sometidos al pleno para su ratificación.
Refirió que el Tribunal de Justicia Administrativa deberá quedar instalado y entrar en funciones a más tardar dentro de los ciento ochenta días naturales –seis meses– contados a partir de la entrada en vigor del decreto de ley.
Presentar diagnóstico cada 5 años
Cabe mencionar que, dicho tribunal tendrá como función imponer las sanciones a los servidores públicos que sean acusados de corrupción.
Los magistrados estarán hasta 2032 y tendrán la obligación de presentar cada 5 años un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre su trabajo ante el tribunal.
No obstante, el artículo 29 señala que podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas graves: incurrir en violaciones graves a los derechos humanos a en faltas administrativas graves; haber sido condenado por delito doloso; faltas consecutivas a su cargo como magistrado o, utilizar en beneficio propio información que disponga en razón de su cargo.
Asimismo, por abstenerse de resolver sin causa justificada los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos por la ley y, por faltar gravemente en el ejercicio de su cargo.
De acuerdo con la propuesta, este órgano servirá para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en éstas.
