Patricia Méndez/E-consulta
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó cuatro denuncias penales por la posible malversación de recursos federales por un monto total de 68.6 millones de pesos en la que habrían incurrido las administraciones 2011-2014 de los municipios de Tlahuapan, Tlaola, Chiconcuautla y Huaquechula.
Esos gobiernos estuvieron a cargo de los ahora exediles Eusebio Juárez Ventura, Darío Flores Ramírez, Noé Garrido Hernández y Raúl Marín Espinoza, respectivamente.
Las acusaciones fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, debido a que la ASF cuenta con los elementos necesarios para presumir el mal uso de recursos públicos.
A esos procedimientos debe sumarse una denuncia penal por la “simulación de reintegros” por un monto de 135.6 millones de pesos que se depositaron en una cuenta bancaria para solamente justificar su existencia ante el órgano fiscalizador y después fueron retirados, aunque aún no se informa en contra de qué ente gubernamental se presentó.
Buscan 34.3 mdp en Huaquechula
La denuncia correspondiente al municipio de Huaquechula es la que acusa el posible desvío de recursos con la cifra más elevada, pues esta asciende a 34.3 millones de pesos que ejerció el exedil Raúl Marín Espinoza.
De acuerdo con el dictamen de la auditoría 1277, durante el ejercicio fiscal 2013 la federación transfirió a ese municipio 34 millones 340 mil 800 pesos, mediante el FISM, los cuales fueron depositados por la comuna en una cuenta bancaria que no era específicamente para este rubro.
Esa cuenta tenía un saldo inicial de 8.6 millones de pesos, cuyo origen también se desconoce, lo que demostró deficiencias en la administración de fondo bancario.
El actual gobierno a cargo de Edwin Mora Caballero argumentó desconocer el destino de los recursos, ya que su antecesor no dejó documentación que compruebe su ejercicio.
Desconocen destino de 25.4 mdp en Tlahuapan
En el caso del municipio de Tlahuapan la denuncia corresponde a la auditoría 1094 que arrojó un pliego de observaciones por un posible daño patrimonial de 25 millones 475 mil pesos que el ayuntamiento recibió a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en 2013, ya que no entregó documentación que comprobara la aplicación de ese monto.
De acuerdo con el gobierno actual a cargo del edil Joel Díaz Ramírez, la anterior gestión, que presidió Eusebio Juárez Ventura, no justificó el uso de esos recursos, por lo que la ASF acusó los hechos ante la PGR el 10 de noviembre de 2016.
Faltan 8 mdp en Chiconcuautla
Otro caso es el de Chiconcuautla, pues la anterior administración municipal que estuvo a cargo de Noé Garrido Hernández no pudo comprobar el gasto de ocho millones de pesos provenientes del FISM, según los resultados de la cuenta pública 2012, por lo que se establecieron una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, un Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y cuatro pliegos de observaciones.
La denuncia en contra del gobierno en cuestión fue presentada ante la procuraduría el pasado 13 de febrero, según se indica en el informe.
Adeuda Tlaola 1.1 mdp
Derivado de la auditoría a la cuenta pública 2012, el órgano fiscalizador detectó que el pasado gobierno municipal a cargo de Darío Flores Ramírez, no pudo comprobar el uso de 1.1 millones de pesos del FISM, de los que 500 mil pesos se transfirieron al municipio en ese año por un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
De esa forma se establecieron tres pliegos de observaciones y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, además de la denuncia ante la PGR que fue ingresada el 10 de febrero de 2017.
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