Activistas de la comunidad Lgbttti urgieron al Congreso de Puebla a reformar el Código Civil, luego de que la SCJN declaró inconstitucional que no se reconozca el matrimonio entre dos personas; de no hacerlo, advirtieron presentarán un recurso de incumplimiento.
Así lo dieron a conocer, en ruede prensa, María José Flores Serrano y Alejandro Pérez Pérez, de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), quienes celebraron la acción de inconstitucionalidad 96/2016 que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril del año pasado y resuelta el pasado martes.
En ese tenor, urgieron a los diputados locales a reformar “de inmediato” el Código Civil local, así como analice y avale las iniciativas presentadas en la materia desde hace varios meses, pues los matrimonios igualitarios son una realidad jurídica a la que el Legislativo local ya no se puede limitar.
En ese sentido, comentaron que, como colectivo, de 2015 a la fecha han presentado 23 amparos de parejas que querían casarse, de los cuales nueve casos fueron favorables, pero con la resolución de la SCJN los otros 14 ya no serán necesarios.
En caso de que no reformen el código, reiteraron, presentarán un recurso por incumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el reconocimiento de este derecho ganado, el cual –consideraron– pudiera derivar en la destitución de diputados.
Aún hay rezago en derechos Lgbttti
Y es que la SCJN además de declarar la invalidez del artículo 300 del Código Civil estatal, establece que el matrimonio es la unión entre “un hombre y una mujer”; así como el artículo 294 que señala como objetivo del matrimonio “perpetuar la especie”.
“Sabemos que no es en automático el casarse, celebramos este avance, si bien es un paso a favor de los derechos humanos aún se tienen pendientes en el estado de Puebla, pues aún se vive un rezago en el cumplimiento al respeto a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (Lgbttti)”, pronunciaron.
Sobre este tema, Gabriela Chumacero Rodríguez, representante de la comunidad Transgénero en Puebla, indicó que se ha aplazado la Ley de Identidad Sexo-Genérica, con al cual se pretende dar la certeza jurídica a esta población.
Y es que recordó que la iniciativa de Agnes Torres se echó para abajo, lo cual –dijo– es sólo una expresión de una de las tantas formas de discriminación que viven actualmente el colectivo de las personas homosexuales con todas sus variantes, “la lucha no ha sido sólo legal, ignoradas por partidos políticos y por una sociedad que nos ataca”.
Fallo de la SCJN “era obvio”: Lozano
Por su parte, en entrevista, el Jefe de la Oficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón, mencionó que la resolución de la máxima instancia judicial del país era más que lógica, pues el artículo 1 constitucional preserva la igualdad lisa y llana para todas las personas y con los mismos derechos humanos.
En ese tenor, sostuvo que “tenemos que irnos acostumbrando” a que la igualdad debe ser una norma de vida de este país, mas allá de lo que de manera personal se piense, “hace bien la corte en poner las cosas en su lugar” y terminar con una certidumbre que, a su juicio, tenía dividida a la sociedad.
En tanto, Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), consideró que esta acción de la SCJN para permitir los matrimonios igualitarios representa un “avance importante” en Puebla para los derechos humanos, especialmente al derecho a la igualdad.
Es por ello que dijo que no será necesario que el Congreso local legisle, no obstante, abundó que en el momento que dos personas del mismo sexo acudan al Registro Civil que quieran y éste no les permita casarse, podrán presentar de manera inmediata una queja ante la CDH, pues el proceso ya es de carácter administrativo.
Cabe mencionar que el presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que esperarán la notificación de la SCJN para determinar si el Código Civil estatal se declara inválido o si se legisla en materia de matrimonios igualitarios, pues también dependerá de si dicha máxima instancia nacional ordena en su dictamen a los diputados a modificar algo o sólo declaró inconstitucional los mencionados artículos.
Lo que es un hecho es que el gobierno estatal deberá ordenar a registros civiles que celebren estas uniones.
