Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) promovió dos demandas de amparo contra “el mecanismo” que el gobernador Rafael Moreno Valle usó para asegurar que el fideicomiso para construir varias de sus obras “costosas” no se considere deuda pública.
En los documentos, la organización también acusó que la definición de deuda pública en la ley local “va en contra de la Constitución”.
Las demandas, aseguró la asociación en un comunicado, tienen como objetivo “proteger a los ciudadanos de los actos de la autoridad”.
Explicó que la primera fue presentada por el brazo jurídico de MCCI y quedó registrada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente 789/2016, mientras que en la segunda, acompaña a un contribuyente poblano, quien “exige que se transparenten sus impuestos”.
De acuerdo a MCCI, Moreno Valle dejará a los poblanos una deuda por 47 mil millones de pesos, a pagar en los próximos 25 años, sin embargo –acusó– este endeudamiento, además de ser oculto y “manipulado” por el mandatario panista, es inconstitucional.
Comprometió recursos
Lo anterior debido a que –puntualizó- “contraviene el principio de deuda pública”, la cual es aquella que compromete el crédito público, contrario a los que en repetidas ocasiones aseguró el Ejecutivo poblano, que obras “icónicas” de su gobierno como el Museo Internacional del Barroco (MIB) o el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis fueron hechos “sin pedir un solo peso prestado”.
Además, porque el fideicomiso –que se nutre del Impuesto Sobre Nómina– con el que se construyeron dichos proyectos “elimina los controles de fiscalización del dinero público”, pues en sus normas dice que se regirá por el contrato y por disposiciones mercantiles, además de que desincorpora el dinero público del patrimonio estatal.
Esto quiere decir que permite que los fondos ya no sean fiscalizables ni sujetos a que su destino sea conocido por los ciudadanos mediante la transparencia.
También, “viola el principio de destino del gasto público”, ya que para pagar el fideicomiso, los próximos gobiernos estatales entregarán el total de lo recaudado del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) –más de 2 mil millones de pesos anuales– con lo cual, además de que se dejará de invertir ese dinero para el bien común, al pasar al fideicomiso “el destino del dinero no será conocido ni certero”.
Operación fue ilegal
Tampoco será posible transparentarlos por tratarse de un fondo privado, propiedad de la empresa Evercore, que a su vez es propiedad del exsecretario de Finanzas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella.
Adicional a estos argumentos, MCCI recordó que la SCJN resolvió un caso similar en el estado de Sonora, además de que el Tribunal Colegiado de Circuito poblano, mediante un pronunciamiento dentro del trámite del juicio, “reconoció la existencia del derecho fundamental a un ambiente libre de corrupción”, con lo cual la organización estimó que las demandas de amparo serán aceptadas.
Y es que apenas el lunes, el colectivo acusó que Moreno Valle incurrió en un endeudamiento ilegal, pues comprometió los recursos públicos por varios años pero se niega a reconocerlo como deuda, además de que dichos compromisos “los ocultó” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
