Solo una amonestación privada se impuso a 18 policías municipales de Puebla que no auxiliaron a estudiantes que fueron agredidos en 2015 en el plantón que tenían en el zócalo; las víctimas pidieron ayuda, sin embargo, los uniformados no actuaron.
Así lo reveló la Contraloría municipal, la cual a pesar de reconocer que los uniformados “omitieron prestar auxilio y protección” a las víctimas, consideró que la falta no ameritó una sanción más severa.
En su informe de funcionarios sancionados del primer cuatrimestre de 2017 –publicado el pasado 21 de junio- señaló que los oficiales no brindaron auxilio a los estudiantes, quienes que se manifestaban con huelga de hambre y fueron agredidos por civiles la madrugada del 8 de febrero del 2015.
Los estudiantes eran miembros del Colectivo Universitario para una Educación Popular (CUEP), quienes exigían salones para impartir cursos gratuitos a los aspirantes a ingresar a la BUAP.
El plantón tenía cuatro días, ya que tras no resolverse sus demandas, el grupo integrado por 23 personas decidió instalarlo, mientras que dos de los inconformes iniciaron también una huelga de hambre.
7 alumnos fueron secuestrados
La madrugada del día 8, un grupo de al menos 30 encapuchados, que de acuerdo con las víctimas llevaban palos, piedras y bombas molotov, irrumpieron el sueño de los manifestantes y comenzaron a golpearlos.
Sin explicarles el motivo del ataque, destruyeron las casas de campaña, la ropa, comida y carteles que portaban, además de los teléfonos celulares con los que algunos intentaron filmar las agresiones.
No conforme con ello, los atacantes “levantaron” a siete estudiantes (tres mujeres y cuatro hombres), los maniataron, les vendaron los ojos y los echaron boca abajo en la batea de una camioneta, todo esto –relataron las víctimas- en frente de los policías.
El 9 de febrero, los 16 estudiantes afectados que no fueron privados de su libertad, realizaron una rueda de prensa en el Paseo Bravo. Ahí, narraron a los medios la agresión, además de exigir justicia y la aparición de sus compañeros.
Sin embargo, mientras esto ocurría, llegaron los universitarios que estaban desaparecidos y contaron que luego de ser raptados fueron amenazados y golpeados, para posteriormente ser abandonados en un terreno baldío en el Parque Industrial Puebla 2000.
Investigación empezó medio año después
Por todo esto, los agraviados presentaron una demanda contra los policías que fueron testigos del ataque, mientras que la Contraloría abrió el expediente SM/192/2015, pero destaca que la investigación del organismo ocurrió hasta medio año después de los hechos, pues el oficio tiene fecha del 4 de agosto del 2015.
Un año y diez meses después de investigación, Narciso Peña Jacobo, subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial, resolvió que los 18 elementos no fueron culpables del ataque –como señalaron las víctimas- pero sí fueron omisos.
Aún así, sólo se les impuso la sanción administrativa de amonestación privada, según consta en el informe publicado en la plataforma de transparencia del ayuntamiento.
La sentencia es definitiva y solo la podrán impugnar los acusados en un periodo no mayor a 30 días, el cual comenzó a correr el pasado 24 de mayo, cuando se dictó y se acordó hacer público el dictamen.
CDH envió recomendación
De la resolución también se notificó a María Esther Torreblanca Cortés, Sindica municipal, así como a Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, organismo que por estos hechos emitió una recomendación al ayuntamiento de Puebla el 27 de julio de 2015.
En ella, exhortó al entonces presidente municipal Antonio Gali Fayad a que se repararan los daños físicos y psicológicos ocasionados a los jóvenes que fueron agredidos.
Que se les “recordara” a los policías municipales que deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Que se capacite a los policías en el respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica.