Organizaciones civiles, académicos, empresarios y líderes opinión lamentaron que tras vencer el plazo legal para que entren en funcionamiento los sistemas locales anticorrupción, hubiera dilación en los estados para su aprobación.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, señaló, en el marco de la presentación del colectivo de agrupaciones ciudadanas Vamos por Más, que a pesar de la premura —ahora— en la aprobación de los sistemas locales, es positivo que las entidades hayan avanzado en la creación de sus respectivas normas anticorrupción.
Por su parte, María Elena Morera, directora de Causa en Común alertó que en los congresos locales es donde probablemente “habrá más hoyos”, debido, dijo, a que las instituciones locales son “más débiles que a nivel federal”.
Hizo votos para que los medios locales den seguimiento a la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción y con ello presionar a las autoridades para transparentar los procesos.
En su intervención, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) indicó que a los estados se les proporcionó, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, una guía sobre las reformas necesarias para la aprobación de la normatividad de los sistemas locales.
Pardinas lamentó que a pesar de ello hubo dilación en la aprobación de las leyes contra la corrupción.
“Esto no sólo depende de los insumos técnicos que se puedan aportar a la discusión, sino de la voluntad política, realmente de cambiar”, explicó el directivo del Imco.
Asimismo, Claudio X. González, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pugnó porque se garanticen los presupuestos en los congresos locales, así como en el Congreso de la Unión para el combate al flagelo.
Expuso que se deben tener las leyes “en su lugar”, así como hacer los nombramientos correctos, presupuestos suficientes, “y luego operar”, remató.
Bajo este cotnexto, Marco Fernández, especialista en corrupción del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, indicó que el panorama “es desalentador”, debido a que las fiscalías anticorrupción estatales, una vez que sean puestas en marcha, probablemente contarán con una presupuesto reducido para su funcionamiento, lo que podría acotarlas.
A marchas forzadas
Los congresos de las entidades de la República trabajaron a marchas forzadas, en especial esta última semana, para aprobar las reformas que den vida a sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción, los cuales deben estar conformados para este martes.
Por ejemplo, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, explicó que la mañana del lunes mantuvo una conversación con representantes del Congreso de Chihuahua, los cuales le precisaron que estaban “tratando de sacarlo (el Sistema Local Anticorrupción) no sólo a tiempo, sino yendo en el mismo sentido y más allá de lo que marca la ley (federal)”.
“Es un ejercicio muy sano, ver quiénes están comprometidos a fondo”, dijo Bohórquez.
De acuerdo con el artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto (18 de julio del 2016), el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto”.
Al menos 11 estados de la República entre los que se encuentran Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Tamaulipas —este último estado eligió a sus magistrados de responsabilidades administrativas— hicieron sus procesos legislativos en los últimos días para poder cumplir con la norma constitucional.
En una revisión realizada por El Economista, se pudo constatar que prácticamente todos los estados habrían aprobado sus reformas constitucionales.
Fuente: Excélsior, La jornada y El Economista
