Activistas acusaron ante la ONU que “ejecuciones extrajudiciales” como las de Palmarito Tochapan, Puebla, muestran que el Ejército mexicano “viola recurrentemente” los derechos humanos, por lo que pidieron “apoyo” para detener la ley de Seguridad Interior.
Durante la reunión del Concejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada este miércoles en Ginebra, Suiza, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos acusó que la impunidad en dicho caso se debe a la “falta de voluntad política y la incapacidad institucional” del Estado para “procesar a los responsables”.
Ante la relatora especial en Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Agnes Callamard, señaló que, además del abuso de la fuerza contra civiles, predomina la alteración de evidencias, el ocultamiento de pruebas, así como “una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas”.
Explicó que la Ley de Seguridad Interior, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene el objetivo de “facultar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía”.
Por lo anterior, solicitó la “cooperación” de la organización “para detener la aprobación” dicha ley y “establecer el Consejo Asesor contra la impunidad recomendado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos”.
Estado debe sancionar a responsables y reparar a víctimas
Además de los hechos ocurridos en la junta auxiliar de Palmarito, municipio de Quecholac, mencionaron el caso de Tlatlaya, en el Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas por el Ejército; las ejecuciones extrajudiciales, cometidas en 2010 y 2011, de Jorge Parral y Jethro Ramses, “cuyos padres aún reclaman que el caso se esclarezca”.
Indicaron que es obligación del Estado “prevenir, investigar, y sancionar” dichas violaciones a los derechos humanos, “independientemente de si han sido cometidas por agentes estatales o no”, además de “reparar a las víctimas”.
En cuanto a cifras, recordaron que, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, “han desaparecido más de 30 mil personas, se han cometido más de 150 mil asesinatos, se han torturado a más de 8 mil personas y más de 300 mil personas han sido forzadas a desplazarse por causa de la violencia”.
Por su parte, militares de tropa han manifestado su rechazo a seguir en las calles por reiteran que su función no es mantener la seguridad pública, sino defender la soberanía nacional.
Cabe recordar que, el pasado 2 de junio, la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas de la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la ONU contra el Estado mexicano por considerarlo responsable de omisiones que han incrementado la violencia impune contra el gremio.
