El periodista poblano Mario Galeana fue notificado de una demanda de daño moral en su contra por parte del secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, por lo que la organización Artículo 19 pidió que se garantice la libertad de expresión.
Mediante una alerta, Artículo 19 indicó que fue el 9 de junio cuando el reportero de 24 Horas fue notificado, luego de que el 8 de marzo de 2017 se publicó el reportaje “Empresas fantasma, las consentidas de José Juan”.
En esa nota, se señala a Molina Huerta como uno de los servidores públicos que firmó convenios de asignación de obra pública a favor de Carina Meneses Escobar y Omar García Moreno, quienes no se encontraban en el padrón de contratistas certificados por el ayuntamiento. Además, en el trabajo se exhibe que los domicilios fiscales de estas personas eran inexistentes o conducían a predios que no correspondían a la empresa que supuestamente tendría que encontrarse ahí.
Dos días después, el periodista publicó la nota “Cesan a 16 que revelaron red de corrupción en penal”, donde se señala que un grupo de custodios del penal de San Pedro Cholula fueron dados de baja por Molina Huerta con el pretexto de no haber acreditado las pruebas de control de confianza. Previamente, los elementos denunciaron una red de corrupción al interior del penal.
El trabajo más reciente se publicó el 12 de junio titulado “Sobrino de José Juan Espinosa revela red de corrupción en Comisaría de Seguridad Pública”, cuyo texto señala que un supuesto familiar del alcalde, Juan José Espinosa, señala a Molina Huerta como participante en una red de recaudación ilegal de multas en la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad.
En un video grabado de manera anónima por un policía municipal, Luis Antonio Rodríguez Espinosa asegura que además de Molina Huerta otros funcionarios públicos han recaudado alrededor de 40 mil pesos por cada operativo de tránsito que se realiza.
Debe haber tolerancia
En el caso de la demanda interpuesta contra Mario Galeana, la organización resaltó que las publicaciones realizadas por el periodista son discursos protegidos especialmente por su relación con el desarrollo de las instituciones democráticas.
Los servidores públicos por su parte, deben tener un umbral de tolerancia mayor hacia el trabajo de la prensa en tanto que se encuentran inevitablemente sometidos a un escrutinio social mayor que otras personas.
“Se suma a este análisis la necesidad de someter la acusación de Molina Huerta al estándar de malicia efectiva, bajo el cual estaría obligado en su calidad de funcionario a acreditar que la información es falsa y que hubo intención de dañar al funcionario o negligencia inexcusable en la publicación”.
Pide a CDH y gobierno estatal intervenir
Artículo 19 urgió al gobierno de Puebla y al ayuntamiento de San Pedro Cholula a promover y garantizar el libre ejercicio periodístico, así como a Molina Huerta a desistir de continuar con el proceso de demanda en contra de Mario Galeana.
En el mismo sentido, exigió al poder Judicial de Puebla para que retome los estándares más altos internacionales de protección de la libertad de expresión al momento de juzgar el caso y, que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla conozca del caso, intervenga y se pronuncie en la medida de sus facultades.
Finalmente, pidió al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que conozcan del caso, contacten al periodista y hagan lo necesario para protegerlo.
Cabe destacar que Puebla fue la cuarta entidad con más agresiones contra la prensa en 2016, con 28. El mismo año se registró el asesinato de Aurelio Cabrera Campos, el 15 de septiembre de ese año, periodista de El Gráfico de Huauchinango.
