La guerra mexicana
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que en 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apuntó. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar a diferenciar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político?, ¿tienen posibilidad de ganar?, ¿buscan sólo dinero? En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?” Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara que en México había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.
En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia, en Nueva York, sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil, que en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo seis mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.
Las autoridades han negado, desde el gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el expresidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90: el gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra ‘guerra’, pero las acciones extraconstitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Por sus omisiones y negligencias con sus estrategias fallidas e ilegales, como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para ‘limpiar’ de criminales a Michoacán, el gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín, donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.
Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia es que, mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.
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Violencia y falta de liderazgo
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que hay un hecho incontrovertible: la violencia en México ha regresado con fuerza. En este momento, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado es ya similar al de mediados de 2011, el peor momento del sexenio pasado. Diario mueren, en promedio, unos 45 mexicanos producto de las refriegas entre grupos delincuenciales, incluyendo periodistas cuyo único pecado fue haber ejercido su profesión. Ninguno de los más de 40 mil ejecutados en este sexenio merece un trato especial. Todos son igual de importantes. Pero mucho pierde la democracia liberal cuando miembros de la prensa mueren por informar.
Es lo que está pasando en México. De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, nombre rimbombante de una organización burocrática que no sirve para nada, entre 2000 y 2016, 105 periodistas fueron asesinados. De marzo a mayo de este año llevamos seis: Cecilio Pineda Brito (de Guerrero), Ricardo Monlui (Veracruz), Miroslava Breach (Chihuahua), Maximino Rodríguez (Baja California Sur), Filiberto Álvarez (Morelos) y Javier Valdez (Sinaloa). Aunque sea un cliché, no está de más repetirlo: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo entero.
Pero, ojo, recordemos que esto está sucediendo en un país cada vez más violento. Sí: duelen las muertes de los colegas periodistas. Pero el problema es que todo México se está desangrando y el gobierno no lo quiere ver ni resolver. En momentos críticos, carecemos de un liderazgo nacional dispuesto a enfrentar la dura realidad.
En el año más pacífico de la historia contemporánea del país, cuando México tenía la menor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, el presidente Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, en diciembre de 2006. La violencia creció rápidamente. “Se están matando entre ellos”, fue la explicación oficial durante los primeros años, “pero luego regresará la paz”. Bullshit. En 2011 llegamos al pico de la violencia del sexenio pasado. Los homicidios empezaron a bajar porque el gobierno cambió su estrategia: en lugar de pegarle a todos los cárteles, se concentró en el más violento de todos, Los Zetas. Pero este tema, el de la inseguridad, el de la guerra, el de decenas de miles de muertos, se convirtió en la obsesión del presidente Calderón. Un día y otro también hablaba de eso. No había manera de sacarlo de este asunto que se convirtió en el centro de su gobierno.
En 2012 llegó Peña a la Presidencia, en parte por el hartazgo de la gente por la inseguridad. El nuevo Presidente decidió, entonces, dejar de hablar de la violencia como si ésta hubiera dejado de existir. Le funcionó: pudo posicionar otros temas en la agenda pública, lo que a la postre le permitió sacar importantes reformas estructurales durante los dos primeros años del sexenio. Le ayudó que los homicidios venían bajando desde 2011.
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Javier Valdez: crónica de un crimen impune
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que el miedo ha dejado de ser una sensación ajena. Florestán
La semana pasada, Javier Valdez había publicado en su columna Malayerba del semanario RíoDoce, que fundó en 2003 en Culiacán, un texto, “El Licenciado”, contando la historia de un adicto apodado El Demonio, y cómo llegó a ser el favorito de Dámaso López, alias El Licenciado, recién detenido en Ciudad de México, tras ser identificado como jefe del cártel de Sinaloa, luego de la deportación de Joaquín Guzmán Loera.
El texto iba en línea con su definición personal y editorial de divulgar información sobre el crimen organizado, su poder, influencia, redes de corrupción, crímenes, complicidades y desde el corazón mismo del narcotráfico, Culiacán, territorio de guerra por el control de ese cártel.
Javier había publicado varios libros sobre el tema: Miss Narco, Huérfanos del narco, Con una granada en la boca, Los morros del narco, Levantones.
Era un referente obligado en la consulta y revisión del tema del narcotráfico y corresponsal de La Jornada.
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¡El matrimonio de AMLO con “la mafia del poder”!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que algunos prefieren llamarle “el beso del diablo”. Otros dicen que se trata de un síntoma de vejez, ya que, con los años, hacen todo lo que criticaron a los 20. Los más aventurados le llaman “el matrimonio de AMLO con la mafia del poder”.
Sin embargo, aquí preferimos considerar que es una mezcla del síndrome de Estocolmo y el pragmatismo político duro y puro.
Es decir, que en el caso de la alianza entre Morena y la profesora Gordillo, por un lado, asistimos al curioso estado psicológico que hace que una víctima de violencia termine enamorada de su victimario, quien, además de causarle un daño extremo, le otorga un poder inimaginable.
Y, por el otro lado, que la impresentable alianza de grupos mafiosos —como los de Gordillo y Morena—, en realidad es una simbiosis política en la que las partes resulten gananciosas; Morena cree que la maestra le hará ganar la elección mexiquense, mientras que AMLO tendrá a la mano los secretos de Miguel Ángel Yunes, otrora escudero de Elba Esther y hoy el peor enemigo del tabasqueño.
Además, queda claro que López Obrador y Morena establecieron una alianza emergente con la más reputada integrante de la “mafia del poder”, que es la profesora Gordillo.
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Huachicoleros: esta película ya la vimos
La columna Bajo Reserva publicad en El Universal, indica que las hemos visto desde hace años. Por ejemplo en Ciudad Juárez, Michoacán, Sinaloa, y en otras ciudades y entidades donde la delincuencia sentó sus reales y las fuerzas federales han tenido que intervenir, se han hecho presentes las famosas “marchas por la paz”. Ahora, luego del operativo contra el robo de combustible en Palmarito, Puebla, también se convocó a una manifestación a favor de “la paz” y en contra de la presencia del Ejército. Nos comentan que el pasado viernes 12 de mayo, pobladores de Palmarito marcharon exigiendo paz y respeto tras el operativo federal contra el robo de combustible del 3 de mayo, que terminó con un saldo de 10 personas muertas, seis civiles y cuatro soldados. Autoridades nos aseguran que les llama la atención que en la marcha no participaron familiares de los detenidos ni de los fallecidos. Algunos vecinos del lugar dijeron que la manifestación fue organizada por Rigoberto Cervantes González, mejor conocido como Rigo, presuntamente el segundo al mando de la organización delictiva de huachicoleros liderada por Antonio Martínez, El Toñín, mafiosos a quienes, obviamente, no les conviene la presencia de los militares ni de la policía en el lugar. Así que esa película de las “marchas por la paz” ya la hemos visto.
Se roban en Chiapas ¡programa social!
Se ha visto que alguien se robe la señal de televisión por cable o el internet de su vecino, pero en Chiapas se volaron la barda. Nos dicen que el gobierno chiapaneco hurtó ¡un programa social! El gobierno de Michoacán, nos explican, registró en mayo de 2016 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca “Palabra de Mujer”, para uno de sus programas sociales. Sin embargo, hace unos días el gobernador chiapaneco Manuel Velasco aprovechó una celebración por el Día de las Madres para anunciar con bombo y platillo un programa que dijo beneficiará a 10 mil mujeres con financiamientos y créditos para que puedan iniciar su negocio propio, cuyo único aval será la palabra de las beneficiarias. ¿Usted ya adivinó? Don Manuel lo nombró “Palabra de Mujer”, una marca registrada y propiedad de Michoacán. ¡Órale!
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que este miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que encabeza el priista Ricardo Ramírez Nieto, entregará dos oficios: uno a la Fiscalía General de Veracruz y otro al Juzgado Quinto de Distrito con sede en CdMx, a fin de que notifiquen a la instancia legislativa cuando haya una sentencia que eche atrás el amparo del que goza Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, que evita cualquier acción penal emitida por el Ministerio Público veracruzano.
Con ello, la Sección Instructora busca dictaminar y votar el juicio de desafuero, ahora congelado, contra el ex funcionario del gobierno de Duarte acusado de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, además del desvío de más de 23 mil millones de pesos.
Que un diputado federal pidió desde su cuenta de Twitter al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza: “no venga a pasearse a Querétaro, ¡resuelva!”, a propósito de la alta incidencia de accidentes con saldos mortales en la autopista que comunica a la capital del país con esa entidad.
Lo curioso es que el reproche no fue de un legislador de la oposición, sino del priista Braulio Guerra, después de que el funcionario visitó el pasado sábado la entidad para verificar los avances del Macrolibramiento de Querétaro Palmillas-Apaseo, acompañado por el gobernador panista Francisco Domínguez.
Que el senador Miguel Barbosa va a plantear que la Comisión de Seguimiento que propondrá este miércoles en la sesión de la Permamente, para investigar la operación de los huachicoleros, incluya invitaciones al gobernador de Puebla, Antonio Gali, para que ante diputados y senadores explique qué acciones se han tomado para combatir ese delito.
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