Espionaje político, la discusión oculta
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que durante más de cuatro horas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el politburó de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para hablar sobre la Ley de Seguridad Interna y el modelo de policía mixta, dos asuntos que han estado empantanados por años. No llegaron a ningún acuerdo sobre nada, según legisladores participantes, por tres temas centrales, explicados someramente por el perredista Francisco Martínez Neri, coordinador de la llamada Jucopo: la preocupación sobre cómo garantizar en la Ley de Seguridad Interna que los militares respeten los derechos humanos, las tareas de inteligencia y las investigaciones sobre los movimientos sociales. ¿Por qué se entreveraron los tres temas? Nadie quiere hablar con claridad al respecto, pero el empaquetado de preocupaciones muestra que en la discusión de esas iniciativas para combatir al crimen, hay una prioridad que las rebasa: el espionaje político.
Existe la percepción de que el uso y abuso político de los aparatos de inteligencia del Estado en contra de líderes sociales y a quienes considere sus adversarios, se ha incrementado en este sexenio. Quizás el espionaje político se mantenga en los mismos niveles en los que se ha realizado desde la profesionalización de los servicios de inteligencia civil, hace poco más de 25 años, pero la forma como han hecho saber a quienes son objeto de una vigilancia sistemática de conversaciones o fotografías que pueden ser hechas públicas en cualquier momento, parecería tener un propósito de intimidación. La circulación restringida, pero pública, de estos materiales, sugiere también que las posibilidades para chantaje se han visto multiplicadas con el propósito, se puede argumentar, de modificar conductas o arrinconar a los adversarios del gobierno.
Probablemente el momento más ruin del uso político del aparato de inteligencia del Estado, en función de los resultados, fue la difusión en la prensa de los mensajes de texto que intercambiaron Joaquín El Chapo Guzmán y la actriz Kate del Castillo, en enero del año pasado, que abrieron a la especulación que los dos tenían más que una relación profesional. La entrega de esas conversaciones a dos periódicos de la Ciudad de México contribuyó a la consolidación de la idea que la actriz, que lo había visitado en la Sierra de Durango mientras se escondía de las autoridades tras su segunda fuga, era responsable de delitos relacionados con el crimen organizado. Las transcripciones de los mensajes salieron de las áreas políticas del gobierno y no habían sido judicializadas. Es decir, lo publicado no estaba en autos de la PGR, por lo cual nunca habrían podido ser utilizadas en un juicio.
Las únicas ramas del gobierno federal que realizaban un trabajo de inteligencia sobre El Chapo Guzmán eran el Cisen y la Marina, que es donde se puede encontrar el origen de esos mensajes interceptados. La forma como se entregaron a la prensa modificó un trabajo de inteligencia puro, con el propósito de ser utilizado en una investigación criminal, a un manejo político, donde al cambiar el objeto de las escuchas para hacer daño público en contra de una persona, en este caso la actriz, como sujeto de descrédito, se convirtió en una herramienta utilizada en este país como parte del espionaje político.
No es lo mismo el uso de espionaje con fines de seguridad interna o seguridad nacional, enmarcados dentro del ejercicio conocido como inteligencia, donde la información es procesada y analizada para la toma de decisiones, que el espionaje político que busca resolver desavenencias mediante el temor. Un ejemplo claro de ello se dio con Carmen Aristegui, la conductora de radio más crítica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien para tratar de inhibir le enviaron un sobre anónimo con un paquete de fotografías de su hijo. No es la única periodista a quien se ha tratado de inhibir en este sexenio, por el hecho de tener una visión y una opinión distinta a la del gobierno. Pero tampoco es el único sector al cual se ha amenazado.
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Barbosa y el PRD; mentiras y mentirosos
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que en las llamadas “redes” se han decantado tres debates sobre la crisis que vive el PRD y la fuga de sus figuras.
El primero tiene que ver con la “descocada” declaración de Miguel Barbosa, quien dijo que se iría del PRD, el día que el partido amarillo hiciera una coalición con el PAN.
La segunda se refiere a la “desmemoriada” declaración de algunos jefes del PRD, que amenazan con expulsar a Barbosa, por apoyar a López Obrador, lo que supone una traición mayor.
Y la tercera parece la “botarga” en el pastel, ya que los bots no se ponen de acuerdo si llamar a Barbosa “traidor” o solovino.
Como saben, luego de anunciar que apoyaría la candidatura presidencial de AMLO, los jefes del PRD pidieron al senador Barbosa abandonar la coordinación de los senadores amarillos y que dejara el partido.
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Murat, el que llevó a Colosio a Lomas Taurinas
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que vendería su alma al diablo, si la tuviera. Florestán
Finalmente se impuso no la razón ni la decencia, porque hablamos de un partido político, pero sí el peso de los antecedentes, y José Murat Casab no será el secretario general del sector popular del PRI, cargo al que llega el senador jalisciense Arturo Zamora quien ayer por la mañana se registró como candidato único para la dirigencia de esa Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
Murat, impedido por sus antecedentes personales, políticos y partidistas para llegar a esa posición, se promovió hasta presentándose como eje central del Pacto por México, porque prestó una de sus residencias en las Lomas de Chapultepec y por su cercanía con Los Chuchos. Como recordé, fue indiciado por la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI para ser expulsado del partido por su apoyo al candidato de la oposición en Oaxaca, Gabino Cué, contra el del PRI promovido por su acérrimo enemigo, Ulises Ruiz. Cuando se inconformó por el procedimiento de expulsión, recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero éste le dio un revés al calificar por unanimidad su recurso como infundado e inoperante.
Como gobernador, se recuerda el escándalo de las coristas que acabó con una persona muerta, crimen que sigue en la impunidad, cuando al amanecer de una larga noche de copas y más, se inventó un burdo, en aquellas condiciones no podía más, autoatentado en el que también fue exhibida su puesta en escena.
Financió a la Coordinadora durante los seis años de su primer gobierno en Oaxaca y fue acusado de liberar a secuestradores del EPR.
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Barbosa no dio las gracias a Mancera
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que al día siguiente de que Miguel Barbosa declaró su amor electoral por Andrés Manuel López Obrador para las elecciones presidenciales de 2018, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado dejó de utilizar la escolta de tres elementos de la Policía Bancaria y dos motociclistas, conocidos como potros, de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, a cargo de Hiram Almeida. No hubo mano de ninguna autoridad ni represalia alguna, nos dicen. Don Miguel envió una carta con fecha 28 de febrero a don Hiram para agradecer los servicios prestados para el desplazamiento de seguridad, y pidió que fueran reintegrados a sus actividades en la Secretaría. Claro, Barbosa hizo un amplio reconocimiento al profesionalismo y dedicación de los elementos, pero ni las gracias dio a Almeida, mucho menos al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
El retorno de Claudia Ruiz Massieu
Por varias semanas, desde el grupo del dirigente Enrique Ochoa Reza hubo intentos para incorporar a la ex canciller Claudia Ruiz Massieu a la estructura de mando del PRI. Nos cuentan que ella mandaba largas, negativas y condiciones para incorporarse a la cúpula tricolor. Don Enrique asumió el fichaje de doña Claudia y la convenció para acompañarlo en la segunda posición más importante del partido: la Secretaría General, en sustitución de la diputada federal mexiquense Carolina Monroy. Nos comentan que don Enrique y doña Claudia son buenos amigos y han trabajado de la mano, como ocurrió en las tareas de reactivación de Los Cabos, tras el paso del huracán Odile en septiembre de 2014, ella como titular de Turismo y él como director de la CFE. Ochoa Reza y Ruiz Massieu tienen ahora el reto de sacar adelante y con buenos resultados los comicios de 2017, donde sin mayores alharacas la dirigencia planchó la elección de sus candidatos a gobernadores en Nayarit, Estado de México y Coahuila, nos dicen.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que los priistas andan de buen ánimo electoral. Por un lado lograron sacar sin rupturas ni división sus procesos internos para elegir candidatos y ahora están por llevar a una priista de cepa, como Claudia Ruiz Massieu, al frente de la secretaría general de ese partido, tras la confirmada salida de Carolina Monroy.
La ex canciller pasará así de Organización a ser la número dos del PRI, que confía en que estos cambios serán un motor para echar a andar la maquinaria electoral de junio próximo y con miras a 2018.
Que aunque Cuernavaca, Morelos, es señalado como uno de los municipios con mayor inseguridad en el país, su alcalde, Cuauhtémoc Blanco, al parecer no podrá ser parte de la reunión que diputados federales buscan con algunos presidentes municipales para hablar de la intervención de las fuerzas armadas en el contexto de la Ley de Seguridad Interior.
Ayer el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, lo dejó bien clarito: que tratándose de tantos municipios solo invitarán a aquellos que están agrupados en organizaciones de filiación partidista.
Que las diferencias en el PRD se reflejan también en los líderes de la bancada en San Lázaro, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano, quienes al parecer nada más no se ponen de acuerdo.
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