Funcionarios mayores y menores insisten en señalar que no había de otra, que sólo había de dos sopas, optar por el incremento al precio de la gasolina -como se hizo-, o por la cancelación de programas sociales. O aumento de precios de los energéticos y de bienes y servicios que presta el gobierno, o la revocación de programas sociales como Prospera o la liquidación de las becas escolares que se entregan a niños, niñas y adolescentes, la disminución del número de escuelas de tiempo completo, el cese de la rehabilitación de inmuebles escolares o la anulación del programa del seguro popular.
Insisten en señalar que es una disposición justa que afecta sólo a un 15 por ciento de mexicanas y mexicanos propietarios de vehículos automotores, “beneficiando” a quienes carecen de ese medio de transporte. Las declaraciones que justifican el incremento en el precio de las gasolinas rayarían en lo vernáculo si no fuera porque tienen un carácter que insulta a la inteligencia de cualquier simple mortal.
Condolerse y reconocer que la medida agravia a mexicanas y mexicanos causa enojo, molestia y fastidio, pero culpar a otras administraciones y al contexto internacional provoca mofa, deteriora -aún más- a la institución presidencial y permite que los responsable de conducir la política económica de la nación evadan su responsabilidad.
Sin embargo, las justificaciones como la que dicta Nuño llegan tarde. El recorte presupuestal a los programas educativos ya se había consumado mediante la aprobación de la Ley de Egresos de la Federación 2017, sin que el encargado del despacho educativo cuestionara el “subsidio a gasolinas” como ahora lo hace.
Más de una media centena de programas incluidos en los ramos 11 Educación, 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal, 33 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 42 Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, ya habían sido afectados.
Destaca entre ellos la disminución de casi dos mil millones de pesos, un 15.4 por ciento menos al programa nacional de becas así como la reducción por mil millones de pesos de los 11 mil millones que el programa escuelas de tiempo completo ejerciera en 2016 y el recorte de casi 2 140 millones de pesos del presupuesto anterior (7 607 mp) asignado al Programa Reforma Educativa, mediante el que se proponía fortalecer la autonomía de gestión escolar en la que padres y madres de familia intervendrían para decidir el tipo de mejora que requerían las instalaciones en las que sus hijos e hijas asisten a clases.
El Programa de infraestructura física educativa, decreció casi 8 millones de pesos del presupuesto que originalmente la había sido asignado en 2016 (201 870 594), cuestión que le significó una pérdida del 3.9 por ciento, a pesar del anuncio de que se mantendría una inversión por 50 mil millones de pesos para mejora de 33 mil escuelas, si se concretara la bursatilización de bonos de infraestructura física en la bolsa mexicana de valores.
Economista en ciernes, Nuño aplaude la política económica adoptada por quien le da chamba, no podría ser de otra manera. Fustiga a las administraciones pasadas y ensalza a quien, pensaría, tiene las agallas para corregir una “mala política económica que durante muchos años afectó de manera directa a la educación de México” (goo.gl/1uxlQt), señala que con la medida adoptada no se afectará a los programas de educación, pues ya se aplicaron los recortes que incluyeron, entre otros, a programas de inclusión social, de inclusión y equidad educativa, desarrollo profesional docente, fortalecimiento de la calidad educativa, apoyos a la cultura, cultura física y deporte, nacional de inglés, nacional de convivencia escolar, educación temprana y desarrollo infantil, inclusión digital, expansión de la educación media superior y superior, producción y distribución de libros y materiales educativos, políticas de igualdad de género en el sector educativo, desarrollo cultural así como protección y conservación del patrimonio cultural.
No obstante a las declaraciones del encargado del despacho educativo, rectores de instituciones autónomas siguen externando su molestia porque los recortes presupuestales afectan programas sustantivos vinculados a la investigación científica y los rectores de las universidades politécnicas y tecnológicas, se truenan los dedos para incrementar los recursos propios con los que hacer frente a los gastos de operación de las instituciones que dirigen.
La sociedad, empero, no ha caído en el garlito. No se traga el cuento del mal necesario y cuestiona mediante movilizaciones un incremento que afecta a todos por igual, salvo a la clase política nacional y a un sector minoritario, el 1 por ciento de la población que concentra casi el 50 por ciento del ingreso nacional.
El incremento en los precios de la gasolina, luz, gas entre otros servicios de primera necesidad, repercute de manera creciente en los que menos tienen. Considerar que las afectaciones por el aumento alcanzan a tan sólo al 15 por ciento de poseedores de vehículos automotores, equivaldría a ignorar que las alzas de precio de inmediato afectan a quienes carecen de éste medio de transporte y destinan el 50 por ciento del ingreso familiar a este rubro.
Un incremento en el costo de los energéticos y en el peaje de las casetas, repercute de inmediato en un aumento en el precio de las mercancía que se transportan por carretera, disminuyendo los niveles de consumo de productos básicos y de proteínas, afectando como siempre a quienes menos tienen.
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