El gobierno de Mecatlán, Veracruz, obstaculizó el acceso a la justicia a una niña que fue violada, al presionarla para no denunciar, proteger al presunto culpable e impugnar la recomendación de la CDH, por lo que la CNDH hizo otra y urgió reparar el daño.
En la nueva recomendación número 65/2017, dirigida al ayuntamiento que encabeza el alcalde por el Partido del Trabajo (PT), Gerónimo Luis Hernández, se señaló que el domingo 28 de octubre de 2015, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, la menor de edad –indígena totonaca– identificada como “V”, fue víctima de violación sexual y que “elementos de la policía municipal que fueron a apoyarla, la retuvieron y presionaron para que se desistiera de interponer denuncia”.
Al día siguiente, la víctima y su progenitor “R” se presentaron en el ayuntamiento para pedir que los trasladaran a la Fiscalía Especializada de Papantla, pero en la patrulla de la policía también iba el acusado, (a quien habían detenido el día anterior, luego de que se denunció el delito), así como su padre (P1),
A la salida del poblado, se desviaron y adentraron a un campo deportivo en el que se encontraron y los abordó un “licenciado particular” (P2), quien junto con uno de los policías le dijeron a la víctima y su papá “que iban a negociar”.
De acuerdo con el expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elaborado con las declaraciones de la víctima, señaló que el agresor pidió: “no me mandes a Papantla, me van a matar y comenzó a llorar; me ofreció dinero y me dijo que me compraría un solar”.
Sugieren a víctima casarse con agresor
Asimismo, abundó: “Los policías me dijeron: cásate con él, al igual que el licenciado (P2)… quien me insistía en que me casara con el agresor para que éste ya no tuviera más problemas, pero tanto yo como mi padre dijimos que no queríamos dinero ni nada. Me tuvieron en ese lugar como una hora… (hasta que) el chofer de la policía recibió una llamada y al término dijo: ‘vámonos, ya los están esperando en Papantla y si no la llevamos van a venir por ella’”.
Al llegar a la fiscalía de Papantla, como a las 14:30 horas, el agresor y su padre se quedan en el vehículo, no ingresaron a la fiscalía, pero para cuando la víctima y su padre volvieron a su casa, se enteraron que estaba libre en una comunidad vecina.
Por todo esto, La Comisión de los Derechos humanos (CDH) estatal, acreditó y determinó que en el caso existió una “indebida actuación en la integración de una investigación ministerial, omisión en la protección de la víctima e injerencias arbitrarias contra la integridad psíquica de la víctima”, motivo por el cual emitió la recomendación 19/2016 el 10 de agosto de 2016, dirigida al fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz y al ayuntamiento de Mecatlán.
El fiscal aceptó la Recomendación y se encuentra en vías de cumplimiento, pero el gobierno municipal no la aceptó argumentando que “era falto de veracidad”, negando que los policías actuaran de manera negligente; y que en ningún momento “obstaculizó el procedimiento”.
Por ello, el padre de la víctima impugnó ante la CNDH la negativa del presidente municipal a aceptar la recomendación, por lo que el organismo nacional emitió el nuevo documento.
Pide reparar el daño
En él, confirmó lo dicho por la CDH estatal y urgió al ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven, mediante atención médica, psicológica, social e indemnización correspondiente; inscribir a la agraviada y a su padre en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.
También, implementar en favor de ambos las garantías de protección a su seguridad personal, en tanto se materializa y cumple la orden de aprehensión contra el presunto responsable; colaborar con la CNDH en la denuncia penal que realice contra los dos policías municipales y en la queja ante ese ayuntamiento contra el síndico “por las probables responsabilidades administrativas en que incurrió” al ordenar el traslado de la menor a Papantla en compañía de su agresor, así como el padre y el abogado.
Además, capacitar a ambos policías en derechos de las víctimas o personas ofendidas, el respeto a su integridad personal y los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, exhortarlos por escrito y de manera pública e incorporar copias de la recomendación en sus expedientes laborales y personales como constancia de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron.
