Sin aval de la SFA, los 217 ayuntamientos de Puebla podrían contratar deuda mientras la liquiden en un año, siempre y cuando el crédito no sea mayor al 6 por ciento de sus ingresos totales; en tanto, los fiscales no tendrán escoltas a costa del erario.
Así sería aprobado por el Congreso local el viernes, en sesión ordinaria, con la que se cerrará el tercer periodo de sesiones, pues, de acuerdo con el orden del día, se aprobarán, derogarán y adicionarán varias fracciones a la Ley de Deuda Pública del Estado, por iniciativa del gobernador Antonio Gali Fayad, que se prevé pase sin cambios.
La principal modificación radica en que en la fracción X del artículo 2, quedará establecido que ya no será necesario en un dictamen de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en el cual certifique que los ayuntamientos tengan la capacidad financiera para pagar un crédito, cuando este se pueda pagar en un año y el monto no rebase el 6 por ciento de sus ingresos totales.
Actualmente, un decreto del Congreso, con fecha de 13 de marzo del 2014, señala que los municipios podrán contraer deuda sin aval de los diputados cuando el crédito se pueda pagar en un año, pero es obligatorio tener el aval de la SFA.
Esto significa que con la reforma presentada apenas el miércoles por Gali Fayad, los alcaldes ya no necesitarán permiso de la SFA, ya que ésta tarda hasta un mes en emitirse.
Ejemplo de ello es el reciente crédito que contrató el ayuntamiento de Puebla por 800 millones de pesos pagaderos en un año, pero tardó casi tres meses en concretarse (de junio a septiembre) pues la discusión en el Cabildo tardó un mes, el dictamen de la SFA se tomó otro y la licitación uno más.
No debe exceder 6 % de ingresos
Al eliminar el requisito del dictamen, la reforma promovida por el gobernador agrega uno nuevo, que consiste en que el crédito no debe poner en riesgo las finanzas de los municipios, pues no debe ser mayor al 6 por ciento de sus ingresos totales, que se estiman en las leyes de ingresos que los Cabildos aprueban a finales de cada año.
Por otro lado, el viernes también será aprobada, por iniciativa presentada este miércoles por Gali Fayad, la creación del organismo público descentralizado, Instituto Metropolitano de Planeación, que ya había sido anunciado desde la campaña del Ejecutivo el año pasado y ya cuenta con presupuesto asignado.
De acuerdo con la Ley de Egresos estatal del 2018 -aprobada el miércoles- esta instancia, que será supervisada por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) ejercerá 40 millones de pesos el próximo año.
De acuerdo con el proyecto, entre sus atribuciones tendrá: analizar los problemas y necesidades de carácter metropolitano y conurbado, así como proponer alternativas; promover la coordinación de los gobiernos municipales para que participen en la solución de los retos comunes metropolitanos y conurbados.
Promover una planeación metropolitana con visión de corto, mediano y largo plazos; participar en los órganos para el desarrollo integral de las zonas metropolitanas y conurbadas, así como proponer mecanismos de cooperación y coordinación intermunicipal para la consolidación de las zonas metropolitanas y conurbadas.
Atender las políticas en materia de ordenamiento metropolitano establecidas por la Federación; elaborar una agenda de trabajo de coordinación metropolitana, con la participación de los ayuntamientos y promover la homologación de reglamentos y normas entre los municipios de las zonas conurbadas.
Dejan sin escoltas a fiscales
Además, se aprobarán modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), también propuestas por Gali Fayad, pero desde septiembre.
Contrario a las dos propuestas anteriores, esta tuvo notables modificaciones, pues se echó para atrás la propuesta de que el titular de la FGE, Víctor Carrancá Borguet, tenga escoltas con cargo al erario hasta el 2027, cuatro años después de haber dejado el cargo.
El argumento del gobernador era que una forma de corresponder a labor prestada, lo cual también aplicaría a los titulares de las cinco fiscalías especializadas, sin embargo, los diputados desecharon la idea en comisiones.
De igual forma, se eliminó la propuesta de dar la facultad a los agentes ministeriales para utilizar armas de fuego cuando consideraran -a su criterio- que su vida estaba en riesgo.
Únicamente, se avalaron los puntos referentes a manuales de operación, capacitaciones, jurisdicción de mandos y la creación de algunos departamentos.
Todo esto será hecho oficial el viernes al mediodía, cuando sesione el Congreso por última vez este año.
