La construcción del “Gasoducto Tuxpan-Tula” suma tres amparos, de los que dos resultaron a favor de los opositores; el más reciente, en la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, donde la obra está suspendida.
Así lo informó, en entrevista telefónica con este medio, Raymundo Espinoza Hernández, asesor jurídico del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, mismo que se conformó para impedir que se ejecute dicho proyecto.
El litigante explicó que la resolución, otorgada el pasado martes por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es uno de los tres juicios de amparo que se interpusieron por el mismo número de comunidades indígenas de la Sierra Norte, desde septiembre pasado.
En ese tenor, explicó, uno es de Chila de Juárez, en el municipio de Honey, el cual está en proceso, ya que un juez federal negó la suspensión, por lo que interpusieron un recurso en el Tribunal Colegiado.
El segundo caso, detalló, es de la demarcación de Cuautepec en Tlacuilotepec, con el que desde octubre el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla ordenó suspender la consulta pública a los ciudadanos y por ende la construcción del gasoducto.
Mientras que el tercero fue el de San Pablito, siendo esta comunidad una de las que está en el centro de la línea que atraviesa el proyecto, aunque, aclaró, aún no es la sentencia final, ya que estimó que para ello sean unos cuatro o cinco meses más.
“Estos tres casos fueron porque las comunidades se sienten susceptibles a ser afectadas por la obra, en los tres se tiene ya un avance significativo, pero en realidad son cinco amparos, cada uno con objetivos distintos, pero concluyen con el mismo propósito”, pronunció.
En ese tenor, especificó que los otros dos son colectivos, aunque están radicados en Pachuca, Hidalgo; uno promovido por las comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tenango de Doria, y la de San Antonio el Grande, en Huehuetla, de ese estado, en el que acusan a 100 autoridades entre municipales, estatales y federales, de violaciones de procedimiento en los permisos, autorizaciones y licitación del gasoducto.
Hay dos amparos colectivos
Mientras que la segunda fue promovido por las comunidades que no fueron tomadas para el proceso de consulta, por lo que tampoco las consideraron como demarcaciones indígenas, a pesar de que en la manifestación de impacto ambiental sí las ponen, por lo que buscan que se les reconozca como tal y que sí se verían afectadas, así como entren al proceso de consulta.
Aunado a esto, anunció que en los próximos días se van a presentar otras cuatro demandas de amparo, dos para comunidades de Hidalgo, una para la de Montellano en Pahuatlán y otra en la que se integrarán a cinco demarcaciones de este último municipio.
Y es que en total indicó, el proyecto atraviesa 479 comunidades de los estados de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla, siendo en los dos primeros donde ya se construyó, por lo que sólo falta en algunos de la entidad poblana y en los límites con Hidalgo, que son alrededor de 100 kilómetros de obra.
Recordó que tiene alrededor de 2 años en que los habitantes de esas zonas se dieron cuenta del proyecto, pero fue hasta enero pasado cuando iniciaron con el proceso para integrar los expedientes y posteriormente presentarlos en septiembre.
Detalló que entre las principales puntos en los amparos están la cancelación del proyecto, o en su caso la modificación del trazo original del gasoducto; que se permita la participación de las comunidades en la definición de las acciones que adoptan las autoridades y la empresa para medidas de seguridad, así como la mitigación del daño.
Este último, porque afirmó, los habitantes tienen preocupación por las afectaciones y riesgos que implica la operación del gasoducto, ya que sería por los próximos 30 años y los tubos estarían a una distancia de entre 20 y mil metros de las viviendas.
Pero lo más grave, dijo, es el desplazamiento que se dará en las comunidades, ya que en el trayecto que tiene el gasoducto hay decenas de familias que tendrán que moverse, pues el tubo mide un metro de diámetro, pero requiere de 50 metros de cada lado para que pueda operarse.
Aunado a esto, agregó, están las afectaciones ambientales que se generarán, ya que una de ellas sería en el bosque mesófilo de montaña que hay en esa región y que sólo se tiene el 1 por ciento en todo el país; así como los manantiales de agua se verían afectados por el paso del gas, la biodiversidad y las enfermedades que pudieran presentarse.
Comunidades de 4 municipios no presentaron
En total, comentó, son 11 las comunidades de pueblos originarios totonacas, otomíes y náhuatl que se estarían viendo afectadas en la construcción del gasoducto Chila de Juárez en Honey; Zoyatla de Guerrero, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cruz Santa, Cuauneutla de la Paz, Xochimilco, Zacapehuaya, Paciotla y San Pablito, en Pahuatlán; Cuautepec en Tlacuilotepec, pero sólo tres son los que han presentado amparos.
Espinoza Hernández mencionó que además de estas demarcaciones, hay otros cuatro municipios por donde pasa el gasoducto, que son Francisco Z Mena, Jalpan, Venustiano Carranza y Pantepec, pero no hay oposición o en su caso ya se construyó.
Esto, comentó, ha frenado la conclusión del gasoducto que está a cargo de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la firma Transcanada, ya que de acuerdo con lo establecido tiene la obligación de entregar la obra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 31 de diciembre de este año para que empiece a operar a partir de enero.
Es necesario precisar que el proyecto fue anunciado desde octubre de 2015 como parte del Plan Quinquenal de Gasoductos en el que se estableció que el proyecto Tuxpan-Tula costaría 400 millones de dólares y será de 263 kilómetros, con lo que se aumentaría la red en el país en 84 por ciento.
En ese entonces, se señaló que dicho proyecto tiene como objetivo transportar gas natural proveniente del sur de Texas para suministrar a las centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.
El gasoducto contempla el diseño, desarrollo, construcción y operación de un ducto de transporte de 36 pulgadas de diámetro para una capacidad de 886Mpc/d (25Mm3/d), con el que se pretende transportar gas natural desde el sur de Texan, en Estados Unidos.
