El Congreso local avaló pedir al gobierno federal que declare Zona Económica Especial (ZEE) las 460 hectáreas del polígono Audi, excluyendo de los beneficios a los municipios aledaños; en tanto, dio entrada a la nueva regulación de transporte ejecutivo.
Con 37 votos a favor y una abstención del diputado sin partido Julián Peña Hidalgo, se aprobó este miércoles enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la carta de intención para solicitar la declaratoria con la que se obtendrían recursos federales para desarrollar el área que ocupa la armadora alemana y la Ciudad Modelo.
El polígono abarca 460 hectáreas de cinco municipios, a los que se excluyó de los beneficios que lleguen con el nombramiento, pues la petición involucra solo el área industrial.
El diputado priista Francisco Jiménez Merino, integrante de la Mesa Directiva, dio lectura a la carta antes de su aprobación.
Dio a conocer que con el oficio SGG/176/2017, firmado por Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno (SGG), por acuerdo del titular del poder Ejecutivo del estado, Antonio Gali Fayad, se remitió al Congreso el proyecto para pedirle que lo avalara.
En el documento, se expresa como objetivo que una vez que se apruebe, se envíe a la SHCP, dependencia a la que se pide que de acuerdo con los artículos 9 fracción III de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y 44 del reglamento de la misma ley, “proceda en ejercicio de sus facultades” para declarar como ZEE el área de Audi.
No menciona ayuntamientos
Durante la lectura no se pidió que se incluya como beneficiarios de la declaratoria a los ayuntamientos de San José Chiapa, José Lara Grajales, Nopalucan, Mazapiltepec y Soltepec, estos dos últimos, opositores a la industria porque ha acaparado servicios y recursos naturales, como el agua.
De acuerdo con la ley federal, las ZEE tienen por objetivo agrupar municipios con alta marginación para generar empleos con la llegada de empresas, sin embargo, en la petición no se hizo mención de los Comunas, sino de la armadora.
Aún así, sin que ningún diputado hiciera uso de la palabra, fue aprobada la carta de intención, a fin de que a la brevedad se reciba una respuesta por parte de la SHCP.
En tanto, también se dio entrada a la iniciativa presentada por la SGG, a nombre de Gali Fayad, en la que busca reformar, adicionar y derogar diversos párrafos a la Ley Estatal de Transporte para endurecer las reglas de operación a las empresas de transporte ejecutivo, es decir, que funcionan mediante plataformas móviles, como Uber y Cabify.
Alistan regulación de Uber
Con ésta se busca obligar a los choferes a tramitar una licencia del transporte público mercantil, como cualquier taxista, así como actualizar su carta de antecedentes no penales cada medo año, tras los hechos delictivos en los que se han visto envueltos choferes de estas compañías.
Las empresas estarán obligadas a compartir con las autoridades el padrón de sus conductores cada mes, así como capacitarlos en materia de equidad de género y cultura de respeto.
De igual forma, tendrá que aplicarles exámenes toxicológicos y psicométricos, de los cuales deberá compartir con las autoridades los resultados.
Otra medida es prohibir que hagan base, suban pasaje en la calle sin que se haya hecho el pedido a través de la aplicación y que cobren en efectivo, pues el pago electrónico es el único que se les permitió.
Sobre este último punto, la diputad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, pidió la palabra para presentar un punto de acuerdo en el que promueve que se permita el cobro en efectivo, pues señaló que eso impide hacer uso de este servicio a los usuarios que no cuentan con tarjeta de crédito o débito.
Expresó que este punto no debe aplicarse a fin de que haya las mismas condiciones para competir entre el transporte ejecutivo y el servicio de taxis tradicional y sean los usuarios quienes tengan la decisión de qué servicio ocupar.
Su punto de acuerdo, al igual que la iniciativa de Gali Fayad, fueron turnados a la Comisión de Movilidad y Transportes, que los analizará, modificará y, en su caso, aprobará.