Desastre en Nochixtlán
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el 22 de junio del año pasado se publicó en este espacio la narrativa de Nochixtlán, que describía la torpeza con la que la Policía Federal trató de disolver un bloqueo carretero en protesta por la reforma educativa, y abría con una pregunta: ¿Qué sucedió el domingo 19 de junio cuando murieron al menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron? Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, se apuntó, y lo que estaba informando el gobierno federal en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán “sin ningún tipo de incidente”, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos. En aquél entonces, Galindo replicó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. 16 meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal.
El operativo en Nochixtlán, establece la recomendación de la CNDH dada a conocer el miércoles, en el que hubo uso excesivo y letal de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados –algunos de los cuales aún no se curan–, fue consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades. Fue un ejemplo, señaló, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán, como Tanhuato y la forma como armaron desde el gobierno federal, con la Policía Federal como su brazo operativo, a los grupos paramilitares en Michoacán, son tres de los botones de muestra del mal trabajo policial en la administración peñista, donde se encargó a incompetentes la seguridad del país. Los altos índices de violencia nacional prueban lo que la soberbia oficial niega: el fracaso de su estrategia.
En Nochixtlán, el 19 de junio de 2016 las cosas comenzaron temprano. Como se apuntó el 22 de junio aquí, el operativo, según explicó el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, comenzó a las 10 de la mañana. Galindo precisó que desde las siete de la mañana habían solicitado que levantaran el bloqueo en Nochixtlán, que conecta a Puebla con Oaxaca y el sur del país, que había estado bloqueada durante una semana. El desalojo duró media hora. “Después de las 10 y media cambió el escenario”, dijo Galindo. “Vivimos una emboscada. Llegaron grupos con armas y bombas molotov”.
En este punto empezaron sus contradicciones y la versión oficial se debilitó. A esa hora, en voz del excomisionado, comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, con lo cual el escenario del desalojo cambió en forma “radical”. Según dijo, se solicitó apoyo aéreo, y cuando llegaron los helicópteros, a una hora que no precisó, fueron recibidos a balazos. No informó a qué iban los helicópteros, y si respondieron o no el fuego. A las 11 y media de la mañana, dijo, llegó un grupo adicional de la Policía Federal con armas. Ese domingo por la tarde, la Comisión Nacional de Seguridad, afirmó: “Los elementos de la Policía Federal que participan en el operativo no se encuentran armados ni portan tolete”. Era otra mentira. La primera fotografía de federales armados la tomó Jorge Arturo Pérez, de la agencia Cuartoscuro, cuyas imágenes tienen grabada la hora automáticamente de la cámara, entre las 10:15 y las 10:30. Es decir, antes de que la Policía Federal descubriera hombres armados entre los maestros. Pérez, además, dijo no haber visto a nadie armado que no fuera agente federal.
La narrativa de Nochixtlán siguió desvaneciéndose. Galindo declaró en una radio que se había recuperado la circulación sin ningún problema (entre 10 y 10:30), pero cuando se dieron los primeros disparos, hubo “un cambio dramático de escenario”. Lo que se dio “fue una especie de emboscada”, dijo. Minutos después, añadió en otra entrevista de radio, hasta dos mil personas rodearon a los federales y a los policías estatales. Nadie lo cuestionó, pero lo que aseguraba era un disparate.
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Meade sin obstáculos priistas
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que solo cuentan sus borregos. Florestán
El miércoles, en la mesa matutina de Carlos Loret, en Televisa, se discutió el tema de los reglamentos del PRI y la necesidad de cambiarlos para que un perfil como el de José Antonio Meade pudiera ser su candidato presidencial y uno de los tertulianos comentó que esa sería la señal definitiva para el secretario de Hacienda.
De acuerdo con Enrique Ochoa Reza, presidente de su partido, a partir de las reformas aprobadas en la 22 Asamblea Nacional el pasado 12 de agosto, se modificaron los estatutos para eliminar el candado de la militancia de 10 años para permitir las candidaturas de los no priistas y se establecieron dos vías para ser candidato, el presidencial incluido, militante y simpatizante.
Y en consecuencia, todo reglamento, que está por debajo del estatuto, éste es como su constitución interna, que diga lo contrario o establezca requisitos adicionales, como el de ser militante, queda anulado porque deben ajustarse a la reforma de la asamblea, a los nuevos estatutos aprobados aquel 12 de agosto.
De hecho, el PRI, vía su consejo político nacional, ya ha realizado varios ajustes a sus reglamentos, como lo deberán hacer todos los consejos políticos estatales, que por ley están obligados a ello, aunque todo lo que pudiera estar en sus reglamentos contra lo establecido en los nuevos estatutos, la no militancia, por ejemplo, para ser candidato, queda sin vigor pero lo modificarán para evitar una posible contradicción que legalmente ya no existe, la idea es ajustar los reglamentos a lo que señalan esos nuevos estatutos sobre la candidatura de simpatizantes, pero es solo una formalidad. Ya está aprobado y en vigor.
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Eruviel y Narro: ¿dupla ganadora?
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que ¿Por qué llegó Eruviel Ávila al PRI capitalino? ¿Cuál será su tarea?
Las anteriores fueron las preguntas recurrentes luego de que el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa, anunció que el ex gobernador mexiquense se encargaría del timón del PRI en CdMx.
Y no, no se trata de interrogantes ociosas o de meras ocurrencias. ¿Por qué?
Porque todos saben, en la clase política, que el PRI de la capital del país está en calidad de enfermo terminal. Es decir, que luego de más de dos décadas de gobiernos del PRD, el viejo partido tricolor de CdMx está al borde de la muerte.
Por esa razón, los estrategas del PRI y de la casa presidencial diseñaron una respuesta urgente de “reconstrucción” del viejo partido en Ciudad de México y también por eso encomendaron el timón de la nueva empresa —verdadera tarea titánica—, a uno de los más eficientes estrategas de la nueva generación del PRI.
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El candidato ideal a fiscal general
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que ríos de tinta y miles de bytes se ha gastado desde hace un mes, en diversos medios y sectores, señalando el nombre del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío como el candidato ideal a ocupar la Fiscalía General. La propuesta ha ido sumando adeptos, ante la destacada trayectoria de don José Ramón. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no se ha tomado en cuenta, un detalle quizá menor, pero muy importante. Nadie nunca le ha preguntado si le interesa. Nos dicen que si lo hubieran hecho sabrían que ni le interesa dejar de ser ministro, ni brincar a otro cargo cuando termine su periodo el 30 de noviembre de 2018. Además, otro pequeño detalle, que la Constitución no permite que los ministros en activo renuncien para asumir otro puesto, ni ejercer durante los dos años posteriores al término de su encomienda. Así que el ministro es el candidato ideal, pero no el idóneo.
El invitado del Presidente
El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un invitado muy particular en la gira que realizó ayer por Oaxaca. Durante varias horas tuvo a su lado al empresario Carlos Slim. Primero a bordo del avión presidencial y luego durante un recorrido por el municipio de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, el presidente Peña Nieto hizo un reconocimiento público al ingeniero Slim y destacó que su fundación multiplicó por cinco las donaciones que recibió para la reconstrucción. ¿Tantas horas juntos y sólo habrán hablado del terremoto… o también del 2018? Lo cierto es que la camaradería entre ambos personajes fue evidente.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Antonio Meade, terminó haciéndole la “chamba” a la Cámara de Diputados con los ajustes a la Ley de Ingresos para aumentar 43 mil millones de pesos a la recaudación esperada para 2018 y con ello financiar el fondo de reconstrucción, planteado por el Presidente.
Resulta que el legislador lopezobradorista Vidal Llerenas revisó los detalles de los archivos electrónicos correspondientes al dictamen y a la adenda a discusión, hasta encontrar la huella de los autores: María Fernanda Suárez Caneda y José Miguel Chávez Díaz, respectivos subdirectores de Legislación y Consulta Fiscal y de Estudios de Reglas Generales en Impuestos Directos en la dependencia responsable de las Finanzas Públicas.
Que hablando del titular de Hacienda, Meade tuvo ayer buena respuesta a su convocatoria en el Club de Industriales, adonde invitó a desayunar a líderes empresariales como Miguel Alemán padre e hijo, Antonio del Valle, Valentín Díez Morodo, José Carral, Luis Robles Miaja y Bernardo Quintana, entre otros.
Y como había inquietudes a solventar, hasta lista de espera hubo para la sesión de preguntas y respuestas.
Que en las listas de candidatos a la Fiscalía General de la Nación que han estado elaborando los senadores e integrantes de la sociedad civil surgió el nombre del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán, por su reconocido prestigio y experiencia como juzgador, entre otros temas en materia penal.
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