2018, Meade
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que los rituales regresaron por la puerta grande del Palacio de los Deportes al cierre de la 22 Asamblea Nacional del PRI. Sin lastres para el presidente Enrique Peña Nieto, para que decida con quién buscará mantener Los Pinos, la cargada corporativista con las pancartas de organizaciones y sindicatos, y la clientelar con delegados levantamanos, llenó un escenario que mostró otro tipo de bufalada, la de los tecnócratas, que, discretamente el sábado, se formaron detrás de la persona para la que parece haber sido confeccionado un traje a la medida con la eliminación de los candados para la candidatura presidencial en 2018, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Invitado a la conclusión del cónclave, captó la atención y el imaginario de que él puede ser el gran ‘delfín’ de Peña Nieto. ¿Será tan obvia la decisión?
Peña Nieto tiene a tres personas que pueden continuar su proyecto transexenal de reformas económicas. Uno es Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue el gran operador político de ese pacto, y Meade, quien está a cargo de la primera parte de la consolidación de las reformas económicas. Pero Videgaray está fuera de la sucesión, cuando menos en este momento, por decisión propia y porque su casa de Malinalco, cuya propiedad nunca explicó con transparencia, es como tener una Magnum 357 permanentemente en la cabeza. Otro es Aurelio Nuño, secretario de Educación, que fue uno de los negociadores del Pacto por México, la placenta de las reformas. Nuño tiene enorme cercanía con Peña Nieto, lo que ha sido, hasta en el Estado de México, tóxico para los candidatos priistas. No obstante, incluso más que Videgaray hoy en día, tiene la total confianza del presidente. Él puede ser el elegido por Peña Nieto, pero dentro del juego de símbolos hay algo de lo que carece, que ya tiene Meade en este incierto momento para los aspirantes: instrucciones presidenciales específicas.
De acuerdo con información en el entorno del secretario de Hacienda, Peña Nieto le indicó no moverse ni buscar grupos que lo apoyen, mantener la calma y ejecutar las acciones directas y prioritarias que le pida. Lo primero, con suma urgencia, fue restablecer la relación con los gobernadores, que se encuentra rota hace bastante tiempo. Los gobernadores son parte esencial de la ecuación sucesoria. Durante la primera parte de la administración peñista, los principales gobernadores afectados por el maltrato político y presupuestal fueron los priistas; adicionalmente han sido algunos de ellos, que se comprometieron con el proyecto de Peña Nieto para llegar a la presidencia, los que están pagando el costo de la corrupción sexenal. Sin el respaldo de los gobernadores no habría ni posibilidades de ser competitivo en 2018.
Meade hizo caso rápidamente al presidente, y realizó también ajustes estratégicos en el equipo hacendario, que pasaron desapercibidos por la mayoría. Trasladó a Emilio Suárez Licona, de la dirección de la Unidad de Banca de Desarrollo en Hacienda –a donde llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde trabajó con Meade–, a la Coordinación de Entidades Federativas. En su lugar entró Mario Govea, quien era director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento. También promovió a Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control de Hacienda –y que trabajó con Meade en las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda–, a la Dirección General de Auditoría del SAT. Estas áreas son las que atienden directamente a los estados, tanto en los apoyos presupuestales como en algo que hoy es más importante: revisar sus cuentas, detectar las irregularidades, anomalías y, de ser necesario, trabajar con los gobernadores para ver cómo pueden ayudarlos a resolver hoyos financieros en sus cuentas, que pueden significar, como se ha visto últimamente, procesos penales en su contra.
No ha sido lo único que ha construido Meade para su futuro. A diferencia de lo que no pudo hacer Videgaray, porque el presidente no lo permitió, Meade sí nombró a todos los directores de la Banca de Desarrollo, colocando en esos cargos a personas muy cercanas a él. A Virgilio Andrade, a quien le dio su primer trabajo en el servicio público, lo nombró en Bansefi. Llevó a Francisco González al Banco Nacional de Comercio Exterior. A Mario Zamora, a quien le dio trabajo en Financiera Rural por recomendación de su tío, Francisco Labastida, lo nombró en la Financiera Nacional de Desarrollo, y la semana pasada fue el coordinador de la mesa de Estatutos, que eliminó los candados para la candidatura presidencial.
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¡Claro que se limita la libertad de expresión!
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que si de por sí la ley electoral es absurda, los encargados de aplicarla exponencian la estupidez. Desde la reforma de 2007, y luego la de 2014, se ha sobrerregulado la actividad electoral estableciendo reglas antinaturales para la política. Una de ellas tiene que ver con los actos anticipados de campaña. Supuestamente todos los aspirantes a un puesto de elección popular deben quedarse quietos y callados hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé el banderazo de salida de las campañas. Sí, como no. Ya parece que los políticos pueden quedarse cruzados de brazos esperando tranquilamente.
Desde luego que no lo hacen. A partir de las reformas, los aspirantes han buscado la manera de darle la vuelta a la ley. Unos, como López Obrador y Ricardo Anaya, se hicieron presidentes de sus partidos apropiándose de los spots de radio y televisión a los que gratuitamente tienen derecho para promocionarse. Otros, como Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, han publicado sendos libros que nadie lee, pero que se promocionan más que los de Harry Potter. Los priistas que están en el gobierno de Peña aprovechan esta plataforma para hacer sus pininos. El hecho es que, muy a la mexicana, unos más eficazmente que otros, todos buscan darle la vuelta a una ley estúpida que pretende que los políticos no se comporten como… políticos.
Pero el asunto va más allá. Las regulaciones de actos anticipados de campaña contravienen el derecho a la libertad de expresión. Se trata de una intromisión del Estado en contra de ciudadanos que tienen la legítima aspiración de gobernarnos. Si uno quiere adelantarse y decir que quiere ser Presidente tres o cuatro años antes de la elección, ¿cuál es el problema?
Los defensores de la estupidez regulatoria dicen que es para que haya equidad en las contiendas. Suena bien, pero yo no me trago ese cuento. Que cada político diga lo que se le venga en gana a la hora que se le pegue la gana, con una sola restricción: no usar recursos públicos para tal propósito. Yo no quiero que se utilicen mis impuestos para que un precandidato se promocione. Estoy consciente de que esta discusión no es tan clara, que hay muchos matices que merecen ser discutidos. Por ejemplo, si el dinero de los partidos debe considerarse como público o no. Pero no me desvío. El hecho es que tenemos una ley que pretende censurar a los ciudadanos que quieren gobernarnos. Calladitos se ven más bonitos.
O medio calladitos porque, como ya mencioné, todos buscan la manera de darle la vuelta. Y ahí entran nuestras insignes autoridades electorales que se vuelven más papistas que el Papa.
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Dos presidentes por una Presidencia
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que corren tras un proyecto que al final destruyen. Florestán
Una de las peculiaridades del proceso electoral que ya inició es que por primera vez los presidentes de dos partidos políticos, Andrés Manuel López Obrador de Morena y Ricardo Anaya del PAN, están buscando la candidatura presidencial, de lo que no hay un referente.
Lo más cercano fue con Roberto Madrazo que desde la presidencia del PRI, que asaltó en febrero de 2002 con el apoyo determinante y amañado de José Murat, entonces gobernador de Oaxaca, con un presidente de la República panista, Vicente Fox, y eliminando a los demás aspirantes, en particular de Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México del que reveló su lista de propiedades, se alzó con la candidatura de su partido, a cuya dirigencia renunció el 31 de agosto de 2005 para competir en las elecciones de 2006 ante el panista Felipe Calderón, que ganó con 35.91 por ciento de los votos, una diferencia de apenas 56 centésimas, sobre Andrés Manuel López Obrador y mandando a Madrazo, por primera vez en la historia del PRI, a una tercera fuerza electoral con apenas 22.26 por ciento de los votos, equivalentes a 9 millones 301 mil 441, contra los 15 millones 284 de Calderón.
Hoy son dos los presidentes de partidos que la quieren: López Obrador, candidato indiscutido de Morena, que la tiene desde que fundó su partido, y Ricardo Anaya, que la pelea con Margarita Zavala.
Y no es ilegal, por supuesto, que un dirigente partidista busque la candidatura presidencial, pero es inequitativo por el uso indiscriminado de cientos de miles de spots que el INE da a los partidos y ellos han utilizado en su promoción personal, más los presupuestos, la estructura y el aparato, dejando en un terreno de indefensión, en una cancha dispareja, a los demás contendientes de su partido, como ha sucedido.
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Lozoya: periodistas de confesionario
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que cuando Miguel Osorio pidió “tener fe en la PGR” sobre el caso Duarte, tanto la prensa militante, las redes, como la prensa en general, propinaron una paliza al titular de Gobernación.
¿Por qué? Porque le explicaron, con razón, que la impartición de la justicia “no es un acto de fe”, sino de eficacia.
Y resulta curioso que esa misma prensa militante, las mismas redes y muchos de la prensa en general olvidaron no solo que la justicia no es un acto de fe, sino que el periodismo tampoco.
¿Por qué? Porque muchos de los mismos periodistas que apalearon a Miguel Osorio hoy prácticamente se encomiendan al cielo para que se haga realidad el más reciente acto de fe mediática: la entrega de sobornos a Emilio Lozoya.
Y es que podrán decir que “del reputado diario” O’Globo “le creen” a tal o cual periodista y que “creen que Lozoya es el diablo”, pero lo cierto es que para acusar tienen que probar y nadie ha probado nada sobre las presuntas corruptelas de Lozoya. Todo es especulación, difamación, actos de fe.
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¿Narcos o policías amenazan a De Mauleón?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que por enésima ocasión y desde redes sociales, manos anónimas lanzaron este miércoles amenazas de muerte contra Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL. Y regresaron de manera despiadada, con un video que muestra una mano empuñando un revólver que escupe su carga contra una fotografía del escritor. Es sintomático que los amagos vuelvan ahora que De Mauleón se reincorpora a su tarea periodística en nuestras páginas, después de unos días de descanso. Pero el dato inquietante, nos hacen ver, es que existe la sospecha de que elementos de corporaciones policiacas de la CDMX pueden estar asociados a los intereses de narcomenudistas, denunciados por el periodista en su columna de esta casa editorial. Por ejemplo, nos comentan, el más reciente video fue grabado en un stand de tiro al que acuden policías para sus prácticas. ¿Narcos o policías están detrás de las intimidaciones?
Los candados del PRI aún no están abiertos
Si bien la XXII Asamblea Nacional del PRI concluyó el sábado pasado con la aprobación de sus documentos internos, que incluyen la apertura de los llamados “candados” para que simpatizantes no militantes del partido puedan acceder a todas las candidaturas durante la elección de 2018, hay priístas que tienen la gran incógnita: en qué momento la dirigencia que encabeza Enrique Ochoa enviará al Instituto Nacional Electoral los documentos para su aprobación. El partido tiene 10 días para mandarlos al INE y el órgano electoral 30 días para darles o no el visto bueno. Lo que cuestionan algunos priístas es si todo esto ocurrirá antes del 8 de septiembre, fecha en que arranca el proceso electoral de 2018, pues para que las modificaciones estatutarias sean válidas deben estar aprobadas y publicadas. Así, los candados aún no están oficialmente abiertos.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el rector Enrique Graue le puso sinceridad a su participación en la ceremonia de apertura de cursos en la UNAM, con la bienvenida a más de 83 mil estudiantes de nuevo ingreso, al reconocer el error en el examen de admisión, tema ya resuelto, y la existencia de narcomenudeo en el campus.
Por eso llamó a los jóvenes a no comprar droga y a no caer en adicciones, e invitó a toda su comunidad a construir un espacio más seguro y disfrutable.
Que empresarios capitalinos se han reunido con el secretario del Trabajo capitalino, Salomón Chertorivski, para darle su apoyo en vísperas de que el
PRD defina sus precandidaturas a la Jefatura de Gobierno, pues ha sido protagonista en los temas del salario mínimo y el reordenamiento del comercio ambulante.
Por lo pronto, el diputado Jesús Zambrano dice que la invitación del delegado Ricardo Monreal de ir juntos Morena y el PRD “es una vacilada”.
Que el presidente Enrique Peña Nieto enfrentó ayer en Sonora un calor de más de 36 grados centígrados durante la gira por ese estado para hacer las primeras pruebas de operación en la Central de Ciclo Combinado, en el municipio de Empalme.
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