La ciudad de Chicago demandará este lunes al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, al cual acusó de condicionarle la entrega de recursos federales para seguridad pública a que modifique su estatus como “santuario” para inmigrantes.
Así lo anunció este domingo el alcalde de la urbe estadounidense, Rahm Emanuel, a través de un comunicado, donde denunció que dicha dependencia del gobierno de Donald Trump realiza un “esfuerzo ilegal” para hacer que las “ciudades acogedoras no sean elegibles para obtener el subsidio federal Byrne para seguridad pública”.
“Chicago no permitirá que se aíslen y violen los derechos fundamentales de nuestros residentes. Nunca renunciará a nuestra condición de ciudad acogedora“, aseveró el mandatario demócrata a través de su cuenta de Twitter.
Para la Subvenciones Conmemorativas Edward Byrne, otorgadas por el DOJ, la administración de Trump solicitó 380 millones de dólares para 2018, pero Jeff Sessions, titular del departamento, advirtió que impedirá que las ciudades los reciban si no dan, entre otras facilidades, acceso ilimitado a cárceles locales y aviso de 48 horas previas a la liberación de inmigrantes detenidos.
Espera recibir más de 3.2 mdd para seguridad
De acuerdo con Emanuel, dichos recursos se emplean para “gran variedad” de servicios de seguridad pública, “como compra de equipo SWAT, vehículos policiales, radios y pistolas inmovilizadoras”, e indicó que la ciudad espera recibir 3.2 millones de dólares para este rubro.
Explicó que Chicago promueve la seguridad asegurándose que ningún residente, sin importar sus estatus migratorio, se niegue, por miedo, a cooperar con las fuerzas de la ley, reportar actividades delincuenciales, servir como testigos o pedir ayuda si fueron víctimas de un crimen.
Asimismo, señaló que dicha demanda impediría que el gobierno de presidente republicano siente un precedente para ir en contra de otras ciudades santuario.
En este sentido, cabe señalar que, además de la llamada Ciudad de los Vientos, urbes como Nueva York y Los Ángeles se han negado a utilizar recursos propios para poner en vigor las leyes antiinmigrante firmadas por Trump.
Fuentes: El Financiero
